Desbloqueada la remodelación del Oliva Beach de RIU en Fuerteventura

Han transcurrido más de cinco años y medio (7 de diciembre de 2017) desde que la compañía hotelera RIU solicitó licencia a la Administración central para la renovación del hotel y los apartamentos Oliva Beach, situados en el municipio de La Oliva (Fuerteventura). Ayer la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias dio luz verde a las obras proyectadas, lo que implica que los 400 empleados con contrato en vigor conservarán sus puestos.

Fuentes cercanas a la empresa señalaron que se trata de una remodelación «profunda» que durará un año y medio. Las obras emplearán a un millar de trabajadores y la previsión es que la plantilla del Oliva Beach crezca cuando finalicen. La licencia de obra ya está pedida en el Ayuntamiento de La Oliva, último trámite antes de poder iniciar los trabajos.

Canarias irá al Constitucional si el Estado no le traspasa los expedientes de los hoteles de Riu

Es la primera gran decisión que adopta un Gobierno de Canarias en materia de Costas tras el traspaso, el primer día de este año, de las competencias en virtud del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma aprobado en 2018. Aunque la potestad pasara a manos isleñas, los expedientes del Oliva Beach y del hotel Tres Islas –nada tiene que ver con el primero– dieron para el conflicto entre ambas administraciones.

Garantizados los 400 empleos actuales y se prevén más contrataciones

A pesar de estar ambas en manos del PSOE, hace poco más de un mes que el presidente regional, Ángel Víctor Torres, llegó a advertir con convocar la Comisión Bilateral Canarias-Estado y hasta con llegar al Tribunal Constitucional si no había un acuerdo.

Es más, hace tan solo unos días la diputada nacional de Coalición Canaria (CC) María Fernández se interesó por la «usurpación» de competencias que, en su opinión, venía protagonizando Madrid desde el 1 de enero. Precisamente por no dar traslado del expediente y, por tanto, no permitir que fuera el Archipiélago el que resolviera.

Aparentemente inamovible

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico negó que estuviera reteniendo lo que ya no le correspondía. «Debe tenerse en cuenta que el traspaso no afecta en modo alguno a la propia titularidad estatal del dominio público marítimo-terrestre, por disponerlo así la propia Constitución Española en su artículo 132.2», explicaron.

A ello, el departamento que dirige Teresa Ribera añadió que las competencias «ejecutivas que ha asumido la Comunidad Autónoma en relación a la gestión del dominio público marítimo terrestre están limitadas por el propio alcance de las funciones asumidas, y, en todo caso, por el propio régimen jurídico fijado en la legislación estatal». En definitiva, que toda la legislación vigente y aplicable a estos casos otorgan al Estado y en concreto al Ministerio de Transición Ecológica la potestad de resolver la situación del Oliva Beach y el otro establecimiento.

Canarias irá al Constitucional si el Estado no le traspasa los expedientes de los hoteles de Riu

Sin embargo, prácticamente a renglón seguido llegó la resolución de este jueves. Con las posiciones tan marcadas, es lógico pensar en una intensa negociación que ha desembocado en el desatasco de la situación justo en el momento en que la legislatura expira. Valbuena no hizo ayer referencia alguna a las tiranteces con la Administración central durante los meses pasados.

«Se ha procedido al análisis técnico de la solicitud de autorización por parte de RIU, se ha visto que el proyecto se ajusta a lo que ya la Dirección General de Costas en Madrid informó en 2020 y, por lo tanto, procedía conforme a la normativa vigente la concesión de esa autorización», se limitó a exponer.

«Se actúa (...) ejerciendo esas competencias que desde el pasado 1 de enero residen en el Gobierno de Canarias»

José Antonio Valbuena

— Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias

Ahora bien, el consejero autonómico no se escondió a la hora de dejar claro que es a Canarias a quien le compete tomar una decisión al respecto de las obras planteadas por RIU. «Se actúa conforme a un acto reglado y a lo que dicta la normativa en materia de Costas y, sobre todo, ejerciendo esas competencias que desde el pasado 1 de enero residen en el Gobierno de Canarias», zanjó sin adorno.

En todos estos años, los trabajadores del establecimiento hotelero han sido una de las partes más activas. La defensa de sus empleos les ha llevado a manifestarse en varias ocasiones y a desplazarse incluso desde Fuerteventura a Gran Canaria y a Madrid para reclamar una solución a los gestores autonómicos y estatales.

La orden firmada por el consejero Valbuena especifica que las obras «no pueden suponer nunca un aumento de volumen, altura o superficie de las construcciones ya existentes en la zona», una de las condiciones que la empresa siempre aseguró que cumplía. Además, el documento especifica que el proyecto de renovación «no afecta a ningún espacio protegido incluido en la Red Canaria de Espacios Protegidos».

Las obras «no afectan a ningún espacio protegido», afirma la consejería de José Antonio Valbuena

Entre los trabajos que se acometerán, se incluyen mejoras de eficiencia energética, de la accesibilidad, de seguridad en caso de incendio y la demolición de estancias en desuso o que se encuentran en malas condiciones.

Tras conocer la noticia, todas las patronales hoteleras del Archipiélago la celebraron por considerarla «un acto de justicia». Además, incidieron en «la relevancia» que tiene «para el mantenimiento de la actividad productiva y el empleo en el norte de la isla majorera». Además, aplaudieron «la actuación en este asunto del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres» y del consejero José Antonio Valbuena.

Los empresarios del sector alojativo hicieron extensiva la felicitación «a los trabajadores del Oliva Beach y sus familias» y destacaron el papel protagonista que han jugado el comité de empresa los sindicatos «y las plataformas ciudadanas que han peleado por una solución legal y justa».

Las patronales turísticas celebran la decisión y aplauden la actuación del presidente Torres

Las patronales inciden en que las obras proyectadas no pretenden sino salvaguardar la competitividad del establecimiento y, además, hacerlo más sostenibles mediante la implementación de procesos alimentados con energías renovables. «La mejora de la oferta turística en Fuerteventura refuerza al turismo de Canarias en su conjunto», subrayaron en el comunicado que hicieron público.

De cara al futuro, señalaron que este primer ejercicio de las competencia de Costas «inicia el camino para el desempeño del autogobierno en mayoría de edad para la Administración autonómica en esta materia, con pleno respeto a la legislación estatal».

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