Los constructores avisan que la RIC es clave para paliar la falta de casas en Canarias

Los constructores y promotores de viviendas aseguran que la Reserva para Inversiones en Canarias, la RIC, debe ser uno de los ingredientes principales de la receta para paliar la carestía inmobiliaria que padece el Archipiélago. Es clave que los fondos que las empresas destinan para la RIC puedan emplearse con garantías en la promoción y construcción de pisos y casas. De lo contrario –explican– será aún más difícil acabar con la situación de emergencia habitacional que el Ejecutivo autonómico declaró el pasado febrero. No extraña así el chasco que se llevaron en la patronal de las Islas al ver cómo una maniobra de Vox impidió que este jueves se votasen en el Congreso las enmiendas al paquete de medidas fiscales del Gobierno central, enmiendas entre las que se encuentra la que modificaría la RIC –pactada entre Coalición Canaria (CC) y el PSOE– y permitiría que la Reserva pueda emplearse para promover y levantar viviendas protegidas.

Hay que recordar que la RIC es uno de los principales incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF) para promover la inversión. Para las empresas –también los autónomos pueden beneficiarse de la RIC, en su caso en la declaración de la renta–, el incentivo se materializa en el Impuesto sobre Sociedades (IS). La entidad puede reservar para la RIC –de ahí su nombre– hasta el 90% de los beneficios que obtenga en el ejercicio fiscal, cantidad por la que no tendrá que tributar en el IS a cambio de invertirla en los tres siguientes años. Sin embargo, entre las posibilidades en que invertir la Reserva no se encuentran, ya sea porque no se han incluido en la ley de forma explícita o porque no hay suficientes garantías, ni la construcción ni la rehabilitación de viviendas protegidas, esas que cuentan con ayuda económica de la Administración pública a cambio de que se pongan a disposición del grueso de la sociedad. Esto es lo que está peleando en el Congreso la diputada Cristina Valido, de CC: abrir la RIC a estos fines. Algo que, de momento, solo se ha conseguido con la rehabilitación inmobiliaria.

El caso es que sí ha prosperado una enmienda, la 106, que modifica la ley del REF e incluye entre las posibilidades para destinar la RIC la rehabilitación de viviendas protegidas. Pero esto no respondía en su totalidad a lo acordado entre el PSOE y CC, de ahí que ambos partidos redactaron una enmienda transaccional en la que se deja claro que la RIC también podrá emplearse en la promoción de viviendas protegidas para su futuro arrendamiento aun cuando la Administración pública –y esta es la novedad– intermedie entre la firma promotora y el inquilino o arrendatario. ¿Por qué? Pues porque muchas empresas no tienen garantías de un mínimo retorno de la inversión y precisan la seguridad de que el edificio contará con inquilinos, que es lo que facilitaría la Administración con sus listas, larguísimas, de demandantes de vivienda. Todos ganan con esa colaboración pública-privada, que sería una importante vía para incrementar la oferta de pisos y casas en alquiler, la única fórmula que garantiza que bajen los precios. El problema es que la maniobra de Vox en la Cámara Baja –el partido de Santiago Abascal impugnó el procedimiento para todas las enmiendas pactadas a última hora entre el Gobierno y los grupos parlamentarios– obliga a intentarlo ahora en el Senado.

De «especial relevancia»

«Esa enmienda es de especial relevancia para todas las medidas que se están tomando en Canarias en línea con la declaración de la emergencia habitacional», explicó este viernes la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de la provincia de Las Palmas, María Salud Gil, que no ocultó su malestar por lo sucedido el jueves en el Congreso. «Estas cosas no pueden permitirse, es no estar donde hay que estar, hay que hacer las cosas con antelación», agregó. En esta línea, la representante de la AECP recordó que «no podemos hacer vivienda asequible si no es a través de la Reserva para Inversiones». En estos momentos, ahondó Gil, «no se está haciendo nada, ni vivienda libre, porque los costes de producción son brutales».

En sintonía con su colega de la provincia de Las Palmas, el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) de Santa Cruz de Tenerife, Óscar Izquierdo, apuntó que la enmienda frustrada –a la espera de lo que ocurra en el Senado, de donde el texto saldrá de nuevo hacia el Congreso para su convalidación definitiva– «es el camino más adecuado» para empezar a solucionar la carestía inmobiliaria. «Lo que ha hecho Vox es perjudicar directamente no ya a Coalición Canaria ni al PSOE, sino a los ciudadanos del Archipiélago, que necesitamos viviendas, y para ello se precisa el dinero de la Reserva para Inversiones», subrayó el dirigente de Fepeco.

La diputada Cristina Valido lamentó que la enmienda transaccional –que se redactó el martes casi a contrarreloj– no haya salido adelante, si bien avanzó que ahora se va a intentar sacar el acuerdo –la enmienda ya contaba también con el apoyo del PP, lo que aseguraba su aprobación en el Congreso– en la Cámara Alta, de modo que quede recogido en el dictamen de la ley. En tal caso, los apoyos de socialistas y populares garantizarían su aprobación definitiva en el Congreso y, en definitiva, la modificación de la normativa sobre la Reserva para Inversiones.

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