Aviso del CES a Canarias: la escasez de vivienda amenaza el turismo y la economía

El Consejo Económico y Social sitúa a las Islas como la Comunidad Autónoma con el mayor desfase entre el aumento de las familias y la oferta de inmuebles

Un edificio de viviendas en construcción en el barrio de La Gallega, al suroeste de Santa Cruz de Tenerife.

Un edificio de viviendas en construcción en el barrio de La Gallega, al suroeste de Santa Cruz de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

La falta de viviendas no es solo un problema social. Es un problema también para el turismo y, por ende, para la economía. Para el turismo porque los trabajadores del sector no pueden pagar los alquileres en los municipios o localidades donde se encuentra el hotel o el restaurante en que se desempeñan, lo que limita la movilidad laboral y explica por qué se rechazan muchas ofertas de empleo. Y afecta también a la economía en general porque impide que los jóvenes accedan a una vivienda que les permita construir un proyecto de vida, un proyecto social y laboral, lo que a su vez pone al turismo en la picota por el boom del alquiler de vacaciones. Es el aviso a navegantes que el Consejo Económico y Social (CES) ha dejado en la edición 2023 de su Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España. Una advertencia que tiene tres destinatarios principales: la Comunidad de Madrid, Cataluña y Canarias, que son las tres autonomías que sufren un notable desfase entre el incremento del número de familias –que lleva un ritmo endiablado– y el aumento del número de inmuebles –que es lentísimo–. En especial las Islas, que son la región con el mayor desfase entre la oferta y la demanda de casas.

«Hemos heredado una Canarias en emergencia habitacional», subrayó el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, en la entrevista con este diario publicada este domingo. Y la memoria del CES viene a corroborar que, efectivamente, el Archipiélago padece, si no una emergencia habitacional, sí al menos una sensible carestía de la vivienda. La más grave carestía de la vivienda de entre las 17 comunidades españolas. No en vano, en el decenio comprendido entre 2013 y 2022, las Islas fueron la región que experimentó el mayor incremento de población del país, y al mismo tiempo fueron también una de las autonomías donde menos inmuebles se levantaron.

La cifra de hogares creció en la región más del doble que el número de casas entre 2013 y 2022

La cada vez mayor brecha entre una población disparatada –y todas las previsiones apuntan que así continuará al menos hasta 2050– y una oferta de casas insignificante explica por qué el Gobierno de Canarias está pisando a fondo el acelerador para tratar de llevar a buen puerto una serie de medidas que, en cualquier caso, no tendrá efecto inmediato. El mismo Clavijo reconoce que se llega «tarde» en medidas imprescindibles como la regulación de la vivienda vacacional, que no es la responsable de la bajísima oferta de inmuebles pero sí ha contribuido a ella por el trasvase de pisos y casas del mercado ordinario o residencial al mercado turístico, o los estímulos a la construcción de nuevas viviendas, que son el pilar del decreto de medidas urgentes. Es la «tareíta», término empleado por el presidente canario, que el Ejecutivo regional puede ir haciendo para paliar la falta de inmuebles, incluidas también la promoción de la vivienda protegida y las ayudas al alquiler para los jóvenes. Más complejo se barrunta conseguir que la Comisión Europea acceda a limitar las compras de casas por extranjeros, aunque en el Gobierno autonómico no piensan tirar la toalla sin antes plantar batalla. El éxito o fracaso de todas estas medidas y políticas traerá aparejado el éxito o el fracaso no solo en materia de vivienda, sino también en los ámbitos turístico y económico.

El presidente del CES, Antón Costas, lo explicó el pasado jueves durante la presentación de la memoria anual de la institución: «El problema de la vivienda puede acabar estrangulando el buen comportamiento de la economía y del mercado laboral». «No lo digo en el sentido de que pueda llegar a crear una crisis económica, pero sí de que pueda afectar a otras actividades y sectores, como, por ejemplo, el turismo», ahondó el también catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona. Costas no se refirió a ninguna región o comunidad en concreto, pero la memoria del CES permite ver que el Archipiélago es la autonomía que peor sale en la foto.

En Madrid y Cataluña también hay tensión entre la oferta y la demanda, pero no al nivel del Archipiélago

«La tasa de formación de hogares en algunas comunidades autónomas ha aumentado entre 2013 y 2022 más que la correspondiente al parque de viviendas –caso de Canarias, Cataluña y Madrid–, generándose cierta dificultad para absorber la demanda», reza el informe del CES. En esa década (2013-2022), el número de hogares creció en las Islas ligeramente por encima del 8%, donde más en España. La segunda en este particular ranking es Baleares, el otro archipiélago español y, con Canarias, la economía más dependiente de la industria turística de todo el país. No obstante, la cantidad de familias se incrementó en las islas mediterráneas alrededor de un 6%, es decir, dos puntos menos de lo que lo hizo en el archipiélago atlántico. No ocurrió lo mismo con las casas.

El parque de vivienda aumentó en Canarias durante esos mismos diez años algo menos de un 4%, menos de la mitad de lo que aumentaron los hogares. Es más, el parque inmobiliario solo creció menos que aquí en Madrid y Cataluña, de ahí que sean las tres comunidades con mayor desequilibrio entre la oferta y la demanda de pisos y casas. Sin embargo, tanto en la autonomía capitalina como en la región del litoral levantino la población creció bastante menos que en el Archipiélago, menos de un 6% en Madrid y por debajo de un 4% en Cataluña, por eso el desfase de oferta y demanda es en las Islas aún más intenso.

Es ese desequilibrio el que está detrás de las dificultades para encontrar una vivienda a precios razonables en las zonas más turísticas, lo que obliga a muchas personas a rechazar ofertas de empleo y deja a las empresas sin muchos potenciales trabajadores. Un daño socioeconómico al que se suma la imposibilidad de los jóvenes para emanciparse. Imposible por cuanto un joven debe destinar el 93,9% de su salario para alquilar una vivienda en solitario, y la primera mensualidad de una hipoteca se le comería el 65,9% del salario mediano, eso sin contar que la entrada le supondría unos 53.796 euros, unos cuatro años y medio de sueldo.

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