Las ratas de ‘El Acorazado Potemkin’

Los últimos días de 1939 no iban a ser plácidos para el banquero de La Laguna Ruperto Pozuelo y algunos empresarios más de Las Palmas y Tenerife. El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas había ordenado al juez instructor de Las Palmas la incoación de un expedienteen el rollo 481/1939, que les implicaba por promover la proyección de la famosa película de Sergei Eisenstein El Acorazado Potemkin en varios cines. Esto dio lugar a un cúmulo de declaraciones, aclaraciones, réplicas, avales, excusas y mentiras a medias que ponían al desnudo al corrupto régimen franquista y a sus apoyos sociales.

A la muerte de su padre, en 1931, Ruperto había heredado la Banca Luis Pozuelo, que operaba en Tenerife, pero cuyos tentáculos se extendían por todas las islas. La posición desahogada del negocio de los préstamos a un suculento interés había florecido en un contexto de carencias absolutas a causa de la guerra, con las pequeñas e intrascendentes restas contables a modo de inversión para apoyar la sagrada causa del general(ísimo). Su cuñado, el palmero de Los Llanos Antonio Capote Lorenzo, ejercía de consorte activo y participaba de los pingües negocios de la familia. Ambos serán investigados, pero no los únicos. El empresario tinerfeño, dueño de Tinerfe Film, Francisco Camacho González, ya había sido expedientado y multado con 15.000 pesetas de la época por este motivo, además de una estancia en el campo de concentración de Fyffes, pero su avalista el alemán Enrique Appenhagen será incluido en la nueva investigación. Además figuraba el abogado grancanario Manuel Bello Valle y los representantes de los cines Hermanos Millares y Hollywood (Avenida), Francisco Prieto Silva y José Barreto Betancort por el primero, y José Marrero Rodríguez por el segundo, así como el empresario Manuel Caballero Rodríguez y su representante José Avellaneda Cardoso. Algunos de ellos, aunque no todos, habían intervenido en la proyección de la película y obtenido beneficios económicos.

Como las multas que imponía el Tribunal estaban en consonancia con los bienes de cada acusado, el negocio para las arcas del nuevo Estado podía ser muy suculento, de ahí que la investigación sobre sus propiedades fuera muy detallada. Pero también las resistencias a las posibles penas pecuniarias eran proporcionales a las riquezas que los expedientados tenían. Por supuesto, para el régimen no valía lo mismo un jornalero que un empresario, y si se podía pedir alguna compensación económica por mirar a otro lado pues mejor. Muchos funcionarios fueron ‘untados’ por este eficaz método.

Resumiendo el embrollo. El empresario Francisco Camacho, a través de su empresa Tinerfe Films, había contraído una deuda con la Banca Pozuelo por un préstamo realizado en los años de la República para la exhibición de algunas películas, como Los Tres Mosqueteros, Una morena y una rubia, El padre es un fresco y otras. Cuando compró los derechos del Acorazado Potemkin no pudo exhibirla por la prohibición gubernamental del gobierno Azaña en 1933 y luego del de Lerroux y tuvo que esperar hasta la llegada del Frente Popular, en febrero de 1936. Es en ese momento cuando la Banca Pozuelo huele el dinero y le incauta la película para satisfacer la deuda, consciente de que las expectativas sociales para asistir a su visionado se habían incrementado notablemente debido al auge de las fuerzas obreras. El 19 de marzo de 1936 firmaron un contrato para la devolución de las 7.910,19 pesetas debidas a costa de la taquilla que el empresario iba a recibir por la proyección en Las Palmas de El Acorazado Potemkin. El avalista de Camacho era el judío alemán Appenhagen, quien en 1938 fue deportado de las Islas por influencia de la colonia nazi en Tenerife y al parecer se había ido a América.

Afluencia en los cines

La película se había exhibido en el santacrucero cine Numancia los días 11 y 12 de marzo con un relativo éxito de público, sobre todo por el precio de las entradas: las dos pesetas estaban por encima de las posibilidades de los trabajadores tinerfeños, quienes cobraban unos salarios diarios entre las 5 y 10 pesetas. Pero las clases medias respondieron y asistieron 1.072 espectadores sumando los dos días. No constan otras proyecciones en la isla picuda. En Las Palmas se exhibió primeramente en el Cine Hollywood, entre el 3 y el 4 de abril, pero la entrada costaba entre 2 y 3 pesetas, lo que también coartó la asistencia y acudieron un total de 686 personas a las dos funciones. El verdadero éxito se produjo en el Teatro-Cine Hermanos Millares, sito en el número 1 de la calle Ferreras, en la zona obrera del Puerto. La estructura del espacio daba lugar a una jerarquización total en los precios, aunque el amplio aforo -unas 900 personas- permitía unos precios menores que los otros cines. El 7, 8 y 9 de abril fueron días felices para los trabajadores, el cine estuvo casi lleno el primero y el segundo día, abarrotándose los asientos de general, mientras que en el tercer día la afluencia disminuyó significativamente. La asistencia total fue de 2.696 espectadores, que seguro sufrirían por la famosa escena de la escalera pero que no verían con malos ojos que la marinería se negara a acatar las órdenes de los jefes del barco. El entusiasmo durante la proyección y a la salida del cine es fácil de imaginar. El Frente Popular había llegado al poder y las expectativas de mejoras sociales se incrementaban exponencialmente. Nada que ver con las acusaciones del régimen franquista de que la revolución obrera estaba en marcha. Argumentos fabricados a posteriori para justificar la matanza.

