Luz verde a las cuentas canarias de 2025 pese a la zancadilla 'in extremis' de PSOE y NC

Con algún sobresalto no incluido en el guion, una hora de receso y tres horas de debates y votaciones de casi 700 enmiendas, los Presupuestos de Canarias para 2025 elaborados por la consejera de Hacienda, Matilde Asián, han sido aprobados este martes con el voto en contra de los grupos parlamentarios de la oposición. Unas cuentas autonómicas -que ascienden a 11.678 millones de euros y crecen un 1,6% respecto a 2024- que previsiblemente acabarán en el Tribunal Constitucional (TC), tal y como han anunciado los portavoces del PSOE y NC-Bc. Y el motivo es que socialistas y ‘canaristas’  acusan al Gobierno que preside Fernando Clavijo de "creerse por encima de la ley y llevar a cabo la perversión de modificar de forma inconstitucional cinco leyes" a través de las cuentas canarias, tal y como aseguró desde la tribuna la diputada Esther González. "Es un ataque a los derechos sociales", remachó el socialista Sebastián Franquis.

Esa denuncia reiterada por PSOE y NC desde que la ley presupuestaria comenzara su tramitación parlamentaria en octubre fue el motivo de que a primera hora de este martes los 28 diputados de los grupos de la oposición de izquierda intentaran, sin éxito, bloquear la aprobación de las cuentas al presentar minutos antes del inicio de la sesión plenaria ante la Mesa de la Cámara un "recurso de reconsideración" a la decisión adoptada la pasada semana de permitir tramitar varias enmiendas parciales que pretenden modificar la Ley de Servicios Sociales de 2019 y dos posteriores decretos que la desarrollan "por la puerta de atrás".

Tras la presentación del recurso antes del inicio de la sesión plenaria, la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, decidió reunir de urgencia a la Mesa y a la Junta de Portavoces tras las preguntas de control al presidente Clavijo y otros consejeros del gabinete regional con el fin de dilucidar si la tramitación presupuestaria continuaba o se aplazaba. Al final, y después de una hora de deliberaciones y con el voto en contra de socialistas y ‘canaristas’, se decidió continuar con el orden del día previsto.

Ahora, varios diputados de ambas formaciones están estudiando la posibilidad de presentar a título individual un recurso de amparo ante el TC por entender que se han visto vulnerados sus derechos a debatir una modificación que consideran sustancial de la legislación sobre las ayudas a domicilio reguladas en la Ley de Servicios Sociales, ya que la misma se ha hecho a través de enmiendas de CC, PP, ASG y AHI presentadas a los presupuestos.

El antecedente de Podemos

Esta posibilidad ya fue llevada a cabo en el año 2017 por Podemos Canarias, que recurrió ante el TC una decisión de la Mesa entonces presidida por Carolina Darias por entender la formación morada que se habían vulnerado los derechos a la participación política de sus diputados en la tramitación de la Ley de las Islas Verdes. En 2018, el Constitucional amparó a los diputados de Podemos frente a esa decisión de la Mesa, que fue declarada nula, aunque ningún efecto -más que la carga simbólica- pues la ley ya había sido aprobada, que es lo mismo que sucederá con los Presupuestos para 2025.

Concentración a las puertas del Parlamento contra el modelo de ayuda a domicilio

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PSOE y NC-Bc ya pidieron a la Mesa de la Cámara en los primeros días de diciembre que no admitiese a trámite las polémicas enmiendas por entender que, además de "vulnerar la doctrina del Tribunal Constitucional (TC)" que impide que las cuentas incluyan modificaciones legislativas que traspasen los límites presupuestarios, las mismas permiten que sean los ayuntamientos quienes "elijan el tipo de prestaciones que reciben los usuarios y usuarias y no éstos, sustentados en el informe de valoración" en relación con las ayudas a domicilio establecidas en la vigente legislación.

Esta medida de la oposición para intentar que no se apruebe la modificación de la Ley de Servicios Sociales se ha unido a la concentración que se celebró a las puertas de la Cámara regional promovida por varios colectivos sociales por entender que esas enmiendas, de ser aprobadas, "privatizan el servicio de atención domiciliaria" y, además, "pueden poner en riesgo las pensiones" de las personas que lo reciban y "empeorar la calidad" de la prestación.

Estas acusaciones han sido rebatidas por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, que aseguró en los pasillos del Parlamento durante el receso a cuenta de la reunión extraordinaria de la Mesa y la Junta de Portavoces, que "los ciudadanos lo que quieren es tener la garantía de que la ayuda llega y da igual que sea a través de un concierto social, concursos o una prestación vinculada al servicio, como va a ser el caso".

Manifestación por fuera del Parlamento de Canarias

"Damos ahora la posibilidad de que la administración preste el servicio de forma directa o decirle al ciudadano un abanico de entidades con las que se pueden contactar y la administración paga el servicio, como pasa ya con la Dependencia. En modo alguno eso significa privatizar porque salvo en diez ayuntamientos, esa prestación de servicios ya está en manos de empresas porque la Administración no tiene personal suficiente", insistió Delgado

PSOE y NC-Bc, en cambio, insisten en que las enmiendas, además de tener visos de inconstitucionalidad por su forma de tramitación, "sustituyen la obligación de las entidades locales de organizar el servicio con medios propios o mediante su licitación en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público por una prestación económica en la que son las propias familias las que tienen que hacerse cargo de identificar al personal que les va a asistir". 

En su momento, el socialista Franquis denunció que estas tres enmiendas que pretenden aprobar los grupos gubernamentales "suponen un cambio sustancial en la ley que recorta derechos de las personas dependientes y son un retroceso en el cuarto pilar del Estado del Bienestar".

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