El Gobierno rebaja su tono contra el acuerdo Clavijo/Feijóo y seguirá negociando

El Gobierno central ha tratado este miércoles de aparentar que mantiene su hoja de ruta sobre el proceso de negociación para la reforma legal que permita el reparto obligatorio entre todas las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados, y que no se verá afectado por el acuerdo firmado el día anterior entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Varios responsables del Ejecutivo trataron de rechazar que ese documento suponga una presión añadida sobre dicha negociación asegurando que se sentarán con el PP, con el resto de grupos parlamentarios, y con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, para cerrar todos los aspectos de la única vía que considerar viable para resolver el problema: la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería.

De hecho, los ministros que se han pronunciado sobre la cuestión destacan por encima de todo que el acuerdo entre Clavijo y Feijóo reconoce que es esa reforma legal la que a la postre tiene que llevarse a cabo, reprochando al PP que no apoyara su tramitación en el Congreso el pasado 23 de julio, y considerando que muchos de los asuntos que se plantean en el documento ya estaban en la propuesta pactada por los gobiernos central y canario, o se estaba negociando sobre ellos. En todo caso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque mantiene la crítica de fondo de que algunos puntos reproducen ideas de la ultraderecha, rebajó el tono respecto al martes y ya no se cierra en banda a tenerlo en cuenta para tratar de consensuar una salida. Pese a que la ministra de Migraciones, Elma Saiz, seguía hablando de “acuerdo fake” entre los líderes de CC y el PP, su compañera Sira Rego, titular de Juventud e Infancia, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, dejan abierta la puerta a algún tipo de entendimiento con el PP que incluya puntos exigidos por esta formación, aunque aseguran que eso era así ya antes del pasado martes.

Plan estratégico

Rego es la representante gubernamental que más claramente parece apostar por destensar las relaciones con los populares. Aunque confía en un acuerdo, de inicio expresa su “sorpresa” por el hecho de que “ese acuerdo del PP con el Gobierno de Canarias venga a proponer de nuevo la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, cuando la rechazó hace apenas mes y medio”. También porque considera que “viene aderezada de una serie de medidas que son prácticamente calcadas de las que hace la extrema derecha”. Pero resaltó que “desde el Gobierno seguimos trabajando, planteando que tiene que haber un plan estratégico” y que su departamento volverá a presentar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que convocará “en las próximas semanas” una “propuesta estructural para resolver la cuestión de la migración con derechos y con sostenibilidad para el sistema de acogida”, y que pasa, “sí o sí” por la reforma del articulo 35 de la ley de extranjería.

La ministra recalcó que “nos hemos sentado en varias ocasiones con el PP”, que ella misma lo ha hecho con el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, hace “apenas diez días” para “trabajar y profundizar en todas las medidas pertinentes”. “Estamos demostrando vocación de acuerdo, entendíamos que de haberse tomado en consideración la reforma de la ley en julio, todos estos aspectos y propuestas que hace el PP se podían estar trabajando en la tramitación parlamentaria y definitivamente poder cerrar la reforma”, afirmó Rego, quien avanzó que se está “ultimando” con todas las comunidades autónomas los “detalles” sobre los recursos de acogida disponibles en los distintos territorios y que “en breve” se tendrá toda la información al respecto para poder discutir a partir de ahí, hacer una simulación sobre cuántos menores deberá acoger cada región, qué comunidades necesitan aumentar su dotación de plazas basándonos en los criterios de distribución pactados por las comunidades en 2022. Ese es uno de los puntos del acuerdo entre Clavijo y Feijóo que no entienden en el Gobierno central, ya que en el mismo se toma como referencia los criterios establecidos en 2020, con una situación muy diferente a la actual en la que Canarias acoge a casi 5.500 menores. “Tenemos que establecer unos criterios objetivos y solidarios para hacer posible un sistema sostenible”, quien señaló que Andalucía es la comunidad que aún no ha aportado toda la información sobre sus recursos disponibles, pero dando por hecho que en “pocas semanas” se tendrá toda la información para convocar “lo antes posible” la sectorial correspondiente.

