Crisis migratoria | Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia

Las comunidades aceptan el reparto voluntario y estudiarán el texto de la ley de extranjería

El Gobierno de España sigue adelante con la tramitación de la reforma legal y llevará el texto al Congreso en los próximos días

Última hora: la crisis migratoria en Canarias, al detalle: llegadas, reparto de menores, juicios y acogida

Declaraciones de la Consejera Canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, en la conferencia sectorial sobre el reparto de menores migrantes

Arturo Jiménez | Foto: Andrés Gutierrez

Isabel Durán

Isabel Durán

Solidarios, pero no tanto como para aceptar la modificación de la ley de extranjería que permitiría el reparto obligatorio de los niños y adolescentes migrantes que llegan a Canarias sin el respaldo de un familiar adulto. Los consejeros de Derechos Sociales de las comunidades autónomas conocieron el texto legal pactado entre el Gobierno canario y el Estado solo horas antes del inicio de la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebró esta tarde en Tenerife.

Por este motivo, han alegado que no han tenido suficiente tiempo para valorar su contenido y han pedido un plazo para estudiarlo. Sobre todo, porque el capítulo que sigue generando más dudas es el de la financiación. El apoyo de los gobiernos autonómicos no es necesario para tramitar la reforma legislativa, pues depende de las Cortes Generales. No obstante, el respaldo o el rechazo de las comunidades condicionará la decisión de las fuerzas políticas que las dirigen a la hora de votar en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

Al salir de la reunión, que se prolongó más de cuatro horas, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, volvió a colocar la pelota en el tejado del Partido Popular. «Los gobiernos autonómicos presididos por el PP, excepto el de Ceuta, han dicho que no se pronuncian. Hemos informado sobre el texto legal porque nos lo pidieron ellos y porque la medida requiere de la colaboración de las comunidades», señaló el ministro, quien recordó que aunque la competencia sobre los menores es de las autonomías, «el Gobierno de España ha puesto una solución sobre la mesa». Ahora, añadió, son los populares los que se tienen que pronunciar, puesto que la norma seguirá los cauces legislativos y el Gobierno central la promoverá en el Congreso en los próximos días para tramitarla como proposición de ley.

El Ejecutivo canario insiste en que la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería debería tramitarse por decreto ley, para agilizar su entrada en vigor y poder aliviar el colapso de los centros de acogida del Archipiélago, que están a un 300% de su capacidad. «Canarias necesita una respuesta ya», afirmó tajante la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado (CC). El decreto ley es la más rápida, pues se aplicaría desde su aprobación en el Consejo de Ministros, aunque después tenga que ser convalidada por las Cortes en un plazo de 30 días. Tras la reunión, Delgado insistió en que la situación del Archipiélago es insostenible y necesita «ya» una respuesta por parte del Estado. 

El día 23 de julio es una fecha clave, pues se celebra el último pleno del Congreso en el que se podrá abordar la reforma legal antes del verano, cuando es previsible que aumente el ritmo de llegadas de pateras y cayucos a las costas isleñas por la mejora de las condiciones meteorológicas. Si la proposición de ley no logra una mayoría cualificada en la Cámara Baja, Canarias tendrá que afrontar en solitario el más que previsible repunte de la llegada de migrantes a bordo de cayucos y pateras. 

Lo que sí salió adelante es el reparto de 400 menores -347 procedentes de Canarias y 53 de la Ciudad Autónoma de Ceuta- por todo el territorio nacional. Esta vez sí hubo quórum sobre el traslado voluntario que quedó bloqueado en la anterior conferencia sectorial, celebrada hace un mes.Todas las comunidades votaron a favor de las derivaciones, excepto Cataluña, que se abstuvo. El rechazo a esas derivaciones estuvo marcado por el anuncio que hizo el ministro Torres de que se había alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Canarias sobre el texto legal para cambiar el artículo 35 de la ley de extranjería. Ese pacto bilateral levantó ampollas entre las regiones, que prefirieron esperar a conocer los términos del acuerdo antes de aceptar la acogida de más menores.

Este reparto, que va aparejado a una ficha financiera de 20 millones, es solo un parche que no soluciona la situación de colapso que vive el sistema de acogida de las Islas, donde hay 5.645 menores migrantes en situación de desamparo bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Según los criterios de reparto acordados en el mismo foro en el año 2022, Cataluña recibirá a 31 niños y adolescentes, siendo la comunidad autónoma que más menores recibiría. Le siguen Extremadura, Madrid y Andalucía, con 30; Cantabria, con 29; Galicia, con 26; y Asturias, con 24. Las regiones que menos chicos acogerían serían La Rioja (4), Baleares (10), Navarra (15) y Murcia (16). A estos 347 que se repartirán por todo el territorio nacional, hay que sumar a 40 que le corresponden a Canarias y otros 13 que se queda Ceuta.

