El extraño caso de la bomba del Hospital San Martín

A las 12 y media de la noche del miércoles 30 de septiembre de 1936 una pequeña detonación afectó a la azotea de la parte posterior del Hospital de San Martín en Las Palmas, zona que se usaba como hospicio de niñas y que albergaba también a las monjas de la Caridad.

La primera información periodística que aparece sobre el suceso se publica el mismo día, en la página 3 del periódico vespertino Diario de Las Palmas, con el descriptivo título ‘Anoche se oyó una fuerte detonación cerca del edificio del Hospital de San Martín’. El contenido de la noticia es contradictorio: dice que la explosión sorprendió al personal e internas, pero a continuación cuenta que al levantarse las niñas asiladas, una de ellas dijo que por la noche había oído un golpe en la azotea del Asilo. Y después se facilita una información sorprendente: en la trasera del Hospital una mujer encinta oyó la detonación. Como consecuencia de la misma, sufrió un ligero desmayo, fue atendida por el sargento Rabelo de la guardia municipal y dio allí luz a un niño. El Hospital fue avisado y envió una camilla, al llegar a las puertas del establecimiento dio a luz a otro infante.

Pero La Provincia del día 4 de octubre publica una nota sobre el tema, con lo que se deduce que es una mera transcripción de lo que las autoridades militares correspondientes les han remitido. Con el título ‘Son detenidos los que colocaron la bomba en el Hospital de San Martín’, dice: «en pocas horas (la policía) ha obtenido un resultado satisfactorio logrando que cinco enfermeros del establecimiento benéfico en cuestión confiesen su delito, que si bien quedó frustrado en sus consecuencias estaba encaminado a destruir la zona del edificio destinado a las hermanitas de la Caridad y al asilo de niñas».

Un suelto en el Diario de Las Palmas del día siguiente es sumamente revelador y pretende cerrar definitivamente el caso:

«Por la Comandancia Militar han sido aceptados los ofrecimientos de los enfermeros del Hospital San Martín Rafael Martín Vera, Rafael Pérez de León, Pablo María De la Luz (puede ser De la Cruz), Manuel López Díaz y Juan Ramírez Llarena, quienes habían manifestado su deseo de marchar al frente de operaciones para luchar en primera línea. Dichos enfermeros han marchado ya a la Península».

El comandante militar era el teniente coronel Francisco de S. Galtier Pley, mientras que Fernando García González era el jefe del Estado Mayor. Ambos, como máximas autoridades militares de Gran Canaria, autorizaron la publicación de esa nota y esto los convirtió en cómplices. Muy extraño. Unos enfermeros, acusados y confesos de poner una bomba en un edificio público, solicitan ir a la primera línea del frente y las autoridades militares lo aceptan, así, sin más. Y, además, ya se han ido. ¿Cuándo? ¿En qué barco? No lo sabemos. Esta es la versión oficial. Los medios escritos de comunicación nada dirán del asunto en los días sucesivos. Ni siquiera aparecerán las diligencias previas del fiscal militar, ni las indagaciones del juez togado militar, ni vista oral, ni consejo de guerra. Apagón informativo. Caso cerrado de manera sospechosa.

Hace unos cuantos años, un vecino de La Pardilla (Telde), de 88 años, me contó que en la noche del sábado del 3 al 4 de octubre de 1936 pasaba con su padre por el túnel de La Laja, después de haber cobrado en Las Palmas lo que les correspondía por la extracción de arena cerca de La Garita. Resumo. Serían las diez o las once de la noche cuando a la altura del túnel ven un camión cerrado en el borde del acantilado y oyen unos gritos, llantos y alaridos. No ven quienes son, pero sí comprueban que están vivos. Salen corriendo y vuelven al barrio de San Cristóbal, donde se quedaron esa noche. Varios días después, cuando estaban extrayendo arena de la playa de Bocabarranco, aparece un cadáver comido por los guirres, que está envuelto en sacos, uno por la cabeza y otro por los pies, atado de manos por atrás y con una estructura semicircular de metal que le cubría la barriga, de esos que se utilizaban de soporte para los faroles de la luz. Luego aparecen otros. Un barco recogió los cuerpos, los llevaron a alta mar, les colocaron una potala a modo de peso y los arrojaron al agua, desapareciendo los cadáveres. Días después lo contaron y les dijeron que eran los cinco enfermeros detenidos del Hospital de San Martín.

La investigación de estos acontecimientos, casi ochenta años después, cuenta con una documentación que nos permite acercarnos a lo que realmente aconteció. A pesar de que no es completa, existen comunicaciones escritas entre diversas instituciones sobre el caso. Me refiero a la del Cabildo, propietario del inmueble, a la de la Comisaría de Investigación y Vigilancia, que se encargó oficialmente del caso, y a las comunicaciones entre el Gobierno Civil y las autoridades militares, sobre todo con la Delegación de Orden Público. Por resumir, los protagonistas oficiales fueron el comisario de policía Miguel Llompart Ayle, el delegado de orden público, el capitán jurídico Cristóbal García Uzuriaga, y uno inesperado, el inspector de la guardia municipal Antonio Wiot Hernández.

