CC y PP creen acreditado que las decisiones sobre las compras de la covid fueron "políticas"

El 8 de julio fue un día clave para CC y PP, los socios que conforman el Gobierno regional y los dos principales grupos parlamentarios que impulsaron la comisión que investiga las posibles compras irregulares durante la pandemia a cargo de la Comunidad Autónoma. Para ambas formaciones políticas ese día quedó constatado que las decisiones sobre a qué empresas adjudicar los contratos para mascarillas, guantes o los equipos de protección individual (EPI) "fueron políticas y en ningún momento se basó en recomendaciones de los expertos científicos". Esa es la conclusión a la que llegaron tanto el nacionalista José Miguel Barragán como el conservador Fernando Enseñat.

El motivo de esta convicción fueron las comparecencias de Lluís Serra, actual rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) y entonces portavoz del comité científico, y Beatriz González, experta en Economía de la Salud de la Ulpgc que también fue miembro de ese grupo de asesores. Ambos reiteraron a preguntas de los portavoces parlamentarios que el comité científico que asesoró durante la pandemia al Gobierno del ‘pacto de las flores’ que presidió el actual ministro Ángel Víctor Torres no tuvo nada que ver con las decisiones que llevaron al Servicio Canario de Salud (SCS) a suscribir contratos con determinadas empresas para adquirir material sanitario. Su tarea fue de mero "asesoramiento científico" ajeno a las posteriores decisiones del Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria del Ejecutivo que tomaba las decisiones para afrontar la pandemia, incluida la adquisición de todo el material sanitario necesario.

"Ahora ya sabemos que trabajaban de forma paralela, pero no mezclados. Se acabaron las excusas y de esconderse en la trinchera de que todas las decisiones sobre la compra, los contratos y la asignación de proveedores se hacían sobre la base de las decisiones de los científicos", asegura Enseñat.

"Si nos atenemos a lo que hemos oído de personas que estuvieron en ese comité, está claro que no participaban de las decisiones de la compra, pero ese día también nos enteramos de algo muy relevante que desconocíamos, como es el hecho de que los científicos y expertos elaboraban memorandos y hasta ahora se nos había dicho que no se levantaban actas de nada, que todo era verbal. Y, sabiendo esto ahora, vamos a solicitar esa documentación del comité científico y ya veremos lo que desvela la misma", completa el análisis Barragán.

Isturitz, Domínguez y Olivera

Se refiere el portavoz nacionalista al hecho de que Serra y González confirmaron que José Julián Isturitz, que en aquel momento era director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias y que fue el impulsor del 1-1-2 en las Islas, elaboraba en cada una de las reuniones unas notas con las aportaciones y las recomendaciones que posteriormente pasaba a Conrado Domínguez, que servía de enlace entre ambos comités y que en aquel momento era secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas aunque había sido director del SCS, un cargo que asumiría de nuevo meses después hasta que dimitió por su implicación en el ‘caso mascarillas’ que investiga la Fiscalía Europea.

"Todos tenemos esas notas", aseguró en su comparecencia en sede parlamentaria la experta en Economía de la Salud.

Por ese motivo, para Barragán "va a ser importante también a nuestro juicio lo que nos digan Isturitz y Domínguez cuando sean citados sobre cómo se transmitía esa información al otro comité".

El conservador Fernando Enseñat afirma que se ha desvelado que hubo trato de favor a RR7

Para el PP, otro hito de ese 8 de julio es que personas muy cercanas al presidente Torres, como el entonces viceconsejero de Presidencia y hombre de confianza del presidente, Antonio Olivera, "desde el primer momento tuvo contacto con proveedores cuando no tenía nada que ver con el SCS y ni siquiera estaba formado el comité de gestión".

Para Enseñat, fue "determinante" que Óscar Trujillo, el empresario responsable de OneAirways, asegurara que Olivera fue la única persona que contactó con él para proponerle que transportara al Archipiélago material sanitario desde Shangai. Nadie más del Gobierno habló con él. ¿Y por qué su empresa y no otra?, pues Trujillo respondió: "eso se lo tienen que preguntar a Olivera".

El PSOE destaca que se ha demostrado que "el comité de expertos funcionó bien" en pandemia

La tercera conclusión de importancia para los conservadores se produjo el 15 de julio, durante la comparecencia de Carlos Sánchez, director ejecutivo de la empresa ACJ, principal proveedor de material sanitario del SCS desde antes de la pandemia, cuando desveló que "había tantas empresas que querían cobrar y desaparecer que había un riesgo en la adquisición de los materiales que hubiera asumido ACJ si algún envío hubiera fracasado".

Para Enseñat, "está claro que había un trato preferencial que se daba a determinadas empresas, por ejemplo a RR7 o a Soluciones de Gestión, que no se le daba a proveedores habituales del SCS y que llevaban mucho tiempo trabajando con la Consejería de Sanidad".

Todas estas comparecencias tienen otra lectura para el PSOE, pues Nira Fierro afirma que tanto Serra como González, Trujillo y Sánchez demostraron que "aunque otros han buscado el espectáculo, el comité de expertos funcionó bien, que fue ejemplar, que las decisiones y las recomendaciones que ellos hacían se trasladaban al Consejo de Gobierno, que era donde finalmente se tomaban las decisiones durante toda la pandemia, y que Canarias cuenta con grandes científicos y empresarios que ayudaron a que las cosas salieran mejor que en otros sitios".

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