Hasta ahora, este sistema de reparto solidario ha fracasado. En los últimos diez meses, solo han salido de Canarias 32 menores -16 de ellos a Aragón y otros 16 a Asturias-, lo que supone que solo se ha cumplido con un 10% de los traslados pactados en 2023, cuando las comunidades acordaron acoger a 339 niños migrantes procedentes de Canarias. Con Ceuta, ha cumplido Andalucía, que recibió a 30 chicos provenientes de la ciudad autónoma. En cuanto al acuerdo de 2022, un total de 378 menores migrantes tenían que ser trasladados a las comunidades, de los que faltan aún 150, es decir, el 40% de los niños, niñas y adolescentes que fueron acordados con el Ejecutivo. Desde 2021, en las Islas hay ocho jóvenes pendientes de su traslado a País Vasco y otros 18 a Baleares.

Además de los consejeros de Derehos Sociales de las 17 comunidades y de las dos ciudades autónomas, también estuvieron presentes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como responsables del acuerdo bilateral entre Canarias y el Gobierno central para reformar la ley de extranjería.

Torres, quien además coordina la Comisión Interministerial de Migraciones, volvió a colocar la pelota en el tejado del Partido Popular. “Los gobiernos autonómicos presididos por el PP, excepto el de Ceuta, han dicho que no se pronuncian. Hemos informado sobre el texto legal porque lo ha pedido el PP y porque la meida requiere de la colaboración de las comunidades”, señaló el ministro, que recordó que aunque la competencia sobre los menores es de las autonomías, "el Gobierno de España ha puesto una solución sobre la mesa". Ahora, añadió son los populares los que se tienen que pronunciar, porque la norma seguirá los trámites legislativos y la llevarán al Congreso en los próximos días.

El encuentro estuvo presidido por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien nada más salir explicó que el mecanismo de reparto voluntario se ha desbloquedo, pero "no es suficiente", porque este sistema no se adapta a las necesidades de la situación actual. "La situación migratoria es diferente a la que existía cuando se pactó este sistema", apostilló la ministra.

Visita centro de menores

El Gobierno de Canarias organizó a mediodía una visita a un centro de acogida de niños y adolescentes migrantes, para que los consejeros de Derechos Sociales de las autonomías que asistieron a la sectorial pudieran conocer de primera mano la realidad que se vive en estas residencias. Rego afeó que a este acto no asistiera ningún representante de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. "Señor Feijóo, antes de valorar qué hace con respecto a la reforma de la ley de extranjería, venga a un centro de menores y mire a los ojos a uno de los niños que están solos y en situación de desamparo", declaró Rego minutos antes de iniciarse la reunión. En las Islas hay 80 centros de acogida para atender a los más de 5.600 niños y jóvenes. Tras el repunte registrado en la llegada de menores a partir de octubre de 2023, el Ejecutivo canario ha tenido que abri más de 50 recursos de acogida para no dejar a ningún niño en desamparo.

Los únicos consejeros del ramo que se trasladaron hasta el Archipiélago fueron los de Castilla y LeónExtremadura Murcia, gobernadas por el Partido Popular en coalición con Vox, unos pactos que están en la cuerda floja ante las discrepancias entre los socios por la acogida de niños y jóvenes migrantes; así como los de Andalucía (PP), Cataluña (ERC), Castilla-La Mancha (PSOE) y Navarra (PSOE-Geroa Bai-Contigo Navarra). El resto comparecieron de manera telemática debido a la falta de de conectividad con las Islas y al adelanto de la fecha de la reunión –estaba prevista inicialmente para el día 18 de julio– ante la emergencia humanitaria que vive el Archipiélago.

¿Cómo quedaría el artículo 35 de la ley de extranjería?

El texto que se presentó hoy a las comunidades autónomas contempla que el mecanismo de derivaciones obligatorias se active cuando el sistema de acogida de una comunidad autónoma esté a un 150% de su capacidad. Canarias cuenta con 2.000 plazas, con lo que al llegar a 3.000 menores habría que empezar a derivarlos a otras regiones. En la situación actual, habría que enviar a unos 2.500 niños a la Península.

Los criterios que seguirían para llevar a cabo el reparto serán los ya acordados por las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia en 2022, basados en datos de población, tasa de paro, nivel económico y dispersión territorial. Estas mismas pautas se han empleado desde entonces para reubicar a 774 niños extranjeros no acompañados procedentes de las Islas y de Ceuta.

El contenido del texto legal está pactado -aunque abierto a enmiendas-, pero todavía queda por determinar la forma legislativa por la que se aprobará. El Ejecutivo de Fernando Clavijo apuesta por un real decreto ley, mientras que el Gobierno de España aboga por una proposición de ley. La primera vía es más rápida, pues se aplicaría desde su aprobación en el Consejo de Ministros, aunque después tenga que ser convalidada por las Cortes en un plazo de 30 días; y si bien la segunda opción da más garantías legales, requiere buscar el apoyo de los grupos parlamentarios para lograr una mayoría simple en las Cortes Generales. El día 23 de julio es una fecha clave, pues a partir de entonces ya no sería posible tramitar la modificación legislativa antes del verano, cuando es previsible que aumente el ritmo de llegadas de pateras y cayucos a Canarias por la mejora de las condiciones meteorológicas.