2.000 menores migrantes cumplen la mayoría este año y quedarán en la calle

Canarias cuenta con planes para acoger a extutelados y prepararles para la vida adulta

El Estado no ayuda a la atención de los jóvenes en riesgo de indigencia

Llegada de un grupo de migrantes al muelle de La Restinga, en El Hierro.

Llegada de un grupo de migrantes al muelle de La Restinga, en El Hierro. / Efe

Isabel Durán

Isabel Durán

Yessine, el chico que murió apuñalado el viernes en Telde, y Mourad Boumeheta, el presunto agresor que ayer entró en prisión preventiva, vivían en la calle. Al cumplir los 18 años, los migrantes que llegaron a Canarias siendo menores de edad saltan sin red a la vida adulta. De un día para otro, se quedan sin techo ni sustento. El Gobierno regional tutela actualmente a unos 5.500 menores, de los que cerca de 2.000 cumplirán la mayoría de edad a lo largo de este año, quedando en riesgo de indigencia. Al ser legalmente adultos, dejan de ser responsabilidad del Ejecutivo canario que, aun así, cuenta con planes para acogerlos y prepararles para el tránsito a la vida adulta. Sin bien, la participación en estas iniciativas es voluntaria y no todos quieren aceptar a estas ayudas.

«Al ser adultos no los podemos obligar a entrar en los programas y muchos escogen otros caminos, porque quieren salir de Canarias o porque no quieren acatar las normas que se les imponen en los pisos de emancipación», explica la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Juan de la Rosa, quien detalla que en 2023 se atendió a 583 jóvenes de entre 17 y 21 años. En estos programas participan jóvenes que han construido sus vidas tras el paso por los centros de acogida, «convirtiéndose en referentes» para los más jóvenes y demostrando que es posible salir integrarse a nivel social y laboral, según detalla De la Rosa. 

Canarias gestiona en solitario

El Gobierno de Canarias también está trabajando con las embajadas de los países de origen de los migrantes para tratar de acelerar los trámites de su documentación. En los centros de menores se les arreglan los papeles para que cuenten con una documentación en regla, pero conseguir la tarjeta que les permite trabajar tarda meses en gestionarse y eso les cierra las puertas del mercado laboral.

A pesar de la situación de emergencia humanitaria que se vive en las Islas por la incesante llegada irregular de migrantes, el colapso del sistema de acogida de menores y el elevado porcentaje de chicos que están cerca de la mayoría de edad, el Estado no ha puesto sobre la mesa ninguna medida evitar que muchos jóvenes que cumplen los 18 se queden en la calle. Así, El Gobierno de España, deja enteramente la gestión de la crisis migratoria en manos de Canarias. Según destaca De la Rosa, algunos jóvenes que se quedan fuera del sistema de protección de menores se acercan a los recursos para adultos en busca de ayuda y, en muchos casos, son atendidos.

Save the Children advierte que los recursos para extutelados son insuficientes

Sin trabajo y sin ningún tipo de respaldo familiar, los jóvenes migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Al estar en la calle, la institución a la que pueden solicitar ayuda es el ayuntamiento de la localidad en la que residen, pero para poder iniciar los trámites burocráticos les exigen estar empadronados en una vivienda que no tienen. Así, muchos entran en un cajón sin salida y terminan en la indigencia, durmiendo en casas o naves abandonadas. 

Desde Save the Children, señalan que llevan años advirtiendo que los recursos para atender a los extutelados en Canarias son insuficientes y sostienen que son las autonomías las que tienen que garantizar una adecuada transición a la vida adulta de los chicos que están en el sistema de protección de menores. «Hacen falta más plazas para extutelados si no queremos que se pierda todo el trabajo que se hace con ellos durante los años que están en los centros», afirma Celia Limpo, especialista en Incidencia Política de Save the Children en Canarias. Ante esta situación, la oenegé apuesta por fomentar la corresponsabilidad interterritorial, para evitar que el Archipiélago soporte la presión en solitario y que también se reparta el peso de la atención a los extutelados.

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