Crisis migratoria
La Iglesia arropa a Canarias ante el ataque del Gobierno de Sánchez por el reparto de menores migrantes
El obispo de la Diócesis Canariensis, José Mazuelos, considera que el Ejecutivo central «abandona» a las Islas
«No es justo, no podemos más», afirma Clavijo
Directo | Crisis migratoria en Canarias: última hora sobre las llegadas, reparto de menores, juicios y acogida

El Gobierno de Canarias ganó ayer un nuevo apoyo en su guerra contra el Ejecutivo central por el tema de la acogida de los menores migrantes no acompañados que llegan al Archipiélago. La Iglesia dio un paso adelante en favor de la Administración autonómica después de que esta aprobara el pasado jueves el Protocolo Territorial de recepción de los niños y un día después recibiera la amenaza del equipo de Pedro Sánchez de acabar en el Tribunal Constitucional por el documento aprobado. «El Gobierno canario está sufriendo el ataque de abandono de Europa y muchas veces del Gobierno central», apuntó ayer el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, durante la homilía de la festividad de la Virgen de los Dolores –patrona de Lanzarote–.
El máximo representante de la Iglesia en la provincia de Las Palmas aprovechó su discurso para insistir en que el pueblo canario no puede responder en solitario al fenómeno migratorio. «Necesitamos apoyo», añadió Mazuelos, quien aclaró que las soluciones que se planteen deben responder «a la dignidad de las personas». «Hay que fomentar una gobernanza mundial de la migración basada en la justicia, la fraternidad y la solidaridad», añadió.
Utilizó estas palabras y las vinculó a los deseos del papa Francisco, que justamente el pasado viernes anunció su interés de viajar al Archipiélago para conocer de cerca el fenómeno. «El papa quieren acompañar al pueblo y al Gobierno de las Islas porque sabe que están sufriendo esos ataques de abandono», aseguró Mazuelos.
87 personas
Además, animó a los asistentes a hablar con los migrantes y con los actores implicados en el rescate y la acogida de las personas que vienen «buscando un mundo mejor» para entender la gravedad del fenómeno. Solo ayer llegaron a las Islas 87 personas a bordo de un cayuco que fue localizado cerca de El Hierro.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, escuchó las palabras del obispo desde la primera fila y asintió en cada afirmación. Aprovechó, antes de la homilía, para contestar al Gobierno de Sánchez después de que el pasado viernes anunciara que remitiría el nuevo protocolo autonómico de recepción de menores migrantes no acompañados a la Fiscalía. Y no solo eso, el Ejecutivo central solicitará un dictamen al Consejo de Estado antes de trasladar el asunto al Tribunal Constitucional. Comenzando así una ofensiva jurídica que el presidente canario reconoció ayer «no entender».
«Lejos de recibir ayuda, complicidad o colaboración, parece ser que porque pedimos que el menor sea entregado con garantías legales el Gobierno de España se dedica a atacar a Canarias», apuntó Clavijo. El Gobierno canario activó el protocolo para acabar con el desorden en la acogida de menores. El documento condiciona la atención de un niño en los recursos de la comunidad autónoma a que antes de la recepción sea reseñado, inscrito en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) de la Policía Nacional y a una «resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada» del órgano estatal correspondiente.
Clavijo lamentó ayer que el Estado, en lugar de ayudar a la comunidad autónoma y a los menores, haya optado –tras la publicación del protocolo– por «amenazar» con el Tribunal Constitucional o dar instrucciones a la Fiscalía. «Yo no lo entiendo. No creo que sea justo», reconoció.
El presidente canario hizo especial hincapié en que el posicionamiento del Archipiélago es atender a estos jóvenes y aclaró que se pide ayuda al Gobierno de España «porque Canarias no puede más». «No tenemos capacidad, las condiciones de hacinamiento nos están pidiendo garantizar la seguridad del menor y lo que le estamos pidiendo al Gobierno, porque entendemos que son menores extranjeros no acompañados y todas las competencias de extranjería, fronteras y salvamento marítimo las tiene Estado, es que nos ayude», expuso.
Meses sin sentarse
El líder de los nacionalistas canarios recordó que la comunidad lleva casi un año advirtiendo de las previsiones de aumento de la llegada migrantes en pateras o cayucos. Y aclaró que el paso que da Canarias de desarrollar el protocolo se lleva a cabo porque el Gobierno de España «no estaba aplicándolo». «No entendemos que después de tantos meses sin que nos sentásemos en una mesa para resolver el problema, el Gobierno de España, de repente, ataque a Canarias. Canarias es la víctima, las víctimas son los menores y el Gobierno tiene que entender que en una crisis humanitaria como la que estamos, hay que ayudar», insistió.
Al presidente canario le sorprendió que después de tantos meses pidiendo ayuda la respuesta haya sido una reunión de urgencia, el pasado viernes, de los cuatro ministerios implicados –Interior, Migraciones, Política Territorial e Infancia– para «atacar a Canarias». Clavijo recordó que los recursos de las Islas están «totalmente sobrepasados» por lo que los menores están hacinados y no pueden ser atendidos adecuadamente. «No se trata de aparcarlos en una carpa, hay que ofrecer idioma, escolarizarlos, darles ayuda psicológica, etc», añadió el presidente. Según los datos del Ejecutivo canario, casi el 70% de los menores extranjeros no acompañados de toda España están en Canarias.
También respondió ayer el secretario de organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, quien tachó de «irresponsable» al Gobierno de España por «politizar» la crisis migratoria que atraviesa el Archipiélago. El nacionalista subrayó, a través de un comunicado, que «es momento de estar al lado de Canarias y no de frente», y reclamó «lealtad y trabajo» al Estado y particularmente al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, responsable de la coordinación de los ministerios para atender la emergencia migratoria en Canarias. El expresidente canario todavía no se ha pronunciado sobre la decisión del Ejecutivo de llevar el asunto al Constitucional.
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