Entrevista | Candelaria Delgado Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social: «Estamos en situación de guerra; esperamos 11.000 menores más y ya planeamos montar carpas»

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, pierde el sueño pensando cómo mejorar la vida de los más de 5.600 niños y jóvenes migrantes que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias y cómo hacer frente a las previsiones que apuntan que, a lo largo del año, llegarán a las Islas otros 11.000 menores más. La ayuda por parte del Estado y de las comunidades no llega y los recursos del Archipiélago se agotan.

Candelaria Delgado Toledo, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, en su despacho.

Candelaria Delgado Toledo, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, en su despacho. / Andrés Cruz

Isabel Durán

Isabel Durán

¿Cómo define la situación de Canarias con respecto a la acogida de los niños y adolescentes migrantes que llegan a las Islas sin el respaldo de un adulto?

Estamos en una situación de guerra. No nos quedan más edificaciones propias del Gobierno de Canarias en las que poder alojar niños. Ya hemos hablado con la Consejería de Educación sobre la posibilidad de readecuar los colegios desafectados para acoger menores en ellos. Estamos utilizando también instalaciones de los cabildos, de los ayuntamientos e, incluso, de la Iglesia, pero no podemos meter a estos niños en cualquier sitio. Este año comenzaremos la rehabilitación de dos infraestructuras propias que el anterior Ejecutivo dejó de mantener. Hay que hacer obras importantes y no van a estar listos en menos de seis meses. Para este tipo de infraestructuras, hemos pedido financiación tanto al Estado como a Europa. Estamos en una situación de emergencia y con las cifras actuales ya tenemos un déficit financiero de unos 86 millones de euros, pero los gobiernos de los países de origen y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aseguran que las previsiones de llegada en los próximos meses van a ser el doble o el triple de las del año pasado.

¿Por qué cuesta tanto derivar a los menores a otras comunidades autónomas? ¿Les faltan infraestructuras para acogerlos o les falta solidaridad?

Falta de solidaridad ninguna. A todas las comunidades autónomas se nos ha puesto un techo de gasto y no pueden acoger menores sin que se les dé financiación para abrir centros, sufragar las necesidades de los niños durante los años que tengan su tutela y para atenderles cuando llegan a la mayoría de edad. El Estado decretó la emergencia para gestionar a los migrantes adultos, que son de su competencia, al igual que hicimos en Canarias con los menores, para no tener que seguir estrictamente el procedimiento administrativo y poder ir por la vía de contratación de urgencia. Las comunidades recibieron el 31 de diciembre de 2023 el dinero que les correspondía para atender a los niños que se acordó derivar ese año y pretendían que en enero ya estuvieran abiertos los centros. Esto es imposible con un proceso de contratación normalizado. A esto se suma que hay comunidades autónomas como Madrid, por ejemplo, que se ha encontrado con impedimentos por parte de los municipios para abrir los centros. Además, hemos puesto sobre la mesa de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia la necesidad de actualizar los criterios de reparto establecidos en 2022, para ajustarlos al momento actual. Hay muchos problemas de base, pero las comunidades no se han negado a una modificación legal ni a acoger a más menores, el problema está en que no hay certeza de que vaya a haber financiación suficiente.

¿Esto va en la línea de lo que reclama el Partido Popular?

Van en línea de lo que acordó el Parlamento de Canarias, que pactó exigir financiación suficiente y la declaración de emergencia para poder abrir los centros más rápidamente. Además, en la moción que se aprobó en la Cámara regional por el Pacto por la Migración, que salió adelante con el apoyo de todas las fuerzas políticas excepto Vox, también se hablaba de la necesidad de convocar la Conferencia de Presidentes, porque este es un asunto de Estado y de las comunidades. Creemos que es importante contar con las autonomías y que se reúnan con el presidente Pedro Sánchez para analizar la situación y exponer las fórmulas que se pueden seguir para que esto no se convierta en un problema. El Gobierno de España está abriendo centros y trasladando a migrantes adultos a otras regiones sin contar con ellas.

¿Hay fricciones con el Gobierno de España para aterrizar estas peticiones?