Según Rego, las referencias del acuerdo entre CC y el PP sobre la financiación de los recursos cuando estos se sobrepasen en un 150 % ya fue aclarada por el Gobierno durante la negociación para la proposición de ley y también en la que se ha mantenido a lo largo del verano. “La financiación nunca ha sido un problema para el Gobierno”, dijo la ministra, quien añadió que también se contempla en el plan que presentará a las comunidades autónomas la participación de la UE, otro de los asuntos reclamados por el documento de Clavijo y Feijóo.

Rebaje de la beligerancia

El ministro Torres, que inicialmente se mostró rotundo contra ese acuerdo por considerar que no afrontaba la urgencia de la situación de los menores en Canarias, se mostró este miércoles menos beligerante hacia el mismo. “Demos tiempo al tiempo. Ya veremos si es una propuesta constructiva o si volverán otra vez a poner excusas o volverán a poner piedras en el camino”, respondió en el Congreso al diputado del PP Elías Bendodo, quien previamente le había reclamado que el Gobierno se sumara a ese acuerdo “para resolver” el problema de los menores migrantes en Canarias. Fuentes de su ministerio llaman la atención sobre que el PP ha ampliado sus condiciones para apoyar una reforma de la ley de extranjería y en su pacto con Canarias alude también a elementos de defensa, lo que implica a otros ministerios y amplía el foco más allá de la acogida de los menores. “El documento pasa de cuatro a diez condiciones”, dicen desde el Gobierno.

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, aseguró que “la mano del Gobierno sigue tendida” para alcanzar un acuerdo con el PP, pero dijo que “lo que tiene que explicar el señor Feijóo es por qué habla ahora de un ‘acuerdo fake’ cuando tuvo la oportunidad de apoyar la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería”. “Cuando menos es irónica y cínica la postura del PP”, aseguró.

Marlaska: "Si llegáramos a un acuerdo con esos 6.000 menores veríamos cómo se deja hablar de la de la migración, porque la migración está controlada"

El propio Feijóo insistió este miércoles en presionar al Gobierno para que se comprometa “como el resto de las comunidades” al acogimiento de menores, poniendo en valor el acuerdo firmado con el Gobierno de Canarias. El líder del PP rechazó el argumento sobre que la reforma de la ley de extranjería tenía el apoyo de nueve partidos en el Congreso, donde fue rechazada, mientras que el pacto suscrito entre él Feijóo y Clavijo, es solo de dos partidos. “Hay partidos que tienen un diputado en la Cámara, hay otros partidos que son mayoritarios en la Cámara”, ha argumentado, subrayando que viajó a Canarias en representación de su grupo, el mayor del Congreso y con mayoría absoluta en el Senado, y en nombre de trece presidentes autonómicos, entre los que cuenta a los de Ceuta y Melilla.

Inmigración irregular

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su lado, ha asegurado este miércoles que la inmigración irregular está "controlada" y ha acusado al PP de "instrumentalizar" y "boicotear" la política migratoria del Ejecutivo con su negativa a la reforma de la ley de extranjería para reubicar por ley a los menores extranjeros llegados a Canarias. Marlaska ha admitido que existe un problema en Canarias con esos “casi 6.000 menores” y que la llegada a sus islas se ha incrementado en lo que va de año un 125 %, si bien atribuye esta alza a las incesantes llegadas en enero y febrero que subieron un 1.250 % respecto a 2023 y que desde marzo se mantienen en cifras más estables en comparación con el ejercicio anterior.

"Si llegáramos a un acuerdo con esos 6.000 menores veríamos cómo se deja hablar de la de la migración, porque la migración está controlada y lo saben perfectamente", ha apostillado Marlaska, convencido de que el PP está instrumentalizando el fenómeno de la migración para justificar su negativa a reubicar a esos menores.

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