Ramificaciones canarias del 'caso Koldo' | Investigación sobre contratos irregulares durante la pandemia

El Parlamento pide al Poder Judicial que aclare si hay documentos de las compras opacas de mascarillas bajo secreto de sumario

Los servicios jurídicos de la Cámara comienzan a buscar a las 73 personas que comparecerán

Gustavo Santana (i), Raúl Acosta (c) y Luz Reverón (d) conforman la Mesa de la comisión de investigación.

Gustavo Santana (i), Raúl Acosta (c) y Luz Reverón (d) conforman la Mesa de la comisión de investigación. / Andrés Gutiérrez

Salvador Lachica

La Mesa de la comisión de investigación sobre las posibles compras irregulares de material sanitario durante la pandemia por parte de la Comunidad Autónoma decidió este lunes dirigirse al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que aclare qué documentación de la solicitada por los grupos parlamentarios puede estar bajo secreto de sumario.

Todos los grupos aseguran que, en principio, toda la documentación que se solicitó ya es conocida por los informes policiales y judiciales publicados, aunque el presidente de la comisión, Raúl Acosta (AHI), considera que es el CGPJ la única institución que puede certificarlo.

Entre esa documentación se encuentra, como pidieron los grupos que apoyan al Gobierno (CC, PP, ASG y AHI), la "copia de todos los expedientes íntegros de compra de material sanitario o prestación de servicios sanitarios" a, entre otras, las empresas RR7 -un millón de mascarillas por un importe de cuatro millones sin que se hiciera entrega del suministro y otros tres contratos, por valor de 13,7 millones de euros, que no tuvieron autorización del Consejo de Gobierno-, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas -dos contratos por 6,8 millones con la empresa vinculada a Koldo García, el exasesor y persona de confianza del exministro José Luis Ábalos- y Damco Trading Services y Tanoja Services -adjudicatarias para suministrar mascarillas y test por 15,8 millones en 2020 y 7,1 millones en 2021-.

La solicitud al CGPJ se debe a que éstos y otros contratos aprobados por el Servicio Canario de Salud están siendo investigados por una unidad de la Policía Judicial por encargo de la Fiscalía Anticorrupción de Europa, para determinar si hay pruebas para iniciar un procedimiento independiente por presunta malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa de 31,9 millones de fondos europeos gastados en 23 expedientes de compra de material sanitario entre 2020 y 2021. Además, esta institución, que es un órgano independiente creado para investigar casos de posible fraude relacionados con el presupuesto de la Unión Europea (UE), reclamó el pasado 30 de mayo investigar toda la presunta trama en Canarias, Baleares y los ministerios, lo que podría afectar a la comisión de la Cámara regional.

Localizar a los comparecientes

De manera paralela a la petición al CGPJ, la Mesa de la Comisión de investigación también solicitó a los servicios jurídicos del Parlamento que localice a la totalidad de las 73 personas que los grupos quieren que comparezcan en la Cámara regional. Entre ellos está el propio Koldo García, el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, todos los responsables del Servicio Canario de Salud (SCS), el exvicepresidente Román Rodríguez y los exconsejeros Julio Pérez (actual miembro del Consejo Consultivo), Blas Trujillo, Teresa Cruz, Noemí Santana, Yaiza Castilla, Manuela Armas y el vigente portavoz parlamentario socialista Sebastián Franquis, el presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco y todos los auditores que participaron en el informe de fiscalización sobre la contratación pública de material sanitario que elaboró Fernando Figuereo y que fue rechazado por el organismo auditor.

Además, también será llamado el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria y de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) durante la pandemia, Agustín Manrique de Lara, el diputado del PP Carlos Ester y los máximos representantes de ASJ SAU, Carlos Sánchez, y OneAirways, Óscar Trujillo, "el bróker aéreo que utilizó el Gobierno de Canarias para resolver los problemas de transporte que tuvieron algunas empresas para trasladar material sanitario" al Archipiélago.

El miércoles, 5 de junio, se volverá a reunir la Mesa para "subsanar" las salvedades detectadas en las solicitudes de comparecencias y el 7 de junio se aprobará el plan de trabajo y el calendario de comparecencias. Las previsiones de Acosta son que la primera de ellas se lleve a cabo el 1 de julio y que, hasta el 25 de ese mismo mes, puedan comparecer las primeras 14 personas.