El Gobierno simplifica la Ley del Suelo para frenar la despoblación

El reto demográfico ante el que Canarias busca solución y la maraña administrativa que tienen que llevar a cabo las administraciones para la cohesión del territorio, han impulsado a que, tanto cabildos como ayuntamientos, le pidan al Gobierno autonómico simplificar los trámites y agilizar el planeamiento para los procesos urbanísticos en el Archipiélago. 

A tal fin se lleva a cabo una modificación de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias que, según aclaró el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, tras el Consejo de Gobierno de Canarias reunido ayer en Las Palmas de Gran Canaria, ya ha concluido el proceso participativo y continúa su tramitación parlamentaria.

No se espera que entre en vigor hasta mediados de 2025, por lo que, para dar respuesta a las peticiones de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), se han incluido tres medidas, de carácter urgente, en el proyecto de ley de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2025 y así atender las demandas de los municipios de menos de 10.000 habitantes. La decisión de introducir modificaciones legales en la ley de vivienda ha sido ya tildada por los grupos de la oposición de «inconstitucional», por lo que se prevén recursos. 

La primera de los modificaciones da respuesta a la ampliación de las evaluaciones ambientales vigentes de los planeamientos municipales en tramitación. Esta afectará a 15 municipios y les permitirá ahorrar tiempo y medios para su ordenación territorial. 

De otra parte, para revertir la situación demográfica que atraviesan los 47 municipios más pequeños, Miranda detalló que acuerda «simplificar la delimitación de asentamientos rurales, con el objetivo de revertir la situación de declive y estancamiento demográfico en los municipios de menos de 10.000 habitantes, así como en aquellos cuya población se encuentre repartida en varios núcleos que ninguno de ellos supere los 5.000 habitantes».

Por último, y según aclaró Miranda, «una medida demandada desde hace tiempo»: la pavimentación y acondicionamiento de las vías públicas abiertas en suelos urbanos, urbanizables y asentamientos agrícolas y rurales. «Hay zonas que no han acabado de consolidar su proceso urbanístico y tiene personas viviendo en ellas», por lo que, matizó Miranda, «necesitan que se les asfalte la carretera hasta su vivienda» y hasta ahora «no podían». 

El consejero aclaró que estas decisiones se adoptan porque "no todas las aportaciones que han hecho", tanto las instituciones como colectivos, "van a poder demorarse hasta que tengamos la nueva aprobación". Además, recordó que su consejería tiene la obligación de "recuperar el espíritu de simplificación y racionalización" por el que "se inspiró" la Ley del Suelo.

 «Cuanto más simplifiquemos, antes resolveremos», incidió Miranda.

Suscríbete para seguir leyendo