La ‘guerra del piche’ entre Canarias y el Estado cumple 30 años sin treguas

En 1991, la Ley de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (REF) incluyó en su artículo 95 que, de conformidad con el artículo 138.1 de la Constitución Española y el artículo 54 del entonces vigente Estatuto de Autonomía de Canarias, "se considerarán de interés general a efectos de la inclusión de los créditos correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado, las obras de infraestructura que interconecten los principales núcleos urbanos de Canarias o las diferentes islas entre sí". Tres años después, en 1994, se firmó el primer Convenio de Colaboración, Coordinación y Apoyo para la Financiación y Ejecución de Obras de Carreteras en la Comunidad Canaria tras una dura negociación en la que el entonces consejero de Obras Públicas, Ildefonso Chacón, amagó al Estado con devolver las competencias en carreteras si el Gobierno central no financiaba las inversiones para mejorar la conectividad viaria en cada isla. 

Se cumplen, por tanto, tres décadas de una de las herramientas políticas y financieras que más conflictos ha generado entre ambos gobiernos. El último capítulo lo ha escrito el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que en una entrevista a LA PROVINCIA aseguró que "el problema de Canarias es que gestiona de forma ineficaz el dinero del Estado», motivo por el cual en la próxima negociación de la adenda del vigente convenio «vamos a vincular el dinero a proyectos que estén realmente en disposición de ser ejecutados en el plazo más inmediato posible". 

La reacción del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo no se hizo esperar y su portavoz y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, contraatacó: "No sé si se refiere a la anterior etapa del Gobierno liderada por su compañero del Consejo de Ministros Ángel Víctor Torres".

Lo cierto es que no fue esa la primera vez que el ministro Puente amagó con poner la lupa en la tercera adenda del convenio de carreteras tras recibir hace tres semanas las previsiones de ejecución por parte del Gobierno canario. Ya en su reciente visita a La Palma para firmar el 19 de agosto junto al presidente Clavijo el convenio de cesión de la carretera de la Costa avisó de que, «en algunos casos», las actuaciones previstas en materia de carreteras en Canarias "adolecen de una cierta baja ejecución".

Ildefonso Chacón amagó con devolver las competencias para lograr que España financiara las obras viarias en las Islas

Según los datos que aportó el consejero de Obras Públicas del ‘pacto de las flores’, Sebastián Franquis, a su sucesor, el nacionalista Pablo Rodríguez, en el traspaso de poderes tras las elecciones de mayo de 2023, de las 69 actuaciones previstas en el convenio actual ya estaban en marcha 42 -el 60% de las previstas- que sumaban una inversión comprometida de 788,7 millones de euros.

Franquis defiende que en la pasada legislatura se invirtieron 38 millones de euros en la elaboración y redacción de los referidos 42 proyectos, que desembocaron en 14 obras de carreteras: enlace de Chafiras-Oroteanda, la segunda fase de la Carretera de La Aldea, el cierre del Anillo Insular entre Santiago del Teide y El Tanque (240,3 millones de euros); el tramo Caldereta-Aeropuerto del eje norte sur de Fuerteventura (92 millones); la mejora del tramo Paredes-Alajeró-Aeropuerto en La Gomera (20,3 millones); la mejora del tramo La Punta-Tijarafe (49,3 millones), el falso túnel sobre la TF-1 en Las Américas (90,4 millones de euros) y la circunvalación de Arucas (21,1 millones).

Por lo tanto, el ‘pacto de las flores’, discrepa de Cabello y se cuelga la medalla de usar el 61,2 % de los recursos, dejando para el Gobierno CC-PP la gestión de 571,4 millones restantes.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible: "El problema de Canarias es que no gestiona de forma eficaz el dinero estatal"

Durante el pasado Debate sobre el estado de la nacionalidad, el presidente Clavijo afirmó que el Gobierno de Canarias cuenta para 2024 con un crédito inicial para el área de Infraestructura Viaria que superaba en un 40,38% el presupuesto del año anterior, lo que permitirá continuar incrementando las licitaciones de obra pública. Según Clavijo, en febrero tuvo lugar la apertura de los túneles de Faneque, en el marco de las obras de la segunda fase de la carretera de La Aldea, un proyecto con más de 150 millones de euros que fue adjudicado por el ahora consejero del área, Pablo Rodríguez, en su anterior etapa (2015-2019). Asimismo, se concluyó el calado del segundo túnel de Erjos, dentro de las obras de construcción de la autovía entre Santiago del Teide y El Tanque, y durante lo que resta del año se prevé finalizar el tercer carril de la TF-1 -enlace Oroteanda con Las Chafiras- por lo que todas las obras se circunscriben a Tenerife. En este marco, el presidente destacó el "varapalo" que supuso la sentencia del TSJC que anuló la adjudicación que el Gobierno autonómico anterior realizó de la obra del cierre del Anillo Insular entre Santiago del Teide y El Tanque y que abrió la negociación para «paliar las consecuencias de tomas de decisiones erráticas» del Ejecutivo que presidió Torres y que aún colea: pago de indemnizaciones que superan los 40 millones de euros.

