Pleno del Parlamento de Canarias | Reforma de la Ley del Suelo

Canarias tiene suelo urbano equivalente a la mitad de El Hierro para poder construir

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, cierra la polémica sobre usar terrenos rústicos para edificar viviendas: "no es negociable y es intocable"

Solar en Reyes Católicos con Eufemiano Jurado para 30 viviendas sociales.

Solar en Reyes Católicos con Eufemiano Jurado para 30 viviendas sociales. / Juan Castro

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Canarias dispone en la actualidad de 13.752.47 hectáreas de suelo urbano y suelo urbanizable sin desarrollar. Es decir, 137 kilómetros cuadrados equivalentes a la mitad de la superficie de El Hierro o a más de 17.000 campos de fútbol. De esa cantidad de terreno, un 70% (más de 9.000 hectáreas) podría ser destinado a uso residencial.

Tenerife es la isla que más terreno urbanizable tiene disponible (4.407 hectáreas), seguida por Gran Canaria y Fuerteventura (3.500 hectáreas) mientras que Lanzarote posee 1.400 hectáreas, 383 hay en La Palma, 193 en La Gomera y 142 en El Hierro.  

Estos datos, aportados por la empresa pública Grafcan, fueron usados por el consejero de Política Territorial, Ramón Miranda, en el pleno del Parlamento para garantizar que "no tiene sentido abrir ahora el debate sobre el uso del suelo rústico, sin haber antes analizado las posibilidades del suelo urbano disponible en las Islas".

Recuperación de La Palma

Miranda quiso así cerrar definitivamente la polémica generada después de aprobar el decreto ley de recuperación de La Palma tras la erupción que permite la reconstrucción en suelo rústico: "esas medidas urgentes ni pueden ni deben aplicarse al resto de las islas pues obedecen a una situación completamente excepcional que no puede extrapolarse al resto de Canarias sin más".

"Las medidas urgentes de La Palma ni pueden ni deben aplicarse al resto de las islas"

Sin embargo, estos argumentos no fueron suficientes para el socialista Jorge González, que recordó que hace apenas dos semanas el director del Instituto Canario de Vivienda (Icavi), Antonio Ortega, dijo que el Gobierno de Canarias se proponía ampliar a todas las islas la posibilidad prevista para La Palma de que se puedan construir viviendas en suelo rústico "en determinadas condiciones" porque era "la única forma de solucionar el tema habitacional de Canarias".

"Creo que el director del Icavi no dijo una ocurrencia, sino que anunció lo que defiende el PP y asume CC, pero hasta ahora se lo callan", aseguró el socialista.

Una tesis que fue compartida por la canarista Esther González (NC-Bc), para quien las declaraciones de Ortega suponen "el pistoletazo de salida a la especulación y la depredación del territorio".

"El director del Icavi metió la pata, el suelo rústico no es negociable ni está disponible para habilitarlo para usarlo en construir viviendas. Es intocable", zanjó el titular de Política Territorial.

Los consejeros Manuel Miranda (i) y Poli Suárez (d) en sus escaños del Parlamento.

Los consejeros Manuel Miranda (i) y Poli Suárez (d) en sus escaños del Parlamento. / Miguel Barreto / EFE

Miranda pidió a los dos grupos de izquierda que el debate planteado a raíz de la anunciada reforma de la Ley del Suelo "no se convierta en un arma política, porque la planificación territorial debe ser objeto de un debate calmado y sosegado", mientras que el resto de formaciones parlamentarias, incluida Vox, recordaron a PSOE y NC-Bc que más allá de los "comentarios de pasillo" del director del Icavi no existe ninguna actuación de ninguna consejería del Ejecutivo que tienda a permitir la urbanización generalizada en suelo rústico.

El Gobierno de Canarias asumió el grave problema de la falta de vivienda como un objetivo prioritario, ya que el mismo también se relaciona con el aumento del precio de pisos y apartamentos, tanto en régimen de venta como en alquiler. Por ello, además de modificar la Ley del Suelo, la Consejería de Turismo está elaborando una regulación del alquiler vacacional y el departamento de Obras Públicas tiene previsto aprobar antes del 28 de febrero un decreto para agilizar la cesión de suelos para vivienda protegida, actualizar el módulo básico que perciben los promotores privados y poner en el mercado el máximo posible de los 1.400 inmuebles inacabados a causa de la crisis de 2008 , que "tienen licencia urbanística" y que están en manos del banco malo (Sareb) y fondos privados de inversión.