Defensa arguye la situación fronteriza de Canarias para no ceder los cuarteles

Las instalaciones de La Palma sí se cedieron durante la crisis del volcán

El Gobierno canario no encuentra espacios para acoger a más menores migrantes

Llegada de un cayuco al sur de La Gomera, entre ellas cuatro niños.

Llegada de un cayuco al sur de La Gomera, entre ellas cuatro niños. / Alberto Valdés/ Efe

Isabel Durán

Isabel Durán

El Ministerio de Defensa se escuda en la situación fronteriza de Canarias para negar al Gobierno regional la cesión de cuarteles para acoger a niños y adolescentes migrantes que llegan a las Islas sin el apoyo de un familiar. La negativa llegó a través de una carta en la que se exponía que las instalaciones deben estar operativas, porque cumplen una función táctica y logística ante situaciones de crisis o emergencias. Así, el Ministerio de Margarita Robles no entiende que el Archipiélago vive una situación de emergencia humanitaria con 5.661 jóvenes bajo la tutela del Ejecutivo autonómico, a la espera de que, previsiblemente, la cifra aumente durante los próximos meses. 

El Gobierno de Canarias pidió colaboración a Defensa para contar con los cuarteles del Marqués de Herrera, en Lanzarote; el Anatolio Fuentes, en El Hierro; y El Fuerte, en La Palma, que sí se utilizó para acoger a los evacuados durante la erupción del volcán de La Palma. Además de solicitar las instalaciones militares, la Consejería de Bienestar Social busca a la desesperada nuevos recintos para reconvertirlos en centros de acogida y ya ha iniciado los trámites para comenzar la rehabilitación de los colegios en desuso. En este momento, hay 80 espacios abiertos en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote que acogen menores migrantes no acompañados. A lo largo del último año, la Consejería ha trabajado a marchas forzadas para dar respuesta a esta crisis y ha duplicado el número de centros.

Aunque Defensa niega a Canarias el uso parcial y temporal de sus instalaciones para albergar menores migrantes, sí las pone a disposición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para acoger a los adultos extranjeros, que son de competencia estatal. En cuatro acuartelamientos de Madrid, Murcia y Andalucía se han creado más de 4.000 camas para alojar a los migrantes derivados desde el Archipiélago.

La del Ministerio de Defensa es solo una más de las puertas en las que ha tocado Canarias para pedir ayuda con la gestión de los menores migrantes, con un resultado estéril. El reparto solidario de los menores entre todas las comunidades autónomas también ha fallado, pues en octubre se acordó repartir a 396 y, desde entonces, solo han salido 16. Una cifra ridícula, teniendo en cuenta que solo en los primeros días de este mes llegaron 250 niños. De manera que la solidaridad entre regiones tampoco ha resultado eficaz.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, calificó ayer «absolutamente insostenible» la atención de los menores y apuntó a la posibilidad de tener que montar carpas para alojarlos, convirtiéndose en «campamentos de la vergüenza». Clavijo apuntó que no se puede «engañar a la población», después de un año advirtiendo de la situación al Gobierno central.

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Malas previsiones

Desde hace seis meses, Canarias trabaja con el Gobierno central en el texto para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería que permitirá que el reparto de menores migrantes entre todas las comunidades sea obligatorio. Aunque el contenido ya está cerrado, aún queda por determinar la vía legislativa por la que se aprobará: real decreto ley o proposición de ley. El presidente autonómico lamentó que «los meses se han ido alargando y las negociaciones se han ido dilatando» y si se cumplen las previsiones del Ministerio del Interior, de aquí a final de año llegarán 70.000 migrantes más a Canarias.

Además de la acogida integral de los menores, Canarias asume en solitario la atención médica de los adultos migrantes mientras están en el Archipiélago. Por esto, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, exigió ayer al Ministerio de Sanidad «mayor implicación» del Estado pues, en los cinco primeros meses de 2024, el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha destinado 6,4 millones de euros a la atención sanitaria a la población migrante en las Islas. El Estado «debe compensar estos desequilibrios presupuestarios», afirmó Monzón.

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