No. Los partidos que firmaron el pacto en Canarias tenían el compromiso de buscar el consenso en el resto del territorio español, para que la nueva norma fuera aprobada por una amplia mayoría. Y ese trabajo es el que se está haciendo. La Comisión Interministerial de Migraciones todavía tiene que aprobar el texto definitivo y después hay que llevarlo al Parlamento. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, convocará en breve a los portavoces del Parlamento regional para exponerles el texto.

Todavía falta por determinar si el artículo 35 de la ley de extranjería se modifica por decreto ley o como proposición de ley. ¿Confían en que salga adelante antes del verano?

La vía que nosotros proponemos es la del decreto ley, porque es la más ágil, aunque después se lleve a las Cortes para su convalidación y se trate como una ley. Así se lo hemos trasladado al ministro Ángel Víctor Torres, quien nos ha dicho que, en principio, esta podría ser la vía.

¿La reforma legal llegará a tiempo de aliviar la complicada situación que se prevé para los próximos meses?

Lo que Canarias ha pedido es que, sea por una vía u otra, la norma esté aprobada antes del verano. La reforma legal tiene que salir adelante. Si no, Canarias no puede seguir asumiendo las competencias de los menores migrantes.

Una vez salga adelante, ¿cuánto tiempo tardarán en empezar a ejecutarse las derivaciones y a sentirse el alivio de la presión en los centros de acogida?

Habrá dos fases. Como ya se ha sobrepasado más de 150% la capacidad de los centros de acogida de Canarias, los siguientes que vengan serían derivados automáticamente. Para empezar a repartir a los que están ya en las Islas hay un plazo de un año. 

¿Está conforme con el texto?

Todos los textos son mejorables. Es un acuerdo que nos puede servir para paliar la situación actual y ya trabajaremos para mejorarlo. Es un buen acuerdo para Canarias, aunque el cupo de 3.000 menores es muy elevado. Esta no es una ley para Canarias, es para todas las regiones que somos puerta de entrada, porque mañana puede cambiar el flujo migratorio y reactivarse otras rutas hacia la Península.

¿En Madrid se está priorizando el juego político a la correcta atención de los niños?

No creo que se haga, al menos conscientemente. Sí creo que hay una crispación política que no ayuda a los asuntos de Estado. Hablamos de asuntos que afectan a la vida de niños y niñas. Ahí es donde tenemos que poner el acento para llegar a acuerdos. El bienestar de los menores no puede entrar en el litigio político. 

¿Qué previsiones maneja para los próximos meses?

Esperamos a unos 11.000 menores más. Con lo que podríamos alcanzar la cifra de 17.000 menores en las Islas.

¿Cómo nos estamos preparando para hacer frente a ese escenario?

Ya planeamos montar carpas. Igual no nos queda otro remedio, porque no podemos dejar a los niños en el muelle. Por eso también hemos pedido recintos militares al Estado, porque ya están preparados y no se están usando o se está usando de manera parcial. ¿Si se pudo usar El Fuerte de La Palma durante la emergencia del volcán, por qué no se puede usar ahora? Esto es lo que no pude ser. Me enfada. Si el Estado no entiende que la situación de las Islas con los menores migrantes es una emergencia, tenemos un problema.

¿Cuál es la justificación del Ministerio de Defensa para negar el uso de estas instalaciones?

Que Canarias es frontera de Europa y tienen unas cuestiones militares que respetar. No los necesitamos para utilizarlos de forma permanente, estamos hablando de utilizarlos cuando no tengamos espacio para meter a los niños. Estamos hablando de una situación de emergencia.

¿Hay un plan sobre la mesa sobre dónde y cómo montar carpas en el caso de que las previsiones se cumplan?

Sí. Haremos lo que haga falta para atender a los niños. Si llegamos a esa situación vamos a tener que utilizar todos los medios disponibles.

Canarias lleva años diciendo que la red de atención a los menores migrantes está al límite, pero cada vez se hacen más esfuerzos ¿Dónde está el tope?

Ese límite no creo que tarde mucho en llegar. Ya no tenemos más recursos para acoger a más menores.

La acogida de niños migrantes está aportando beneficios a los municipios...

