Emergencia climática | Decreto urgente de modificación de la Ley de Cambio Climático

El PSOE exige a Zapata que dé marcha atrás y tramite como ley el decreto de cambio climático

Alicia Vanoostende asegura que la propuesta de reforma "tiene más folios que la propia ley"

El consejero defiende que la emergencia climática exige celeridad

Imagen de un parque eólico.

Imagen de un parque eólico. / E.D.

Salvador Lachica

Salvador Lachica

La modificación de la Ley de Cambio Climático vía decreto de urgencia ha provocado un calentamiento global político. Apenas dos días después de la decisión adoptada por el Consejo de Gobierno de proceder al cambio urgente de la norma aprobada en la anterior legislatura y tan solo 24 horas después de que el consejero Mariano Hernández Zapata expusiera en sede parlamentaria los pormenores de la modificación, desde el PSOE han salido en tromba tanto su antecesor, el ahora senador José Antonio Valbuena, como la portavoz parlamentaria del área, Alicia Vanooestende: "vamos a exigir que una modificación de tal calado se tramite como proyecto legislativo".

"Se van a modificar 82 artículos y 12 disposiciones, además de que se añaden 18 nuevas, y todo eso sin un informe del Consejo Consultivo y sin pasar por el proceso de información pública. No parece una reforma menor, hasta el punto de que el decreto tienes más folios que la propia Ley", insiste.

Vanoostende asegura en que "si los cambios son para mejorar esta Ley, los apoyaremos pero si su objetivo es cargarse la ley, nos opondremos con rotundidad".

Por ello, insiste en que se tramite como proyecto legislativo y advierte de que "no vamos a dejar de pelear para que no fulminen el proceso legislativo más participado de la historia de Canarias".

Vanoostende asegura que se modifican un total de 82 artículos y 12 disposiciones

Por su parte Valbuena, que es el más directamente interpelado al haber sido el consejero responsable de la Ley que ahora quiere modificar el Gobierno que preside Fernando Clavijo, criticó que el actual gabinete "quiere acabar con la ley más participada de la historia a través de un decreto redactado a escondidas de la ciudadanía y al dictado de unos pocos interesados".

"Utilizan como excusa la urgencia de incorporar los acuerdos de la comisión bilateral con el Estado, que se aprobaron en junio del año pasado, cuando han tenido un año para hacerlo", concluyó.

El planteamiento del consejero Zapata es radicalmente contrario: "no hay tiempo que perder, tanto por la emergencia climática y la baja penetración de renovables, como por los efectos del cambio climático. Somos prácticos y modificamos una norma ya creada" con la vista puesta en que esté validada por el Parlamento antes del mes de agosto.

Además, niega las críticas socialistas al insistir en que "ha habido participación y sigue habiendo, hemos mantenido más de 50 reuniones con los agentes implicados, con los cabildos y municipios, para encontrar soluciones útiles y asumir los planteamientos del Estado, que advirtió que algunos artículos podían tener vicio de inconstitucionalidad".

Los socialistas temen que la idea sea «fulminar» el texto legislativo del ‘pacto de las flores’

"Lo que no necesitamos son más trámites burocráticos", concluyó el consejero.

"Se han reunido con quienes les ha interesado reunirse y han manifestado un total desprecio por la participación pública", concluyó Vanoostende.

El nuevo decreto, según expuso Zapata, crea la Comisión Canaria de Acción Climática y Energía, que se regula en el propio texto sin tener que esperar a un posterior desarrollo reglamentario, crea zonas de aceleración de renovables, agiliza proyectos de adaptación a los efectos de cambio climático como olas de calor o subidas del nivel del mar, exige incorporar nuevas zonas verdes en los municipios y crea un plan formativo para impulsar el empleo en sectores clave en transición energética.

Asimismo incluye la posibilidad de poner en manos de los ciudadanos un 20% de los nuevos proyectos de renovables de más de dos megawatios y obliga a todas las empresas del sector turístico, incluidas las viviendas vacacionales a inscribirse en el Registro Canario de Huella de Carbono. Además, el decreto incluye crear una empresa pública que podría generar energía o participar en proyectos de terceros con el fin de reducir la actual factura de 36 millones de euros anuales que abona la comunidad autónoma.

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