El Parlamento canario cita a Víctor de Aldama para declarar el 30 de enero por el 'caso Koldo'

El Parlamento de Canarias ha conseguido en un segundo intento notificar a Víctor de Aldama, presunto cabecilla de la trama corrupta de mordidas en las compras de material sanitario durante la pandemia que es el germen del llamado 'caso Koldo' y defraudador confeso del 'caso hidrocarburos', que debe comparecer el 30 de enero en la comisión de investigación sobre las presuntas compras irregulares de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia.

El primer intento para que el empresario compareciera en la Cámara regional el 9 de diciembre fue infructuoso debido a que la notificación se le envió al centro penitenciario donde estaba en prisión preventiva por el 'caso hidrocarburos' y coincidió con su puesta en libertad condicional decidida por el juez el pasado 21 de noviembre tras prestar declaración en la Audiencia Nacional.

Tras ese fallido intento, se tramitó la nueva citación que se puso en manos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por lo que fuentes de la comisión de investigación esperan que ofrezca sus explicaciones en la Cámara regional, máxime cuando Ramón Bermejo, portavoz del empresario reconoció en varios medios de comunicación que De Aldama no tiene inconveniente en explicarse ante los diputados canarios.

El interés de esta comparecencia radica en el hecho de que el empresario comisionista señaló la reforma del edificio Royal, en Las Palmas de Gran Canaria, como una de las adjudicaciones a las constructoras próximas a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, además de asegurar que el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, solicitó una ‘mordida’ de 50.000 euros que él se negó a abonar y que puso a disposición del ahora ministro de Política Territorial un inmueble en la calle Atocha "para encuentros de diversa naturaleza". Estas acusaciones fueron negadas por el propio Torres, que además, amplió la demanda que ya había interpuesto contra el empresario: "mi agenda era pública y ahí están todas mis salidas para venir a Madrid y mis entradas y mis salidas de los hoteles pertinentes".

Si De Aldama decide no comparecer, el Parlamento podría iniciar los trámites ante la Fiscalía por incurrir el empresario en un posible "delito de desobediencia" (artículo 501.1 del Código Penal) que podrá ser "castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses", según el artículo 556 del Código Penal, como así sucedió en su momento con Kevin Sánchez, administrador único de la empresa Yimbo 7 Inversiones implicada en un traspaso de fondos en el 'caso mascarillas' y que no apareció por el Parlamento el pasado mes de julio pese a haber sido notificado de forma legal.

En este sentido, fuentes de la comisión de investigación recuerdan que "es obligatorio asistir a las comisiones de investigación aunque no es obligatorio hablar", como ya ha sucedido con varios de los citados

Al derecho a no declarar se han acogido Íñigo Rotaetxe, apoderado de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL; Rayco González, el dueño de la empresa RR7 que suscribió un contrato de cuatro millones por un millón de mascarillas que nunca se entregaron; Belén Arencibia en su doble condición de apoderada de la empresa Berabemar y "familiar directo" de González; y la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez.

También es previsible que guarde silencio el próximo 23 de enero Conrado Domínguez, que fue el director general del SCS y miembro de los comités científico y de gestión durante la pandemia, al estar incurso en investigaciones relacionadas con el 'caso mascarillas' por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Domínguez ya se negó a declarar ante la Fiscalía Europea sobre los cuatro millones de euros pagados a RR7 por el millón de mascarillas que no se recibieron.

La comparecencia de Domínguez es muy esperada por los diputados de CC y el PP, ya que varios comparecientes lo señalaron como la persona que tomaba todas las decisiones. Es más, Lluís Serra, actual rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) y portavoz del comité científico durante la pandemia, y Beatriz González, experta en Economía de la Salud de la Ulpgc que también fue miembro de ese grupo de asesores,confirmaron que José Julián Isturitz, que comparecerá en el Parlamento el 22 de enero y en aquel momento era director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias e impulsor del 1-1-2 en las Islas, elaboraba en cada una de las reuniones unas notas con las aportaciones y las recomendaciones que posteriormente pasaba a Domínguez, que servía de enlace entre ambos comités y que en aquel momento era secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas aunque había sido director del SCS, un cargo que asumiría de nuevo meses después hasta que dimitió por su implicación en el ‘caso mascarillas’.

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