Servicios Sociales
Colectivos sociales y sindicatos denuncian la "privatización" del nuevo modelo de ayuda a domicilio
Advierten que el sistema que se pretende implantar supondría computar las ayudas como renta y los usuarios tendrían que declararlas

Ayuda a domicilio. / LP/DLP
Seis organizaciones y plataformas, los colegios profesionales de trabajadores sociales de Canarias y los sindicatos advierten de la "extrema gravedad" que supone la modificación de la Ley de Servicios Sociales, a través de una enmienda introducida en la ley de presupuestos autonómicos de 2025 para cambiar el sistema del servicio de ayuda a domicilio que realizan los ayuntamientos. Según estos colectivos el nuevo modelo "consistiría en ayudas económicas que se darían de forma indirecta, es decir, la recibirían las empresas pero figurarán como ayudas que se suman a la renta y, por tanto, el usuario tendría que declarar. El ayuntamiento se desentiende de ofrecer ese servicio trasladando al usuario o a su familia la búsqueda del mismo y la relación con la empresa que lo realice".
Los colegios de trabajadores sociales advierten que se trata de una "privatización" encubierta de este servicio y se perdería calidad en el servicio porque los ayuntamientos dejarían de prestar directamente la ayuda y los usuarios, la mayoría pensionistas o personas vulnerables, pasarían a convertirse en "contratantes y gestoras" al tratar directamente con las empresas. Asimismo, los trabajadores que atienden a los usuarios tampoco verían mejorada su situación: "Nadie les garantiza ni sus puestos de trabajo ni la mejora de sus condiciones laborales", añade el comunicado suscrito por la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias (COESPE), Asociación de Salud a través del ejercicio Físico y Ocio para pacientes Oncológicos (AVIVATe), Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, Asociación de Vecinos Barrio El Toscal, Plataforma Unión Técnicas Sociosanitarias SAD Canarias, Plataforma Residencias Dignas, Trabajadoras Sociales y los sindicatos Comisiones de Base de Canarias (Co.bas), Confederación General del Trabajo (CGT), Unión Sindical Obrera (USO), Intersindical Canaria (IC), Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT).
Protesta
Las entidades y colectivos han convocado para mañana una manifestación de protesta ante la sede del Parlamento canario, cuyo último pleno del año tiene previsto aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2025, en cuya ley se introduce esta modificación que afecta al servicio de la ayuda a domicilio. También advierten que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya ha comunicado su intención de aplicar este modelo una vez que la norma entre en vigor.
La portavoz de la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, Carmen Pérez Núñez, y el secretario del Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife, Mauro Socorro, advirtieron que "se abre la puerta a que se empiece a privatizar el único servicio de atención a domicilio de que disponemos (...). Esto va a empeorar las condiciones de las trabajadoras sociales y no se nos garantiza la calidad del servicio", ha señalado Núñez, que ha añadido que además "se les tocará la pensiones". En este sentido, ha explicado que, al contrario de lo que sucede ahora, con el ayuntamiento gestionando directamente el servicio, al ser los usuarios los que reciben una ayuda para gestionar su atención a domicilio, esa ayuda supondrá un aumento de sus rentas que podría poner en peligro el cobro de otras prestaciones o bajar las cuantías que perciben. "En el caso de las pensiones contributivas que tienen un complemento a mínimo, seguro que van a bajar puesto que la suma de la ayuda con lo que es la pensión va a superar los límites que nos plantea la ley de la Seguridad Social a la hora de concedernos una pensión", ha alertado Núñez, que ha señalado que con el dinero de los pensionistas "no se puede jugar".
"Consideramos de extrema gravedad la pretensión de cambiar la legislación por la puerta de atrás a través de los presupuestos autonómicos, sin consultas de quienes están implicados, . Rechazamos el proyecto del Ayuntamiento de Santa Cruz que quiere imponer ese nuevo modelo, que además no cuenta con la información necesaria hacia los usuarios actuales", añade el comunicado conjunto.
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