Clavijo y Torres se dan diez días para cerrar una fórmula para el reparto puntual de menores

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acercaron esta mañana posturas sobre una propuesta para un reparto extraordinario y puntual de menores migrantes desde el Archipiélago a otros territorios del Estado, pero siguen teniendo diferencias sobre el mejor mecanismo legal para llevarlo a efecto. Mientras Clavijo sigue apostando por la vía rápida y urgente del real decreto, el Estado mantiene sus reservas porque no la ve suficientemente garantista desde el punto de vista del derecho de los menores, y desde el de las competencias autonómicas.

Para tratar de buscar un punto de encuentro, ambas partes se han dado diez días de plazo para que los servicios jurídicos de cada una de las administraciones traten de consensuar un texto y el mecanismo legislativo apropiado, que luego pasaría los filtros de la Abogacía del Estado y del propio Consejo de estado, antes de remitirlo al Congreso para buscar allí el respaldo parlamentario necesario.

“La reunión ha sido provechosa, pero me hubiese gustado que lo fuera más”, afirmó Clavijo tras la reunión. “Nosotros seguimos apostando por una solución más rápida, es lo que es inmediato y de los que ayudaría a aliviar la situación en Canarias, pero parece que puede haber alguna diferencia jurídica al respecto”, explicó el presidente canario, quien aseguró que tanto él como el ministro Torres habían estado de acuerdo en que las Islas están “en una situación límite”. Clavijo dijo que Canarias acoge en estos momentos a 5.812 menores migrantes, cifró en 4000 los que deberían salir de sus centros de acogida si se aprobara el reparto extraordinario que han propuesta de forma conjunta los gobiernos canario y del País Vasco, y que por ahora solo tiene el apoyo explícito de Ceuta.

A la espera de informes jurídicos

Torres, por su parte, aseguró que desde el Gobierno central “vemos viable avanzar en esa propuesta extraordinaria”, pero que “hay cuestiones que tenemos que pulir desde el punto de vista jurídico”. “El Gobierno mantiene el compromiso de buscar soluciones al problema de los menores”, aseguró antes de señalar que “en las próximas semanas vamos a culminar un texto que dé respuesta jurídica, política y social a los menores”.

Según aclaró, “se hará lo que los informes jurídicos digan que es lo más viable y seguro”. “El Gobierno de España entiende que debe ser el más urgente y rápido, pero no lo dirá la política, sino los servicios jurídicos porque estamos hablando de competencias autonómicas, de niños y niñas del derecho del menor, de traslados a otros territorios”, recalcó el ministro. “Una vez que tengamos el mecanismo buscaremos los apoyos parlamentarios necesarios porque ya sea un decreto, ley, proyecto de ley o proposición de ley, tiene que ser aprobado por el Congreso”, explicó.

Canarias acogería al 4,37% de la infancia migrante

Canarias ha recibido más de 700 niños y jóvenes no acompañados desde el 17 de diciembre, día en el que el Gobierno autonómico envió a Torres el borrador del decreto ley para el reparto extraordinario de menores. El texto elaborado por los servicios jurídicos del Ejecutivo canario cuenta con el apoyo del Gobierno vasco y, además, Clavijo ha negociado con Junts, que también ha ofercido su respaldo a esta nueva vía de urgencia, lo que garantizaría la mayoría necesaria en el Congreso para su convalidación.

El decreto ley se basa en el modelo de reparto elaborado por Gemma Pinyol-Jiménez, directora de políticas migratorias en Instrategies, para el Gobierno canario, que se basa en cinco indicadores: población total; acogida (media de menores acogidos por cien mil habitantes los últimos seis meses); PIB per cápita; desempleo y solidaridad (menores acogidos los últimos cinco años). Según estos datos, a Canarias le tocaría acoger al 4,37% del total de los menores migrantes llegados a España en el año. El texto legal señala que este reparto extraordinario "se aplicará con la figura jurídica oportuna en un plazo no superior a tres meses".

La reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para hacer obligatorio el reparto de los menores y que el Gobierno de España ve como la vía más garantista está completamente paralizada. En julio, el Ejecutivo de Sánchez llevó al congreso el texto para iniciar los trámites parlamentarios pero PP, junto a Vox y Junts, bloquearon que se tramitara la modificación. Aunque Canarias lleva más de un año reclamando auxilio, choca continuamente con un muro. Los populares, a pesar de ser socio en el Gobierno autónomo, cada vez pone más condiciones para apoyar el reparto entre comunidades, y la negociación se convierte en una contienda política entre PP y PSOE, olvidando que quienes se perjudican por la falta de una solución son los niños que viven en la red de centros de acogida del Archipiélago.