Hay alcaldes que cuando le hemos propuesto la creación de un centro en su municipio, lo han visto como una oportunidad para no cerrar escuelas y para mejorar sus dotaciones médicas. A mayor población, mayores servicios. Los centros crean empleo, porque se prioriza la contratación de personas de la localidad, y generan actividad económica en las empresas locales. A las otras comunidades autónomas les hemos explicado que hay que ver la migración como una oportunidad. La población está cada vez más envejecida y el índice de natalidad es menor. Vamos a necesitar a los migrantes, sí o sí. 

A la larga, de cara a la integración, ¿qué riesgos implica una mala gestión de la infancia migrante?

Existen muchos riesgos, pero tengo que destacar el buen trabajo que están realizando las entidades con los menores. Tenemos dos centros que sí son grandes, pero en el resto no hay grandes concentraciones y eso permite su buena integración. Hay chicos jugando en los equipos de fútbol, participando en las actividades de los carnavales de la localidad en la que están acogidos y de los colegios en los que están escolarizados. Su integración se está consiguiendo perfectamente y cuando ha habido algún problema aislado se les va a dar charlas y se hacen actividades con ellos.

El asesinato de un joven marroquí en un parque de Telde y la reyerta que se produjo pocos días después hizo saltar las alarmas sobre la situación de los jóvenes extranjeros que cumplen los 18 años y se quedan en la calle. ¿Cuántos chicos puede haber en esta situación?

Hay muchas entidades que trabajan con los extutelados, pero entrar en estos centros es algo voluntario. No tenemos una cifra de cuántos pueden estar en situación de calle, pero son casos muy aislados. Muchos de ellos, cuando consiguen sus papeles, se marchan a otras comunidades autónomas o a otros países de Europa, porque su objetivo no es quedarse en Canarias. Ya se está trabajando con los chicos implicados en los incidentes de Telde y ya están en diferentes pisos de extutelados.

¿El sistema de acogida para extutelados es suficiente?

Nunca es suficiente. Lo que hemos puesto sobre la mesa de la Delegación del Gobierno es que hay muchos chicos que cumplen los 18 a lo largo de este año, unos 2.000, y necesitamos que se agilice la tramitación de los documentos, para que cuando lleguen a la mayoría de edad, si quieren salir del centro tengan los papeles necesarios para trasladarse a donde quieran. También hemos hablado con embajadores de países como Senegal, para que agilicen los trámites de esa documentación. Nosotros hemos dado la directriz de que los jóvenes no pueden salir de los centros sin su permiso de residencia. 

¿Qué institución es responsable de los chicos que se quedan en situación de calle porque deciden no entrar en un programa de extutelados?

Los servicios sociales de los municipios en los que están.

¿Se ayuda a los ayuntamientos desde el Gobierno de Canarias o desde el Gobierno de España para la atención de estos jóvenes?

No. Por eso hemos solicitado al Estado que nos ayude a financiar la acogida hasta los 24 años. Esta medida que nos permitiría ampliar la red de acogida no sería solo para los migrantes, sino también para los jóvenes extutelados nacionales. Con los Fondos Sociales Europeos, que se nos aprobaron desde el año 2021, pero no se han utilizado desde entonces, vamos a sacar estas líneas de apoyo a extutelados. También hemos puesto en marcha el banco de acogimiento familiar y hemos pedido al Estado y a Europa que hagan un banco de familias, pero España dice que ese es un tema de las comunidades autónomas. Aquí hemos conseguido que los más pequeñitos, los menores de seis años, estén con una familia y no en centros de acogida.

¿Teme que la presencia de estos jóvenes en las calles derive en una mayor percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía y produzca chispazos de xenofobia?

Ese temor siempre existe, pero para eso es el Plan de Convivencia e Interculturalidad, que incluye acciones en todas las consejerías, cabildos y ayuntamientos. En Canarias tenemos un problema con el desempleo juvenil, pero se está trabajando en ello desde el Servicio Canario de Empleo y desde la Consejería de Educación, con la nueva FP dual. Este plan formativo, que es más bien de capacitación, después da la oportunidad de encontrar un empleo. Ellos llegan con el objetivo de trabajar, para poder ganar dinero y mandarlo a sus familias.

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