Recapitulando todo este embrollo policial sacamos las siguientes conclusiones. Primero se detienen a tres vecinos del Hospital, que resultan ser peligrosos extremistas, acusando incluso a uno de ellos de tener la carbonilla con que se hizo el artefacto. El sábado 3 de octubre y antes del merecido descanso dominical, se dan por concluidas las pesquisas con un nuevo escrito del inefable Llompart, el cual tendría que ser mencionado en todos los manuales del buen hacer policial. Se cita a los tres enfermeros ya conocidos: Rafael Martín Vera, Juan Ramírez Llarena y Pablo María De la Cruz. Pero por arte de birli birloque aparecen dos nuevos sanitarios inculpados, Manuel López Díaz y Rafael Pérez León. La autosatisfacción del escrito es indisimulable: «quienes sometidos a estrecho y hábil interrogatorio declararon la participación personal de todos y cada uno en el hecho, habiendo quedado, por tanto, totalmente esclarecido quedando únicamente por determinar y detener quién fabricó el explosivo para lo cual se siguen practicando gestiones». Sabemos lo que significaban esos «estrechos» interrogatorios.

Es interesante la corta intervención del capitán García Uzuriaga en todo este asunto. En un oficio a la Comandancia Militar, hecho el mismo 3 de octubre, no entra en el fondo del asunto que supuestamente ha desvelado la policía sobre los autores de la colocación del artefacto, sino que se detiene en los aspectos de la seguridad del edificio. En una comunicación oficial habla de la «ocurrencia», para referirse a los hechos.

Y aquí entramos en el meollo de la cuestión de la bomba del Hospital de San Martín. ¿Quién o quiénes pusieron el artefacto? ¿Y si la pusieron otros y la inculpación de los enfermeros y demás personas es un montaje orquestado para eliminar por la vía rápida a conocidos activistas políticos?

Hay otra cosa que llama la atención –¡una más!– Me refiero al trasiego sospechoso de guardias municipales en los alrededores del Hospital en los momentos de previos y posteriores al hecho estudiado. Las fuentes periodísticas nos hablan de un sargento de la policía municipal, el sr. Rabelo, que asiste a una parturienta en la trasera del Hospital, muy poco después de que estalle el artefacto. Las fuentes documentales nos informan de que dos guardias municipales, José Santana Cruz y Manuel Almeida Falcón, que estaban de vigilancia en el barrio de San José, habían visto sobre las doce de la noche a tres de los sospechosos en la Portadilla del barrio, justo en un lateral de la parte anterior del edificio. Es decir, ¡hay tres guardias municipales en las inmediaciones del edificio poco antes y poco después del estallido de la supuesta bomba! Y aún así, una serie de personas de reconocida filiación de izquierdas se atreven a poner un artefacto explosivo. No sólo es inverosímil sino absurdo.

Por lo tanto, si descartamos que los enfermeros y los vecinos de San José lo llevaran a cabo, ¿entonces quiénes fueron? Llegados a este punto podemos aventurar una de las hipótesis que con más fuerza ha planeado a lo largo de todo este relato, el de la provocación policial, es decir, si seguimos esta línea argumental se trataría de un acontecimiento promovido desde las mismas instancias del poder con el objetivo de desactivar posibles focos de disidencia –reales o imaginarias– que no habían sido objeto de atención hasta ese momento. Probablemente, el petardo lo pusieron los mismos guardias municipales, en connivencia evidente con la policía de investigación, para eliminar a algunos disidentes que no han sido capturados hasta ese momento.

Pero algo salió mal, quizá porque los periodistas informaron más de lo previsto, quizá porque desde las más altas instancias se dieron cuenta de que la chapuza policial era tan grande que no podían sacar rentabilidad al asunto, quizá se les fue la mano en los interrogatorios policiales y eso les impidió visibilizar a los acusados. ¿Y cuál es el papel del jefe de la policía municipal de Las Palmas, Antonio Wiot Hernández, en este asunto? Está presente en los interrogatorios, pero no sabemos los motivos que le impulsan a estar en los mismos, probablemente porque está implicado en los acontecimientos de una manera directa. La historia de este personaje es un bastante procelosa, sobre todo por su alineamiento con la derecha capitalina y su enemistad hacia las corporaciones municipales de izquierda, sobre todo la del Frente Popular a partir de las elecciones legislativas de 1936. El 24 de febrero de ese año, después del nombramiento de un nuevo equipo gestor municipal con el federal Luis Fajardo Ferrer como alcalde, es destituido del cargo de inspector municipal que venía desempeñando con la corporación anterior.

Aparte de los enfermeros ya citados, son asesinados en esta tanda José Cárdenes Pérez, Ramón Miranda Cabrera, Tomás Bautista Torres y, probablemente, los hermanos Juan y José Álvarez Cruz, algunos vecinos de San José. Puede que el inspector no olvidara a determinadas personas que se habían opuesto a su mandato y orquestó toda la trama o, por lo menos, intervino en ella para situar el punto de mira en algunas personas que no eran de su agrado.

De cualquier manera, es evidente que hay un antes y un después del acontecimiento de la bomba del Hospital de San Martín en cuanto al planteamiento represivo. Con anterioridad, nos encontramos con una represión con un alto grado de improvisación: miles de detenidos, hacinados en campos de concentración preparados apresuradamente, fusilamientos de destacados opositores al golpe, algunos fallecidos por enfrentamientos ocasionales, eliminación de dirigentes políticos y sindicales en la famosa expedición falangista del Dómine, etcétera. Probablemente, porque esperaban que la guerra se resolviera rápidamente a su favor y no existía un planteamiento mínimamente coherente.

Como operativo planificado no se puede decir que el asunto de la bomba saliera muy bien. Primero, porque no se pudo montar un consejo de guerra que amedrentara más a los ciudadanos de Las Palmas, y segundo porque a pesar de que lograron eliminarlos físicamente se equivocaron en el modus operandi puesto que algunos cadáveres los devolvió el mar y los visibilizó de cara a la ciudadanía. Había que lograr algo que hiciera desaparecer completamente los cuerpos, lo cual abrió el camino al ciclo posterior de los asesinatos, el de las simas y los pozos. Pero esas son otras historias que ya contaremos.

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