Canarias y el Estado abordaron este martes de forma directa por primera vez desde el cambio de gobierno en las Islas en julio pasado el conflicto entre ambas administraciones sobre el ámbito competencial de cada una de ellas en materia de gestión del litoral, y sobre la respectiva capacidad de actuación en los expedientes abiertos en varios establecimientos hoteleros en el dominio público marítimo-terrestre de distintos puntos costeros de las Islas. El Gobierno regional reclamó ante el Ministerio de Transición Ecológica la transferencia al completo de dichas competencias en base a lo establecido en el Estatuto de Autonomía, pero el departamento que dirige la ministra Teresa Rivera se quitó el problema de encima y remitió cualquier solución al ámbito político y en concreto a una nueva negociación del decreto de transferencias que regula esta cuestión.
Esta es la principal conclusión de la reunión mantenida por el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, con la directora general de la Costa y el Mar del Ministerio, Ana María Oñoro, y la subdirectora general de Dominio Público Marítimo Terrestre, Ainhoa Pérez. Las dos representantes ministeriales trasladaron a Acosta que Transición Ecológica es un “mero ejecutor” del decreto de transferencias aprobado el año pasado y que corresponde al Ministerio de Política Territorial dirimir este conflicto con Canarias en el marco la Comisión Bilateral entre ambas administraciones para, en su caso, reformar en esa instancia el decreto de transferencias de las gestión de Costas. El representante del Ejecutivo regional anunció en ese sentido Canarias pedirá una convocatoria de esa Comisión Bilateral para aprobar un nuevo decreto en el que la competencias queden todas de forma clara en manos de Canarias, y que la gestión de las mismas no se vea sujeta a la interpretación restrictiva que ahora hace el Ministerio de Rivera.
Aunque este martes no se llegó a ningún acuerdo sobre ninguna de las cuestiones que se abordaron, ambas partes sí quedaron al menos en “abrir un diálogo de colaboración, entendimiento y comprensión” para gestionar el conflicto en tanto no se modifiquen las actuales condiciones del traspaso de las competencias, “especialmente para dirimir algunos expedientes importantes que llevan informes contradictorios y en esa linea trabajar en la defensa de los derechos de las competencias canarias”, según explicó el director general de Costas de Canarias. “La reflexión jurídica del Ministerio es que ellos son un órgano ejecutor de las normas que conllevan el desarrollo de las competencias, que ya están definidas en la Comisión Bilateral que se hizo en su momento aplicando el Estatuto de Autonomía haciendo el decreto de transferencias, y que para modificar el mismo habría que ir por la vía de Política Territorial y volver a poner sobre la mesa esas competencias de Canarias”, afirmó el representante del Ejecutivo regional.
Acosta: "Las decisiones sobre la protección, el uso y el disfrute del dominio público deben ser defendidas desde el propio Archipiélago"
“No se pone en duda el Estatuto, sino que el decreto de transferencias interpreta lo que el Estatuto dice de ese traspaso de competencias”, aclaró Acosta antes de confirmar que Canarias reclamará un nuevo decreto para ampliar las transferencias y que no se ponga en cuestión su capacidad para intervenir en los expedientes abiertos a las instalaciones hoteleras sobre las que el Ministerio pretende tener la última palabra. “Las costas de Canarias son fundamentales para el desarrollo económico y social de las Islas, por lo que las decisiones sobre la protección, el uso y el disfrute del dominio público deben ser defendidas desde el propio Archipiélago, teniendo en cuenta nuestras singularidades”, destacó Acosta. En este sentido, el Ejecutivo regional ha anunciado que solicitará la convocatoria de la Comisión Bilateral para manifestar la necesidad de alcanzar un entendimiento entre ambas administraciones que profundice en el decreto de transferencias y garantice el cumplimiento de lo recogido en el Estatuto de Autonomía.
Asimismo, el director general ha trasladado que, tal y como se establece en el actual decreto de transferencias, se deben buscar vías de colaboración y cooperación Canarias-Estado para analizar los expedientes que generan diferencias en materia de interpretación jurídica. “Es necesario poner sobre la mesa la necesidad de hacer convivir la conservación y protección del dominio público con el disfrute y uso del mismo”, concluyó Antonio Acosta. Por último, ambas administraciones han abordado otros asuntos relacionados con procedimientos administrativos necesarios para la agilización de expedientes, valorando la urgente transferencia de aquellos que aún no han sido cedidos.
Nueva negociación
La reunión estaba prevista entre el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, pero este encuentro más político tuvo que suspenderse por problemas de agenda del representante ministerial. Con todo, dado que el equipo de la consejería se encontraba en Madrid para otras reuniones, cerró finalmente una reunión más técnica al menos para no perder la oportunidad de un primer encuentro entre Consejería y Ministerio sobre unos de los conflictos más importantes en las relaciones del nuevo Ejecutivo regional con el actual Gobierno central en funciones. Aunque no hubo avances concretos en este sentido, sí sirvió para enmarcar el fondo del problema y constatar que será necesaria una nueva negociación en el seno de la mencionada Comisión Bilateral.
Se da la circunstancia de que las dos interlocutoras de Acosta en la reunión de ayer son dos de la tres representantes de Transición Ecológica hacia las que la cadena hotelera RIU ha decidido tomar acciones legales y presentado una querella, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, por un presunto delito de prevaricación en relación a los expedientes de los hoteles RIU Oliva Beach y RIU Palace Tres Islas, ubicados en el entorno de las dunas de Corralejo, en Fuerteventura. Ambos pendientes de demolición por incumplir, según el Ministerio, las condiciones de su concesión en dominio público. El departamento de la ministra Teresa Rivera lleva desde el año 2021 rechazando prorrogar la concesión que permite a los hoteles situarse en el emplazamiento en el que están, en contra de la opinión del Gobierno autonómico.
En todo caso, en la reunión de este martes no se habló de aquellos expedientes que están sujetos a procedimiento judicial como los señalados. “Hablamos de los diferentes expedientes administrativos que hay abiertos, pero no de los judicializados, que tendrán que dirimirse en los tribunales y nosotros por otra vía vamos a intentar que el entendimiento y la cordura lleguen las relaciones entre el Estado y Canarias”, explicó Acosta
