El director del centro de menores Acorán justificó 3.385 euros al mes en combustible

Hasta 3.385 euros mensuales, de media, justificó como gastos en combustible el centro de menores Acorán entre mayo y diciembre de 2021. Un monto demasiado elevado, según el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas, Javier Ródenas, para justificar la actividad que tenía. El Ministerio Público se ha querellado contra cuatro directores de cinco recursos de acogida de menores migrantes no acompañados en Gran Canaria y Lanzarote por una serie de movimientos de dinero entre 2020 y 2022 que entiende se han destinado para su enriquecimiento personal. Todos ellos eran gestionados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI en base a contratos de emergencia suscritos por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ya ha iniciado la fase de instrucción para esclarecer los hechos delictivos que aprecia el fiscal.

La Fiscalía ve indicios de que unos 47.500 euros de fondos públicos destinados al mantenimiento de los centros de menores que gestionaban y a procurar a sus internos su atención y formación integral se desviaron a cuentas personales de los cuatro directores querellados. Pero más allá de eso, también detecta transferencias y pagos que no tendrían que ver, a priori, con las funciones de estos recursos de acogida. Son gastos en productos farmacéuticos como viagra o métodos para dejar de fumar, en restaurantes o tratamientos de belleza. Y entre ellos, un "inusual gasto en combustible" en los centros de Tafira, Las Palmas de Gran Canaria, y La Santa, Arrecife.

Según la querella del fiscal Javier Ródenas, a la que ha tenido acceso este periódico, entre el 26 de mayo y el 31 de diciembre de 2021, la tarjeta bancaria de la cuenta asociada a la gestión diaria del centro de menores Acorán facturó en gasolina hasta 20.288,46 euros, tal y como refleja la justificación semanal de gastos que presentó su director, que ya lo había sido previamente del recurso de emergencia de Puerto Bello, en Puerto Rico. Esto supone una media de 3.385 euros al mes, o de 99,22 euros diarios. Un desembolso que supondría recorrer unos 1.200 kilómetros cada día con el vehículo. Una cantidad que se antoja muy complicada en función del tamaño de la isla y las actividades diarias que lleva a cabo un centro como este.

Varios repostajes diarios

El fiscal también detecta que, en la mayoría de días, constan varios repostajes por diferentes importes sin que figure en las facturas la matrícula del vehículo o vehículos que acudieron a las estaciones de servicio. En algunas jornadas, se reflejan hasta doce reposiciones de combustible. Una actitud que también se vería en el caso del dispositivo de emergencia para menores de La Santa, donde constan hasta siete u ocho cargos distintos. Aquí, el gasto medio en carburante es de 47 euros al día, lo que supone unos 580 kilómetros de recorrido por jornada.

Además de lo "desproporcionado" del gasto en este concepto, se pone el foco sobre la justificación de gastos en materia de bonos de transporte que el director del Acorán también presenta. En ese sentido, en los seis meses de estudio se aportan facturas de 'bonoguaguas' por importe total de 6.129,90 euros. Esto supone una media de más de 1.000 euros al mes únicamente en el traslado de menores residentes. Esto hace, "si cabe, aún más irreal el elevado gasto de combustible aportado como justificación", resalta Ródenas.

Unos 9.000 euros "apropiados"

El elevado gasto en combustible no es la única irregularidad que detecta Anticorrupción en su querella, en la que ve indicios de la posible comisión de los delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos. El director de este dispositivo de emergencia para la acogida de menores migrantes no acompañados de Tafira, Fernando P. R. pudo haber desviado 8.816,85 euros para su beneficio económico ilícito, ya que no han quedado justificados en la relación de gastos semanales del recurso.

Es por ello que, entre las diligencias que el fiscal pide al juzgado que practique se encuentra la realización de una auditoría contable exhaustiva para poder estudiar en profundidad cómo se destinaron los 12,5 millones de euros de dinero público que el Gobierno de Canarias destinó entre 2020 y 2022 a la Fundación querellada. Un examen que es "indispensable" para completar la instrucción del procedimiento por la justificación de gastos deficiente y el gran volumen de recibos sin numerar o con identificación deficiente.