La financiación enfría el acuerdo para el reparto de menores migrantes

Torres garantiza que habrá ficha financiera y el PP pone en duda la palabra del Gobierno

Un grupo de migrantes llegados el sábado a El Hierro hacen cola junto a una carpa para ser atendidos.

Un grupo de migrantes llegados el sábado a El Hierro hacen cola junto a una carpa para ser atendidos. / EFE

I. D.

El PP de Alberto Núñez Feijóo se enroca en su discurso de que el Gobierno de España busca culpar a las comunidades gobernadas por los populares de falta de solidaridad con el reparto de menores migrantes no acompañados que se abordará este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará en Tenerife. El PP sigue manteniendo en el aire su apoyo a la medida y se agarra a la falta financiación estatal para atender a los niños que sean derivados a las regiones, poniendo en duda la palabra del Ejecutivo de Sánchez, que ha reiterado en varias ocasiones su garantía de que existe una ficha financiera, aunque todavía no la ha detallado públicamente. 

El objetivo de la reunión es exponer a todas las autonomías el contenido del texto pactado entre Canarias y Estado para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería, que hará obligatoria la derivación de niños y jóvenes migrantes cuando la red de acogida de una comunidad esté a un 150% de su capacidad. En este momento, en Canarias hay cerca de 5.700 menores bajo la tutela del Ejecutivo regional y se ha estipulado que en las Islas hay 2.000 plazas estables. Con estas cifras, cerca de 2.700 niños deberían trasladarse a otros puntos del territorio nacional para garantizar sus derechos y ofrecerles una correcta atención. Hasta ahora, siete regiones han anunciado que estarán presentes en la conferencia sectorial, entre ellas, Castilla y León, Extremadura y Murcia, gobernadas por el PP en coalición con Vox, así como Andalucía (PP), Cataluña (ERC), Castilla-La Mancha (PSOE) y Navarra (PSOE-Geroa Bai-Contigo Navarra).

Fuentes del PP, consultadas por Europa Press, advierten de que si el Ejecutivo de Sánchez quiere alcanzar un acuerdo debe poner medios y recursos encima de la mesa porque los centros habilitados por las comunidades autónomas están «saturados». De hecho, el líder del PP nacional ya reclamó públicamente esta semana límites a la acogida. Los populares critican que la única solución que ofrece el Gobierno sea repartir por todo el territorio nacional a los menores llegados en cayuco o patera a Canarias «como si fueran paquetes». 

Los de Feijóo también se escudan en la falta de diálogo con las autonomías. «No se está llamando a los ‘barones’ del PP», se quejaba estos días un miembro de la cúpula popular, advirtiendo que el Ejecutivo no está allanando el camino para buscar el consenso cuando es el que debe «mover ficha». En este contexto, las fuentes consultadas enfrían la posibilidad de un pacto sobre el reparto de menores en el encuentro del miércoles si el Gobierno no lo acompaña de la financiación pertinente. «Si el Gobierno toma en serio la conferencia habrá acuerdo. Si va a burlarse, será difícil», han señalado fuentes de la formación.

Desde el entorno del Feijóo destacan que es el Ejecutivo de Sánchez el que «ha de poner de acuerdo a los territorios» porque la inmigración «no es una cuestión de políticas orgánicas» de partido sino de «políticas institucionales». «Ésa responsabilidad es del Gobierno de España, no es de Génova», afirman desde el partido.

La aprobación de la modificación de la ley de extranjería no depende de las autonomías, ya que quien legisla son las Cortes Generales. Lo que sí es necesario para sacar adelante el texto es el respaldo de una mayoría cualificada en el Congreso. Por esto, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, junto al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, llevaron a cabo una ronda de contactos con los grupos de la Cámara Baja, con la que pretendían sumar apoyos. No obstante, la solidaridad de las autonomías es necesaria para que los partidos políticos decidan respaldar el cambio legal y evitar conflictos internos. 

El Gobierno de Melilla se sumó ayer a Canarias apelando a «la solidaridad». El vicepresidente primero de Melilla, Miguel Marín (PP), manifestó que la posición de la ciudad «es histórica», porque se trata de un fenómeno que ha vivido durante años. Por esto, subrayó que «es importante apelar a esa solidaridad de todas las comunidades autónomas, «sin excepción», en clara referencia a aquellas en las que su partido gobierna en coalición con Vox, pues los de Abascal han expresado reiteradamente su oposición al reparto.

La Diputada del Común, Lola Padrón, se reunió la semana pasada con representantes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias (CEAR) para conocer de primera mano su trabajo y perspectiva con respecto a las personas migrantes o necesitadas de asilo y refugio. Desde la Diputación del Común se está recabando información y realizando una ronda de contactos con las organizaciones que trabajan con las personas migrantes en las islas para tener un mapa general de las actuaciones que se están llevando a cabo. A raíz de la denuncia recibida sobre la situación de los menores no acompañados en Lanzarote, y admitida a trámite, Lola Padrón ha abierto una actuación de oficio.