El Estado rechaza un nuevo convenio de aguas pese a la crisis hídrica en las Islas

Canarias apela a los acuerdos políticos sobre la agenda canaria y al Estatuto e insistirá en un “marco estable” de inversión estatal

El departamento de Teresa Ribera solo acepta acuerdos a través de las empresas estatales de gestión del agua

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (derecha), saluda al viceconsejero de Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (derecha), saluda al viceconsejero de Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo / Acfipress

Joaquin Anastasio

El Estado sigue cerrado en banda a la posibilidad de firmar un nuevo convenio de obras hidráulicas con Canarias pese a la emergencia hídrica en algunas de las Islas, y no toma en consideración el Protocolo que en materia de aguas firmaron ambas administraciones en 2018, que incluía una inversión estatal de 915 millones en diez años, pero que nunca se llegó a concretar. El Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, mantiene su idea de que su aportación financiera en esta materia tendrá que vehicularse a través de convenios directos con las sociedades estatales de gestión del agua, y no mediante el convenio convencional que garantice una planificación y una financiación plurianual como solicita el Gobierno regional.

La última negativa a esta inversión directa del Estado en las infraestructuras del ciclo integral del agua en las Islas, que comporta 186 actuaciones para abastecimiento, drenaje, desalación de agua de mar, desalinización de aguas salobres, reutilización, riego, saneamiento de aguas residuales, captación de aguas subterráneas, transporte y almacenamiento, la expresó este miércoles el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al viceconsejero de Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, en una reunión de cerca de dos horas en Madrid. Lorenzo calificó el encuentro de “agridulce” en tanto que, pese al rechazo del Ministerio a las pretensiones iniciales de renovar el convenio anterior, consideró que “hoy se ha abierto un camino para negociar un marco de financiación adecuado a las necesidades que tenemos actualmente en Canarias, y que están agravadas por la crisis climática y la emergencia hidráulica declarada en algunas islas”.

Siete consejos insulares

El viceconsejero explicó que había expuesto al secretario de Estado “la singularidad que tenemos por ser un territorio insular, fragmentado, con siete organismos de gestión de cuencas, con siete consejos insulares de agua que tienen su capacidad de gestión y de planificación”, y que todo ello exige “un marco de financiación adecuado que no tenemos ahora”. La respuesta del departamento de Teresa Ribera, según comentó Lorenzo, ha sido la de “acometer muchas de estas infraestructuras a través de la firma con sociedades estatales como Acuaes (Aguas de las Cuencas de España. SA)”, el organismo que gestiona directamente las obras hidráulicas de interés general y que excluye de sus actuaciones inversiones directas como las que requiere un convenio plurianual. Serían en muchos casos actuaciones concertadas y cofinanciadas con administraciones territoriales como las que se están negociando, en el caso de Canarias, con algunos ayuntamientos y cabildos.

“Entendemos que más allá de esa vía, que es plausible y que ya existe, tenemos que ir a vías extraordinarias que nos permita atender situaciones de emergencia que tenemos vinculadas con la gestión del ciclo integral del agua en Canarias”, expuso Marcos Lorenzo. “El objetivo inicial es intentar un convenio como el que se firmó en 2008 y que se intentó reeditar en 2018 cuando se firmó un Protocolo de intenciones, que se publicó en el BOE y que de hecho se produjeron algunas reuniones para intentar plasmarlo en tres convenios”. “No entendemos muy bien por qué tras el cambio de Gobierno en 2019 se abandonó durante cuatros años esa vía para un nuevo convenio con un marco temporal, porque necesitamos una fiabilidad presupuestaria”, recalcó el viceconsejero.

En todo caso, Lorenzo aseguró que “el Gobierno de España tiene que cumplir con Canarias en materia hidráulica”, apelando, por un lado, al acuerdo de gobernabilidad entre CC y el PSOE en el Congreso, sino también a la “obligación” del Estado sobre la base de lo establecido en el Estatuto de Autonomía, a la Ley de Aguas de Canarias, y la Ley de Aguas del Estado. “Las tres normas reconocen el derecho especial de las Islas en materia de aguas, y establecen muy claramente la obligación del Estado de financiar las obras de interés general con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”, resaltó Lorenzo.

Inicio de negociación

El viceconsejero no quiso precisar en que se traduciría en términos presupuestarios la diferencia entre la fórmula de financiación que propone el Estado respecto de la del convenio que exige Canarias, asegurando en este sentido que “más que cantidades, que en el convenio que planteamos rondaría unos 900 o 1.000 millones en diez años, lo que nosotros no vemos colmadas son nuestras aspiraciones en cuanto a la fórmula de ejecución y disposición de esos fondos”. En todo caso, insistió en que “este es el inicio de una vía para poder llegar a un acuerdo coherente y ajustado a las necesidades que tenemos de financiación.

Fuerteventura y Tenerife han han declarado formalmente la emergencia hídrica, Lanzarote sufre una grave crisis de producción y distribución de agua, y la sequía empieza a pasar factura en todo el Archipiélago, también en las islas verdes”, ha reiterado el viceconsejero, quien considera que “en este contexto el Gobierno de España tiene que asumir su responsabilidad, y cumplir las voluntades firmadas en diciembre del año 2018 y publicadas en el BOE”.

Respecto a las cantidadess comprometidas para este mismo año, Lorenzo aseguró que “ya se había asumido el compromiso por parte de la ministra de Hacienda, y confirmado en la reunión de hoy, de 20 millones para el ciclo integral del agua”, más la posibilidad de incrementarlo en 16 millones “para hacer frente a las pérdidas hidráulicas en las redes en elementos vinculados al ciclo integral”, reseñando que estas infraestructuras “se encuentran obsoletos y tenemos que hacer una inversión importante de la mano de los ayuntamientos y de los cabildos”.

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