El Parlamento de Canarias cita a Víctor de Aldama para el mes de enero

El empresario Víctor de Aldama, presunto cabecilla de la trama corrupta de mordidas en las compras de material sanitario durante la pandemia que es el germen del llamado 'caso Ábalos' y defraudador confeso del 'caso hidrocarburos' no comparecerá el próximo lunes, 9 de diciembre, en la comisión del Parlamento de Canarias que investiga las posibles irregularidades en la adquisición de mascarillas, guantes y equipos de protección individual (EPI) por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia. Quien si comparecerá será Natalia de Luis, interventora general del Gobierno de Canarias entre septiembre de 2019 y julio de 2023, pues era la responsable de los informes de control financiero permanente del material sanitario adquirido.

Tal y como habían adelantado varios miembros de la comisión parlamentaria, el empresario De Aldama no pudo ser citado "en tiempo y forma" por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, toda vez que al salir de prisión por orden del juez el pasado 21 de noviembre tras prestar declaración en la Audiencia Nacional "no se le pudo localizar en el domicilio habitual".

Por lo tanto, la comisión procederá el próximo lunes a tramitar una nueva citación para que De Aldama comparezca en enero, teniendo en cuenta que Ramón Bermejo, portavoz del empresario reconoció el pasado lunes que De Aldama no tiene inconveniente en explicarse ante los diputados canarios. Como se recordará, el empresario comisionista señaló el pasado miércoles la reforma del edificio Royal, en Las Palmas de Gran Canaria, como una de las adjudicaciones a las constructoras próximas a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, además de asegurar que el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, solicitó una ‘mordida’ de 50.000 euros que él se negó a abonar y que puso a disposición del ahora ministro de Política Territorial un inmueble en la calle Atocha "para encuentros de diversa naturaleza".

El ministro Torres niega que el empresario le facilitara pisos en Madrid y amplía su demanda

Todas estas acusaciones han sido negadas por el propio Torres y ha ampliado la demanda que ya había interpuesto contra el empresario: "mi agenda era pública y ahí están todas mis salidas para venir a Madrid y mis entradas y mis salidas de los hoteles pertinentes".

Las ramificaciones canarias del 'caso Ábalos' tienen un segundo escenario el lunes en el Parlamento, cuando en la Comisión de la Audiencia de Cuentas se debata el conocido 'Informe Figuereo' que en julio de 2022 detectó que el gobierno del 'pacto de las flores' contrató con dos empresas que "carecían de capacidad de obrar con la Administración". Una de ellas era Soluciones de Gestión SL, vinculada a Koldo García, exasesor Ábalos y germen del presunto caso de corrupción investigado en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea.

Este "borrador de informe" se quedó sobre la mesa hasta el pasado 11 de noviembre, cuando fue aprobado con el voto en contra de los consejeros auditores propuestos por el PSOE, Luis Ibarra y Almudena Estévez.  

En el citado informe que debatirán los diputados se asegura que el SCS adjudicó la compra de material sanitario a "empresas que no consta que hubiesen acreditado la preceptiva solvencia profesional o técnica conforme establece el artículo 74 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) ni tampoco estar capacitadas legalmente para contratar con la administración". 

También se asegura que "seis de las empresas que contrataron" con el SCS "carecían de capacidad de obrar con la Administración" y entre ellas, "se encuentran dos de las cuatro empresas que generaron el mayor volumen de contratación al citado organismo autónomo": Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL obtuvo el 11,93% de los contratos e Injoo Technology, SL logró el 10,87% de los contratos de la Administración canaria.

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