Canarias recuerda a sus menores robados durante el franquismo

Bajo las premisas de «verdad, justicia y reparación» Canarias se convirtió en 2019 en la comunidad pionera en aprobar una ley específica para resarcir a las víctimas -bebés y madres- de las desapariciones forzosas de menores desde 1936 hasta el año 2001. El 30 de agosto es el día oficial para recordarlas.

El robo de menores es una vulneración de un derecho humano fundamental: el que tiene cada persona a conocer la propia filiación y su exacta identidad, que son conceptos directamente ligados con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Así lo reconoce la ley 13/2019, de 25 de abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias que, además, establece en su disposición adicional segunda el 30 de agosto como el Día en Memoria de los Menores Robados y sus Familias.

Es por ello que, en homenaje y recuerdo de las víctimas de desapariciones forzadas, manifestamos hoy el compromiso del Gobierno de Canarias, de las asociaciones y colectivos que integran la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad y la Comisión de Memoria Histórica con el reconocimiento y reparación del daño causado.

La ley canaria reconoce como víctimas tanto a los bebés o menores robados como a sus madres biológicas y obliga a los poderes públicos -Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos- a realizar cuantas actuaciones sean precisas para la búsqueda de estos niños y niñas que fueron objeto de apropiación, desaparición forzada o sustitución de identidad. Entre ellas, garantizar el acceso a la documentación que obre en manos de los archivos y registros de las administraciones canarias y sus organismos dependientes.

Asimismo, es obligación de los poderes públicos promover medidas para evitar la repetición de fenómenos similares, no solo mediante campañas de información y sensibilización y actos de homenaje, sino también incluyendo en los contenidos curriculares de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y educación universitaria la divulgación de los acontecimientos del pasado y de los principios y valores que fundamentan una convivencia basada en el respeto, el pluralismo político, la defensa de la igualdad, de los derechos humanos y de la paz.

Se trata de visibilizar y no olvidar una realidad histórica que se sitúa en la etapa de la dictadura y primeros años de la democracia. Se trata también de garantizar y proteger el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño emocional que han venido padeciendo las víctimas durante décadas, esos niños y niñas que fueron robados a sus madres biológicas, a sus familias, y sustraídos de la vida que les habría correspondido vivir para ser asignados a otras familias por razones políticas, ideológicas, sociales o económicas.

Para ellos, que fueron objeto de esta denigrante sustracción, para sus madres -víctimas del robo más atroz -, para sus padres, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas… para todos ellos el paso del tiempo, lejos de cerrar heridas, las ha mantenido dolorosamente abiertas. El silencio impuesto en la dictadura se prolongó injustificadamente en democracia por la inacción de los poderes públicos; no así por parte de las víctimas que, de manera individual o a través de asociaciones y colectivos, han tratado durante años, con sus propias investigaciones, de arrojar luz sobre este episodio trágico y oscuro de nuestra historia.

Tal y como establece la Ley de Memoria Democrática, “la principal obligación del Estado en el desarrollo de políticas de memoria democrática es fomentar su vertiente reparadora, inclusiva y social” y, para ello, las políticas públicas deben “reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerable y fanática”.

La Ley de Memoria Histórica de Canarias reconoce que “la memoria no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silencio de los vencidos”. “El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes y nos protege de repetir errores”.

Estamos pues ante un deber moral, pero también legal, en el marco jurídico establecido por la legislación estatal y la autonómica. Por ello, y en cumplimiento de lo establecido en la ley canaria, el 29 de septiembre de 2022 quedó constituida la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad, de la que forman parte el Gobierno de Canarias, los cabildos (a través de la Fecam) y los ayuntamientos (a través de la Fecai) y las asociaciones que representan a las víctimas. 

La Comisión fue convocada por primera vez el 5 de marzo de 2024, y en esa sesión se puso de manifiesto, de manera inequívoca, la voluntad de las administraciones públicas canarias de ofrecer la máxima colaboración y los recursos adecuados para reconocer y reparar la injusticia que sufren desde hace ya demasiado tiempo las personas protagonistas de este trágico episodio de nuestra historia.

Para alcanzar este objetivo, y con el acuerdo unánime de todos los miembros de la Comisión, quedó trazada la hoja de ruta para dar cumplimiento a los requerimientos y objetivos de la Ley canaria sobre menores robados.

En esta continua construcción de una democracia sana y plenamente inclusiva, no podemos avanzar obviando que tenemos una deuda con las víctimas y sus familiares. Hoy, 30 de agosto de 2024, estamos aquí, por primera vez, para evitar el olvido, para manifestar nuestro compromiso en la reparación del enorme daño causado y para aprender del pasado con el propósito de no repetirlo.