La designación para Sanidad, la pieza más difícil del puzle de Coalición y PP en Canarias

La elección del próximo consejero de Sanidad del Gobierno regional es la pieza más difícil de encajar en el puzle a cuatro manos que ya han empezado a montar Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP). Los de Manuel Domínguez proponen para el cargo a su diputado autonómico Miguel Ángel Ponce, pero en las filas de los de Fernando Clavijo no las tienen todas consigo. No por el nombre que los populares han puesto sobre la mesa, ya que nadie entre los nacionalistas duda de la valía y trayectoria profesional de Ponce, cuyo relevante currículum es público y notorio, sino porque no quieren caer en el «error» que en su día cometieron –al menos así lo entienden en CC– cuando accedieron a dejar el área sanitaria en manos del socialista Jesús Morera.

El anterior Gobierno de Canarias, presidido por el propio Clavijo, comenzó su andadura con los socialistas acaparando buena parte de los cargos y departamentos de mayor relevancia social. Incluida la Consejería de Sanidad. Fue una apuesta del PSOE y de Patricia Hernández, que le había ganado las primarias a la ya exministra Carolina Darias para acabar siendo la vicepresidenta autonómica gracias a aquel pacto con Coalición. El mismo pacto que saltó por los aires en los últimos días de 2016, lo que llevó a una segunda mitad de legislatura con Clavijo al timón de un Gobierno en franca minoría parlamentaria.

Sin embargo, y con la ventaja que da poder mirar por el retrovisor, los nacionalistas tienen claro que la implosión de aquel Ejecutivo con el PSOE en realidad empezó a producirse desde el mismo momento en que se cedió la Consejería de Sanidad a los socialistas. No en vano, la sanitaria no es un área cualquiera, ni muchísimo menos. No solo porque el Servicio Canario de la Salud (SCS) es un monstruo departamental que consume un gran trozo del presupuesto público, sino también, y sobre todo, porque su gestión exige saber dónde están y cuándo activar los distintos resortes que marcan la diferencia entre una legislatura tranquila y una caótica. Y en esto último es donde no tiene experiencia un Miguel Ángel Ponce a quien, cabe insistir, nadie pone ninguna otra tacha.

La gestión de Sanidad y Hacienda por un solo partido facilita el control del gasto público

Hay que recordar que quien lleve las riendas de Sanidad en los próximos años, ya sea de CC, del PP o de cualquier otro partido –esto último si se diese la remota posibilidad de que no fraguasen las negociaciones entre nacionalistas y populares–, tendrá ante sí varios retos. De entrada la huelga de médicos, suspendida el pasado día 24 –apenas 96 horas antes de las elecciones– hasta la constitución del nuevo gobierno. Estos profesionales del SCS reclaman subidas de sueldos, un asunto que el futuro consejero deberá resolver con precisión quirúrgica. Los médicos representan entre un 15 y un 20% de la nómina del SCS, con lo que resulta obvio que el restante 85-80% de la plantilla del Servicio Canario de la Salud estará pendiente de lo que ocurra con ellos para plantear sus propias reivindicaciones.

Elecciones sindicales

Eso en lo inmediato, pero más allá están las elecciones sindicales del próximo año, un momento en el que los representantes de los trabajadores suelen elevar el tono de sus reivindicaciones en busca de apoyos. De modo que el consejero y el director general del SCS deben tener muy claro quién es quién en cada sindicato, quién es quién en cada sección, en cada departamento, en cada oficina y casi en cada esquina del organigrama. No es una labor médica, porque si así fuera, Miguel Ángel Ponce sería la persona ideal. Y lo sería también para CC.

Y luego está la cuestión estrictamente económica. El SCS cuenta con un presupuesto de gasto para 2023 que asciende a la friolera de 3.793,2 millones de euros, una cuantía que, además, acabará por quedarse pequeña, como es habitual. No hay ningún otro departamento que mueva tal cantidad de dinero público, hasta el punto de que el mayor o menor control de la política de gasto del SCS influye de forma directa en el mayor o menor control de la política de gasto de toda la Administración autonómica. En la actual legislatura, sin ir más lejos, el SCS llevó a la Comunidad Autónoma a incumplir el período medio de pago a proveedores, fijado por ley en un máximo de 30 días. Ocurrió, por ejemplo, entre septiembre y noviembre de 2021. En ese último mes, la Administración canaria pagó sus facturas en una media de unos 40 días, diez por encima de lo establecido en la normativa estatal. Y la causa, para disgusto del viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, fue la desviación del SCS, ya que el grueso de los restantes departamentos cumplió también en esos meses.

Una ‘desviación’ del SCS llevó al actual Gobierno a incumplir el período de pago a proveedores

Lo anterior explica por qué lo conveniente para la buena gestión del Gobierno de Canarias –y esto vale para cualquier otro Ejecutivo regional– es que el control de las áreas de Hacienda y de Sanidad, por muy distantes que parezcan entre sí, esté bajo el paraguas de un mismo partido. El diálogo entre ambas consejerías para el estricto control del gasto sanitario, tanto en cantidad como en calidad –que el dinero se destine para lo fundamental y no para lo accesorio y que los pagos se hagan en tiempo y forma–, resulta clave.

Sintonía

En el pacto de las flores, el PSOE ha llevado Sanidad y Nueva Canarias, Hacienda, y aunque la relación ha sido fluida y la labor de Delgado no ha tenido fisuras, en CC quieren ser ellos quienes gestionen Hacienda aun cuando esto suponga ceder Economía, en lógica correspondencia, al PP. Quieren, en definitiva, que ambos departamentos estén en total y absoluta sintonía. De lo contrario, los nacionalistas temen que ocurra una vez más lo que les pasó a ellos con Morera –que a su juicio llevó a cabo una política de gasto fuera de control– o lo que hace menos le pasó a la también socialista Teresa Cruz.

En cualquier caso, la pieza de Sanidad aún no ha encajado del todo en el puzle de CC y PP, con lo que Ponce, reputado neumólogo, no está del todo descartado. Y en todo caso, tampoco esta cuestión parece comprometer unas negociaciones que avanzan a buen ritmo, máxime cuando ambos partidos coinciden sin fisuras en que uno de los retos impostergables de su gobierno –si fructifica– es la profesionalización de la Sanidad pública.

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