Clavijo 'fiscaliza' los anuncios de Sánchez sobre vivienda y su aplicación en Canarias

CC no quiere quedarse fuera de juego en relación con la ofensiva del Gobierno central sobre política de vivienda y los diversos anuncios realizados por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para la construcción de hasta 113.000 viviendas en los próximos años en diversos paquetes de medidas. La evidencia de que el Ejecutivo estatal ha planteado la crisis inmobiliaria en España como elemento central de la inminente campaña electoral para los comicios autonómicos, locales e insulares del 28 de mayo ha llevado a la formación nacionalista a un seguimiento y fiscalización de las ofertas que se se han puesto sobre la mesa, exigiendo explicaciones sobre cómo se llevarán a cabo y, sobre todo, de qué forma se va a beneficiar Canarias.

Los nacionalistas canarios no esconden su escepticismo sobre esos anuncios de Sánchez, que consideran claramente electoralistas, y buscan separar el grano de la paja de todas las medidas propuestas, y en todo caso comprometer al líder socialista sobre su aplicación en el Archipiélago. Sólo de esta forma se podrán sacar conclusiones sobre el verdadero calado práctico por un lado del proyecto de Ley de Vivienda que este jueves se vota en el Congreso, y sobre todo del alcance real de las propuesta para hacer frente a la falta de vivienda en todo el Estado y facilitar el acceso a la misma de los sectores más necesitados, bien a través de alquileres baratos, bien mediante la adquisición de pisos económicamente asequibles.

Es en este marco en el que hay que analizar la iniciativa emprendida por el senador de CC, principal dirigente de esta formación política y candidato a la presidencia de Canarias el 28-M, Fernando Clavijo, para que el Gobierno estatal haga una mínima planificación de sus propuestas y no queden en una nebulosa e inconcreta medida electoralista. El último de los anuncios de Sánchez se produjo el martes durante su comparecencia en el Senado, donde avanzó la construcción de 20.000 nuevas viviendas públicas en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa, a través de Sepes, la Sociedad Pública Empresarial del Suelo, que se suman a los 50.000 inmuebles para alquiler barato provenientes de la Sareb, el llamado banco malo, y la promoción de otros 43.000 de nueva construcción o rehabilitados.

Para llevar a cabo esa fiscalización de las promesas del Ejecutivo, Clavijo ha presentado una serie de preguntas escritas sobre cuestiones técnicas y operativas de las mismas y su aplicación en las Islas, así como sendas peticiones de comparecencias de las ministras de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y de Defensa, Margarita Robles, en este caso para que expliquen los pormenores de la cesión de terrenos del Ejército para las construcción de nuevos pisos. “Queremos que aclare cómo lo va a hacer. Asombra que a una semana de empezar la campaña electoral haga este anuncio, que nos parece perfecto, pero no puede ser que, después de cinco años diciendo que van a hacer vivienda y no ha hecho nada, ahora se descuelga aquí con esos anuncios sin ningún tipo de explicación de como, cuando y cómo se va a hacer”, señala el dirigente de CC.

"Después de cinco años diciendo que van a hacer vivienda y no ha hecho nada, ahora se descuelgan aquí con esos anuncios sin ningún tipo de explicación"

En relación con la promesa avanzada por Sánchez el martes, Clavijo pregunta qué terrenos prevé enajenar el Ministerio de Defensa en Canarias, desglosando los datos por islas y municipios, y cuándo se prevé llevar a cabo dicha enajenación, especificando plazos concretos y número de beneficiarios en las Islas. “En Canarias hay mucho suelo militar, por ejemplo en el La Laguna donde yo fui concejal de Urbanismo y tratamos de recuperar suelo del Ministerio para la ciudad”, señala el senador. Asegura que Defensa “tiene una dirección general de Patrimonio que es una especie de ‘inmobiliaria del Ejército’ y es reacio a ceder esos terrenos”, insistiendo en la dificultad legal de llevar a cabo ese reconversión de terrenos que fueron expropiados por el Estado en su día porque eran de interés general para la defensa nacional, en urbanizable para la construcción de viviendas. “Si ahora le cambias el uso estás abriendo una puerta a que todos esos herederos de propietarios exijan compensación o que se les devuelva el suelo porque se ha cambiado el destino”, afirma Clavijo. “Quien tenga unos mínimos conocimientos urbanísticos lo sabe”, alega.

‘Okupadas’ o inacabadas

En relación con los 50.000 pisos en manos de la Sareb que el Gobierno central quiere destinar a alquiler asequible, el senador también pregunta sobre el número de ellos de que se dispondrá en Canarias, desglosando los datos por islas y municipios, y especificando los plazos en los que se prevé llevar a cabo. Los datos oficiales cifran en 831 las propiedades de la Sareb en Canarias -unas 300 vivienda- que en su momento quedaron en manos del llamado banco malo con el que el anterior Gobierno del PP adquirió los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos rescatados tras la crisis financiera de 2008. Según Clavijo, en realidad en Canarias “esas viviendas mayoritariamente están inacabadas, son meros esqueletos que tienen que convertirse en vivienda utilizable” porque “las que estaban acabadas están con okupas y el resto están adjudicadas en suelo pero no se han hecho porque son zonas sin demanda”. “La Sareb no va a resolver el problema de vivienda que hay en Canarias. La propia ministra ha dicho que no hay 50.000 a disposición, sino 10.000”, asegura el dirigente nacionalista.

Otra de las preguntas que Clavijo traslada al Gobierno es sobre el número de viviendas públicas, de las 43.000 que se financiarán con créditos ICO, que se prevé llevar a cabo en Canarias. Asimismo pide información sobre cuántas viviendas ha proyectado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través del plan de Vivienda para el Alquiler Asequible, para el Archipiélago, desglosando los datos por islas y municipios, y especificando los plazos en los que se prevé llevar a cabo, y también sobre cuáles son las negociaciones que ha mantenido el Ministerio de Transportes con el Gobierno de Canarias para la planificación de todas las modalidades de viviendas que ha anunciado el jefe del Ejecutivo.

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