Le toca mover ficha al Gobierno canario. Y quiere hacerlo bien. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendió el martes de forma cautelar la autorización que el Ejecutivo regional concedió en mayo a la cadena hotelera RIU para reformar el hotel y los apartamentos Oliva Beach de Fuerteventura. Y el Gobierno autonómico no piensa quedarse con los brazos cruzados. Los servicios jurídicos ya se han puesto manos a la obra para armar la mejor respuesta judicial que pasa por presentar un recurso de reposición en el plazo de cinco días que comenzó a correr el pasado martes. «Tenemos que resolver esta pieza en los plazos que nos dan y así lo haremos», afirmó ayer el director de Costas y Gestión del espacio marítimo canario, Antonio Acosta, quien aseguró estar dispuesto a explorar las vías necesarias para «defender los intereses de Canarias».
El responsable del área cree en el diálogo y es partidario de buscar el entendimiento «fuera de los juzgados», pero reconoció ayer que si esto no es posible, peleará por «otras vías» para defender el Estatuto de Autonomía y todo lo que recoge. Acosta consideró «insuficiente» el traspaso de competencias que el Gobierno canario anterior negoció con Madrid y finalmente se materializó a principios de año. «Vemos una clara agresión del Estado contra Canarias», defendió. Y es que el Estado se reserva una serie de competencias que no son transferidas a la comunidad como la función de emitir un informe preceptivo en relación a la garantía tanto de la integridad física como del uso del dominio público marítimo-terrestre.
El tribunal aceptó de forma cautelar el recurso que presentó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contra la licencia de obras que el Ejecutivo canario concedió en mayo a la empresa hotelera. Madrid defiende que si se pone en marcha la reforma y finalmente sale adelante la orden de derribo, esta sería «inejecutable o muy difícil de ejecución». El TSJC aceptó este argumento para dictar su auto.
El abogado del Estado, quien inició la petición, defiende que la resolución que se recurre es «nula de pleno derecho» porque la comunidad autónoma asume competencias que son de la Administración General del Estado en base a la Ley de Costas y, yendo más allá, del acuerdo por el que se traspasaban algunas competencias en la materia a Canarias.
Para acabar con estas disputas y tensiones, el Gobierno canario propone una clara solución: obtener la totalidad de la competencia de Costas. Y así se lo trasladará el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, el próximo martes al Ministerio. «No debemos olvidar que de la explotación del propio dominio público depende uno de nuestros motores económicos y generador de empleo», recordó Acosta. Precisamente la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, también lamentó ayer la decisión del TSJC y aseguró en sus redes sociales que reclamarán las que consideran son competencias de la comunidad autónoma.
El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, solicitó ayer al Ejecutivo que presente un recurso contra el auto del TSJC. El que fuera presidente de la comunidad cuando se realizó el traspaso de competencias defendió que el permiso de obra se concedió después de recibirlas y que estas no han comenzado porque falta la licencia municipal. «Entendemos desde el gobierno saliente y el gobierno entrante que esas competencias están en manos de Canarias y que lo que tenemos que hacer, lógicamente, cuando tenemos los informes técnicos y jurídicos es actuar», apuntó.
El secretario insular del PSOE en Fuerteventura, Blas Acosta, fue más allá al asegurar que «debemos ir preparándonos para llegar hasta el Tribunal Constitucional si fuera necesario». «El futuro del hotel Oliva Beach es una cuestión política de primer orden en donde se están poniendo en cuestión y definiendo los límites de las competencias autonómicas de Canarias en un asunto fundamental como es la gestión del territorio litoral en nuestras islas, y no vamos a aceptar tutelas», aclaró en un comunicado. Lo cierto es que está en juego el futuro de 400 empleados y sus familias.
