¿A qué obliga el acuerdo entre las fuerzas políticas canarias para el reparto de menores?

El pacto del Parlamento regional incluye la petición de financiación suficiente para las comunidades autónomas que acojan niños migrantes y la celebración de la Conferencia de Presidentes

Menor llegado en un cayuco a El Hierro en febrero de este año.

Menor llegado en un cayuco a El Hierro en febrero de este año. / Gelmert Finol / Efe

Isabel Durán

Isabel Durán

El Gobierno de Canarias y los portavoces de los grupos parlamentarios sellaron en abril un pacto para impulsar el cambio legal que permitirá hacer obligatoria la distribución de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas. Todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento canario, excepto Vox, firmaron el Pacto Canario de la Migración. El Gobierno de Canarias lleva ocho meses de negociaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para cerrar el texto que modificará el artículo 35 de la ley de extranjería.

Aunque el contenido de la norma ya está cerrado, aún queda por determinar la vía legal por la que se convalidará: real decreto ley o proposición de ley. La primera vía, la que defiende Canarias, asegura una rápida entrada en vigor, ya que solo necesita el visto bueno del Consejo de Ministros, aunque después tiene que ser convalidada por las Cortes en un plazo de 30 días. La apuesta del Estado es una proposición de ley, que ofrece más garantías jurídicas, pero requiere lograr el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso.

Además, quedan otros flecos por atar, como las garantías de financiación a las comunidades autónomas para hacer frente a los costes de la atención de los niños y adolescentes mientras estén bajo su tutela o la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. Pero, ¿a qué obliga el acuerdo entre las fuerzas políticas canarias para el reparto de menores?

Código Civil

Los grupos del Parlamento regional apoyaron la “propuesta de modificación del Código Civil y del protocolo marco en relación con determinadas actuaciones en materia de menores extranjeros no acompañados”, añadiendo un nuevo párrafo al artículo 172.1 del Código Civil para que sea el Estado quien distribuya la tutela de los menores no acompañados que entran a España por esta vía entre las distintas comunidades y ciudades autónomas españolas.

Gestiones

El pacto insta al Gobierno de Canarias a realizar "todas las gestiones oportunas" para la consecución de los objetivos propuestos en la comunicación con la Administración General del Estado, todos los territorios autonómicos, las Cortes Generales y, si fuese necesario, ante la Comisión Europea.

Celeridad

En la resolución se recoge que "se actúe con celeridad en la distribución" de los menores que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias, "para que se proceda a su acogida por parte de todas las comunidades autónomas con criterios objetivos, equitativos y cuantificables, y evitar así la tensión a la que se encuentran sometidos los recursos de acogida en las islas". Actualmente, hay 5.645 menores no acompañados en el Archipiélago, alojados en 80 centros de acogida, la mitad de ellos abiertos a lo largo del último año. También se propone que la distribución se haga con base en la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia para el período 2023-2030 y el modelo de gestión de contingentes migratorios de menores no acompañados perfeccionándolo y gestionándolo a través de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Financiación

Uno de los puntos claves de la resolución del Parlamento es que insta al Gobierno de Canarias a promover que, por parte de la Administración General del Estado, se cuente "con las asignaciones presupuestarias suficientes y estables que permitan a las comunidades autónomas financiar la tutela de los menores extracomunitarios no acompañados".

Información a la población

También se pide al Gobierno de Canarias "que haga todos los esfuerzos posibles en materia de comunicación" con el objetivo de "garantizar una información veraz" a la población residente en las Islas, para evitar acciones xenófobas y que ayude a comprender el momento migratorio que estamos viviendo, así como las posibles soluciones.

Encuentros con los grupos del Congreso

La resolución insta a la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Canarias a que se hagan los encuentros oportunos con las portavocías de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, con el fin de explicar la importancia de la modificación legal y de la dimensión de la atención de la inmigración irregular en Canarias. "Todo ello sin perjuicio del papel que le corresponde al Gobierno de Canarias en sus relaciones con el Gobierno de España", añade.

Conferencia de Presidentes

Según el acuerdo firmado, el Gobierno de Canarias debe solicitar al Gobierno de España la celebración urgente de una Conferencia de Presidentes –como máximo órgano político de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas–, para buscar consensos.

Comunicación

El contenido de la resolución aprobada por las fuerzas del Parlamento canario sobre "menores extracomunitarios no acompañados que acceden de forma ilegal al territorio español por los puertos y costas canarias en cayucos o pateras o bien son rescatados en alta mar por Salvamento Marítimo y desembarcados en los puertos canarios, así como sobre la necesidad de modificación del marco normativo actual que garantice su protección integral mediante su distribución en todo el territorio español" debe comunicarse al Gobierno de España y a las Cortes Generales para que se traslade a todos los grupos parlamentarios que las componen.

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