Complicada nueva negociación

Mientras tanto, Obras Públicas prevé durante este ejercicio ejecutar más de 300 millones de euros en proyectos y se negociará con el Estado la ficha financiera y las actuaciones a incluir en el próximo convenio de carreteras. Una negociación que, tras las declaraciones del titular de Transportes, se anticipan complicadas.

Las declaraciones del ministro Puente no constituyen la primera vez que desde el Estado se cuestiona la gestión del dinero que el Archipiélago recibe para construir una red viaria conforme al siglo XXI. En 1997 se redactó un nuevo convenio de colaboración entre el entonces Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias ampliando sus actuaciones y en 2006, tras comprobarse que había un «desfase entre el crédito que preveía el convenio y el resultante de sus obras», la ministra Magdalena Álvarez y el consejero Antonio Castro firmaron el tercero, con vigencia hasta el año 2017. El mismo recogía inversiones y obras concretas y precisaba que en el año 2009 se analizaría su grado de ejecución y se harían las revisiones oportunas. Esas revisiones dieron lugar a varias adendas, entre ellas el Anexo II que incluía 28 obras de gran importancia para el desarrollo de las infraestructuras canarias por valor de 1.858,78 millones de euros: Santiago del Teide-Adeje, Pagador-Guía, Icod-Santiago del Teide, Puerto Rico-Mogán, Vallehermoso-Arure, La Caldereta-Corralejo y Valluelo-Vinamar, San Andrés y Sauces-Barlovento, circunvalación de Arrecife, La Aldea-El Risco, Arure-Alajeró, Bajamar-Tajuya, variante de Bañaderos, travesía de Hermigua, Arrecife-Tahiche, Puerto del Rosario-La Caldereta, Costa Calma-Pecenescal, TamaraceiteTenoya-Arucas Costa, Llano Negro-Puntagorda, Yaiza-Arrecife, Alajeró-Aeropuerto, La Cumbre-Los Llanos, Frontera-Sabinosa y GuatizaOrzola.

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Este convenio fue el que incumplió el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012 al suspender su ejecución cuando ya llevaba seis años en marcha. Una decisión basada en los recortes y principios de austeridad fruto de la crisis económica y que se justificó por las directrices de la Unión Europea (UE). Este conflicto generó 1.000 millones de deuda estatal hacia las Islas que se solucionó con dos sentencias del Tribunal Supremo (TS) en 2018.

En la primera de ellas, el Alto Tribunal dio la razón a los litigios interpuestos en su momento por la consejera de Economía y Hacienda, Rosa Dávila, al considerar que el Estado había incumplido de manera injustificada y sin seguir los procedimientos legales el convenio plurianual con la comunidad autónoma que le obligaba a invertir en obras viarias en Canarias 207 millones de euros en ese ejercicio, ya que solo desembolsó 68,54 millones, generando una deuda de 138 millones de euros. Meses después, la Sala de lo Contencioso del TS dictó una segunda sentencia reconociendo a favor de Canarias una deuda en 2013 de 152,81 millones de euros, puesto que el Estado solo invirtió ese año en las carreteras isleñas 54,19 de los 207 millones pactados.

Proyectos 'hipotecados'

Con las sentencias en la mano, pero sin el dinero de la deuda ‘cobrado’, el primer gobierno de Clavijo suscribió el vigente Convenio 2018-2027 en el que se incluían 69 proyectos y la polémica cláusula que estipuló que la Comunidad Autónoma asumiría el coste de las obras que no pudieran ser financiadas con los 1.200 millones de euros firmados entonces. 

En concreto, la Cláusula Tercera del Convenio 2018-2027 recoge textualmente lo siguiente: "Si la suma de los costes finales de todas las actuaciones incluidas en el Anexo I superase el importe máximo fijado en este convenio, corresponderá a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias asumir el exceso, sin que las obras incluidas en el mismo puedan ser objeto de financiación en un convenio posterior".

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Sería Franquis el encargado de denunciar desde el ‘pacto de las flores’ que esta fórmula había condenado a Canarias a "asumir el 80% de las obras que queda pendiente y que superará con creces los 4.000 millones de euros", toda vez que ya en mayo de 2022 la Consejería tenía comprometidos 951 millones de los 1.200 en 15 de los 69 proyectos incluidos en el convenio. El Gobierno de Canarias logró en diciembre del año 2022 el pago fraccionado desde 2021 de los 500 millones de euros de la deuda correspondientes a la sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón al Ejecutivo canario por obras ejecutadas con dinero de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, quedaba la deuda que se correspondía a los 407 millones de euros de proyectos del anterior Convenio que no se pudieron iniciar por los recortes del Gobierno de Rajoy, lo que se logró cuando el Consejo de Ministros aceptó en 2022 abonar 134,4 millones por las obras ejecutadas entre 2019 y 2022 y 273 millones se incorporaron a una adenda, por lo que se incrementó su dotación: de 1.200 millones a 1.473 millones de euros. 

Esa partida extra se distribuyó entre las anualidades de 2026 y 2027, que no contaban con ninguna dotación presupuestaria debido a la Cláusula Segunda.

Para Franquis, queda claro quien gestiona y negocia de manera ineficaz, pues "quienes firmaron el convenio en el año 2018 eran plenamente conscientes de que se dejaban los años 2026 y 2027 sin ningún ingreso".

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