El reparto por población obliga a las comunidades a abrir más centros

El Gobierno de España ha propuesto a Canarias y al Partido Popular repartir a los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas basándose exclusivamente en el criterio de población. En la reunión a tres bandas que tuvo lugar el pasado lunes, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ofreció al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que la referencia para el reparto sea la población de cada comunidad autónoma, para así desbloquear la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que está congelada desde el pasado 23 de julio, cuando PP, Junts y Vox votaron en contra de la toma en consideración del nuevo texto. Rego se mostró abierta a negociar, pero siempre que las propuestas estén en el marco de los derechos de la infancia. El encuentro en el que se ha abordado esta cuestión también contó con la presencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Quedaría por fijar los umbrales de saturación de cada región, pues hay comunidades autónomas que no se han preocupado por habilitar nuevos centros para contar con más plazas de acogida. El ejemplo perfecto es La Rioja, que cuenta con 11 plazas y, con 20 menores, ya alerta de la saturación de su red para menores. Una vez establecido el criterio de reparto, las autonomías tendrán que hacer una inversión para llegar al mínimo de plazas exigidas.

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Además, el Estado propone que las responsables de financiar la atención de los niños sean las comunidades autónomas, siempre que no superen el umbral establecido. En caso de sobrepasar ese límite, el Gobierno central sería el responsable de financiar los gastos.

A mediados de agosto, el Estado se comprometió con Canarias a elaborar una estimación de cómo quedaría el reparto y, ante la demora, el Ejecutivo regional elaboró un trabajo técnico del que se desgajan cuatro proyecciones, una de ellas basada, precisamente, en el criterio poblacional. Con este parámetro, el Archipiélago tendría que atender al 4,6% de los menores migrantes que llegan a España.

Para realizar esta simulación, el Ejecutivo se situó en el pico máximo de la crisis migratoria, teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior prevé que antes de final de año pueden arribar a las Islas de forma irregular unos 11.000 menores más, con lo que podría haber hasta 16.000 niños en los centros de acogida del Archipiélago, que habría que distribuir por todo el territorio nacional.

De las cuatro propuestas canarias, la que basa el reparto en el número de habitantes de cada territorio es la menos beneficiosa para el Archipiélago, pues tendría que hacerse cargo de 736 menores. Andalucía, Cataluña y Madrid, al ser las comunidades más pobladas, serían las que tendrían que alojar a más niños y adolescentes no acompañados. En concreto, estas tres regiones deberían abrir camas para algo más de 2.000 menores. Por el contrario, las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, apenas serían responsables de la tutela de 28 chicos.

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