Torres apremia al PP para que dé una respuesta sobre los menores migrantes; advierte que no hay plan B

El Gobierno de España espera tener esta semana una respuesta de los populares sobre el texto para la reforma de la ley de extranjería

El ministro Ángel Víctor Torres, en la Delegación del Gobierno en Las Palmas

El ministro Ángel Víctor Torres, en la Delegación del Gobierno en Las Palmas / LA PROVINCIA / DLP

Isabel Durán

Isabel Durán

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, apremia al Partido Popular para a "manifestarse cuanto antes" sobre el texto propuesto para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería, que permitirá el reparto obligatorio entre todas las comunidades autónomas de los menores migrantes que llegan a Canarias sin el respaldo de un adulto. "Sin el PP no sale, todo el tiempo que se retrase no es responsabilidad del Gobierno de España", señaló Torres, colocando toda la responsabilidad en manos del vicepresidente canario, Manuel Domínguez, como responsable de recabar el apoyo de la cúpula nacional de su partido.

Torres espera que el 'sí' de los populares llegue a lo largo de esta semana, para que la reforma legal se convalide en las Cortes Generales a mediados de julio, ya sea por real decreto ley o como proposición de ley. "Esta es una semana definitoria", aclaró el ministro, durante un encuentro con los medios en la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias. Según reveló, el Ejecutivo central y el Gobierno de Canarias, acordaron el pasado 4 junio, que la tramitación del texto se haría con una lectura única y por la vía de urgencia. Aunque el contenido ya está pactado, todavía falta por determinar la vía legislativa por la que se aprobará.

El Gobierno de Canarias apuesta por un real decreto ley, mientras el Ejecutivo central aboga por una proposición de ley. La primera vía es más rápida, pues se aplicaría desde su aprobación en el Consejo de Ministros, aunque después tenga que ser convalidada por las Cortes en un plazo de 30 días; y si bien la segunda opción da más garantías legales, requiere buscar el apoyo de los grupos parlamentarios para lograr una mayoría simple en las Cortes Generales.

Sobre la posibilidad de que el PP de la espalda al texto, el ministro aseguró que no hay un plan B para aliviar la situación de los centros de acogida de menores migrantes del Archipiélago, donde ya hay 5.645 niños y adolescentes bajo la tutela del Gobierno de Canarias. A pesar de que las previsiones apuntan a que en los próximos meses podrían llegar a las Islas 11.000 menores más, el Gobierno de España, sostuvo Torres, no cuenta con otros mecanismos para ayudar a Canarias, pues la atención de los menores migrantes es competencia autonómica.

Financiación garantizada

Garantizar la financiación de la acogida de los niños en las regiones a las que sean derivados es una de las cuestiones que frena el apoyo del PP. Torres destacó que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mantenido varias reuniones con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para fijar importes. Además, apuntó que el texto aprobado incluye un apartado que señala que "se incluirán las medidas que se estimen necesarias para establecer una financiación suficiente" para aplicar el Plan de respuesta ante la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la infancia y adolescencia migrante no acompañada. "Me sorprende que el presidente del PP en Canarias hable de la financiación de otras comunidades, cuando es Canarias la que soporta la carga", afirmó Torres.

Según relató el ministro, después de seis meses de negociaciones, el domingo 9 de junio el Gobierno de España y Canarias llegaron a un acuerdo sobre el contenido del texto legal y, por esto, al día siguiente él mismo emitió un video comunicando que había terminado la primera fase del trabajo para modificar la norma y dar a conocer que se iniciaban las negociaciones con los grupos políticos. Este anuncio se produjo horas antes de que arrancara la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que participan todas las comunidades autónomas, y la información no fue bien acogida. Gran parte de las regiones criticaron la falta de transparencia e, incluso, se frenó el acuerdo para derivar a más menores migrantes de forma voluntaria.

Lealtad y discreción

La aprobación de la norma en el Congreso de los Diputados y en Senado requiere una mayoría simple pero, según Torres, "desde el primer minuto" se dijo que no se podía contar con el apoyo de las fuerzas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente. "Se dijo que el apoyo del PP es fundamental, porque es un asunto de Estado y porque afecta a las autonomías", señaló el ministro, quien recordó que los populares gobiernan en la mayoría de las regiones.

Durante la fase de negociación entre gobierno, ha habido "una lealtad absoluta" y se ha mantenido la discreción. Así, ahora insta al PP a mantener una voluntad constructiva y rechaza el tono empleado por Manuel Domínguez, que le acusó de querer "reventar" las negociaciones tras anunciar que el texto se había cerrado. "Lo único que hemos hecho es trabajar, las últimas semanas han sido muy intensas", sentenció Torres.

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