El Gobierno crea un plus para medir la productividad de los funcionarios

Más de 10.000 empleados públicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma tendrán derecho a cobrar el nuevo complemento de productividad que diseñará el Gobierno regional una vez entre en vigor la ley de presupuestos autonómicos de 2025. De esta forma el Ejecutivo entrará de lleno en medir el rendimiento de su plantilla con sistemas de evaluación del desempeño y el grado de consecución de objetivos que se marcarán en unas directrices generales, que posteriormente se concretarán en cada departamento y centro directivo. A este plus podrán acceder tanto funcionarios de carrera como personal laboral y forma parte también de una vieja reivindicación de los sindicatos, que demandan el reconocimiento y retribución de la carrera profesional de los empleados públicos.

El complemento salarial vinculado a la productividad está reconocido en la legislación y en las leyes de presupuestos pero no está sistematizado con una estrategia específica como pretende ahora el Gobierno regional. Los empleados de la Agencia Tributaria Canaria (ATC) lo tienen reconocido y lo cobran desde la creación de este organismo autónomo hace una década con parámetros de medición de los objetivos a cumplir en materia de recaudación o detección del fraude fiscal, entre otros. Fuera del ámbito de la Administración General el personal del Servicio Canario de Salud (SCS) cuenta con una paga por incentivos, que ha sido cuestionada en algunas ocasiones porque también la reciben los altos cargos y directivos de este organismo autónomo. El personal docente también cuenta con sus propios complementos de productividad.

Por primera vez la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma recoge un artículo –el 38– que regula el «complemento de productividad del personal funcionario y laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias». Las consejerías de Hacienda y de Administraciones Públicas necesitaban el soporte legislativo para desarrollar este complemento con el fin de trabajar unas directrices generales sobre el mismo en 2025 para trasladarlas a todos los centros directivos autonómicos. El artículo 38 de la ley establece que el instrumento de planificación de la productividad deberá determinar los objetivos corporativos e individuales que serán objeto de evaluación, así como los criterios para valorar la evaluación del desempeño y las cuantías del complemento en función del grado de consecución de los objetivos que se marquen en cada departamento.

Criterios generales

Las directrices generales de la productividad las desarrollarán las direcciones generales de Planificación y Presupuesto, Función Pública y Modernización y Calidad de los Servicios Públicos. También este plus y la medición del mismo estará sujeto a la negociación en el marco de los órganos de representación donde se sientan la Administración y las centrales sindicales más representativas.

El Ejecutivo no ha plasmado en la ley de presupuestos una cuantía concreta para abonar la productividad de sus empleados, aunque sí da algunas pistas en el texto del artículo 38 de la norma. Un acuerdo del Gobierno fijará globalmente para cada departamento y organismo público la cuantía del complemento, tanto para los funcionarios como para los laborales en función de un porcentaje sobre el coste total de cada colectivo. En el caso de los funcionarios el coste de este complemento se cargará sobre las partidas globales referidas a las retribuciones de los miembros del Gobierno y altos cargos, que cuenta con un presupuesto inicial de 8,5 millones de euros, un 3,4% más que en 2024; personal eventual con siete millones euros, lo que supone un 24% de incremento, y el gasto en nóminas de funcionarios y personal estatutario, que se eleva a 1.523 millones de euros, un 7% más. La financiación del plus se cargará también a los gastos del capítulo «incentivos al rendimiento», con un presupuesto de 8,3 millones de euros, un 22,2% más que este año, y en el que figuran partidas destinadas a la productividad y a gratificaciones para el personal, que se incrementan casi el doble.

En relación al personal laboral la ley se refiere al capítulo de nóminas de los laborales, que se eleva a 162 millones de euros en las cuentas del próximo año. En ambos colectivos también se recurrirá en caso necesario al capítulo denominado «diversas consejerías», un cajón de sastre para cubrir insuficiencias y otras contingencias del gasto de personal y que en 2025 es de 194 millones, un 15,8% menos que el presente ejercicio.

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