El bono al alquiler para los jóvenes canarios, sin convocatoria en 2024, a la espera de nuevos Presupuestos estatales

Pablo Rodríguez confirma que esta medida para ayudar a que los jóvenes se emancipen está bloqueada por la prórroga de las cuentas estatales y se reúne con la ministra de Vivienda el 2 de julio para buscar soluciones

La ayuda de 21, 2 millones en 2022 y 2023 benefició a 3.000 jóvenes con subvenciones de 6.000 euros

Pablo Rodríguez en la comisión parlamentaria de este viernes.

Pablo Rodríguez en la comisión parlamentaria de este viernes. / Lp

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, confirmó este viernes en el Parlamento canario que en 2024, o al menos por ahora, no tienen prevista una convocatoria nueva del Bono Alquiler Joven porque los recursos dependen de los Presupuestos del Estado y estas cuentas están prorrogadas. "El Ministerio no sabe todavía si va a ser posible articular una partida para este año 2024", explicó.

No obstante, adelantó que el 2 de julio tiene una reunión bilateral con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para buscar una solución. El consejero recordó que esta situación ha sido objeto de debate en las conferencias sectoriales de vivienda, es decir, todas las comunidades autónomas están en la misma situación que Canarias porque este bono ha sido bien recibido en el resto de autonomías.

Reiteró que no hay convocatoria porque no hay presupuesto. "Desde que haya presupuesto, desde que el Estado lo articule o bien a través de un Real Decreto o bien a través de unos nuevos presupuestos, podremos tener una convocatoria", aseveró.

3.000 beneficiarios y ayudas de 6.000 euros

El bono de alquiler joven es una medida que se aprobó en el año 2022, que forma parte del plan estatal de acceso a la vivienda. Es uno de los instrumentos que establece el Estado en su política de vivienda, remarcó este viernes Pablo Rodríguez, y que se gestiona a través de las comunidades autónomas.

En el caso de Canarias, han sido 21,2 millones de euros en dos anualidades, 2022 y 2023 -10,6 millones anuales-, y en estos dos años los beneficiarios han superado ya las 3.000 personas, con lo cual es una medida que ha tenido bastante apoyo, insistió el consejero.

Se trata de una ayuda total de seis mil euros repartida en 24 mensualidades y se abona trimestralmente previa justificación de los pagos del alquiler, arrendamiento cuyo precio máximo será de 600 euros y de 300 euros cuando se trata del alquiler de una habitación.

Rodríguez afirmó, además, que van a pedir que la cuantía máxima se adapte al territorio de Canarias desde el momento en el que se tenga una nueva convocatoria porque con un alquiler de 600 euros, teniendo en cuenta la media del precio del arrendamiento en Canarias, son "plenamente conscientes de que limita muchísimo la posibilidad de que los jóvenes se puedan emancipar".

El Gobierno canario tramita eliminar los sorteos en la adjudicación de viviendas

Pablo Rodríguez también expuso este viernes que la semana pasada firmó el inicio de la tramitación para modificar el decreto que regula el sistema de adjudicación de vivienda pública y eliminar del mismo los sorteos.

El decreto 138/2007 "no da respuesta a las necesidades reales" en materia de vivienda y, por lo tanto, será objeto de modificación, y entre las novedades más destacadas está la eliminación de los sorteos, que "no es lo más justo", remarcó.

De este modo, se baremarán las circunstancias de los posibles beneficiarios tanto en primera como en segunda adjudicación de vivienda protegida en sus diferentes modalidades, "pensando en darle prioridad a quienes más lo necesitan".

"Un sorteo puede ser transparente, ante notario, pero no es lo más justo", ha insistido Pablo Rodríguez, quien espera que "muy pronto, este año, sea una realidad" el cambio del decreto, que homologaría a Canarias con otras comunidades autónomas como Madrid o Asturias.

El consejero también aclaró, a preguntas de la diputada del grupo Popular María Isabel Saavedra, que las segundas adjudicaciones de vivienda protegida se realizan de manera directa para situaciones de "extrema necesidad" que ha de ser acreditada por los servicios sociales municipales.

Saavedra se quejó de la escasa rotación de la vivienda protegida en Fuerteventura, con el último precedente en Tuineje en 2014, mientras que el número de demandantes no deja de aumentar, al igual que en el resto del archipiélago, donde se superan los 25.000.