Pero volvamos al cumplimiento del contrato entre Camacho y los Pozuelo. Las taquillas estaban intervenidas y el banco se quedaba con el 35% de lo recaudado, mientras que un 5% se lo embolsaba Bello, su representante en Las Palmas. Por cierto, Camacho le escribe a Bello confirmándole las expectativas: «Espero... sacarán el mayor producto a esta película». El 60% restante se lo quedaban los cines respectivos. Así funcionaba este negocio en los años 30. La deuda no se saldó totalmente, pero los Pozuelo se dieron por satisfechos y ahí quedó la cosa. Aparentemente.

Y llegaron los militares y una gran parte de las fuerzas económicas canarias apoyaron a los rebeldes, unos en la convicción de que la lucha contra la República democrática era una buena causa, y otros a regañadientes, tratando de acomodarse a la nueva situación. Casi todos los que participaron en la operación comercial de El Acorazado Potemkin eran de ideología derechista y esto les sirvió para ganar posiciones a la hora de postrarse humildemente ante las nuevas autoridades. Pero estalló la bomba a finales de 1939, una vez acabada la guerra.

Los jerifaltes franquistas hicieron una extrapolación muy de su estilo. Si los marineros republicanos, en los primeros días de la guerra civil, permanecieron fieles a la República y se sublevaron contra sus mandos golpistas fue porque… ¡vieron El Acorazado Potemkin! Ergo: todos los que tuvieron que ver con la exhibición de la película tenían que ser castigados.

La Ley de Responsabilidades Políticas, promulgada el 9 de febrero de ese año, en su artículo 4º, apartados j) y k), hacía responsables de la guerra a todos aquellos que hubieran fomentado por cualquier medio la revolución comunista y que «obligó» a los militares a dar un paso al frente y acabar con la democracia. El clásico argumentario franquista, hoy revitalizado por algunos voceros de la ultraderecha. Y claro, –según los liberticidas- exhibir esa película en la que la marinería tiraba por la borda a los oficiales zaristas era una llamada a la insurrección obrera, pero los empresarios no lo sabían porque se dedicaban a lo suyo: ganar dinero.

Ante la nueva situación, embarazosa para los empresarios acusados, el relato de los protagonistas va a intentar amoldarse. Capote dijo que desde 1933 era de Falange Española y de la CEDA al mismo tiempo, aunque un informe de la misma organización años después desmiente esa militancia y lo sitúa solo en Acción Popular Agraria. También dijo que había sido un fiel lugarteniente de Franco durante sus vacaciones conspirativas en el Archipiélago, citando a un testigo que había fallecido en la guerra. Pero en cuanto al meollo de la cuestión, Capote situó las culpas en Camacho como titular de la película, que ya había sido condenado con anterioridad, y ellos (el Banco) solo se limitaron a cobrar la deuda.

Este relato tiene varios fallos: la película estaba en su poder y son ellos los que promovieron su exhibición. Pero no solo eso, también sitúa a un hombre de su confianza de Las Palmas para garantizarse la obtención del dinero, el señor Bello. Capote mintió en su declaración cuando dijo que este «no intervino como delegado suyo ni de Pozuelo». También mintió cuando dijo que «ni el que suscribe ni la Banca Pozuelo han tenido ninguna intervención en la explotación ni contratación» de la película.

Estas son las mentiras de Capote, pero ¿qué dijo el propio Ruperto Pozuelo cuando acudió a la cita del instructor el 2 de enero de 1940? Obviamente, exageró en cuanto a sus méritos antes del golpe militar: dijo que había sido «enemigo declarado del Frente Popular», al solidarizarse con Franco en mayo de 1936, cuando numerosos ayuntamientos de la isla condenaron su actitud provocadora ante la celebración del día de los trabajadores; que contribuyó a la exhibición de Bandera en Santa Cruz de Tenerife, película militarista y ensalzadora de Franco; que poco antes del golpe militar estuvo a las órdenes del comandante Salvador Iglesias «para estar dispuesto a cualquier eventualidad»; y que al día siguiente del 18 de julio se presentó en la Comandancia Militar.

Muchos «buenos» ciudadanos esgrimieron los mismos argumentos y buscaron testimonios que lo confirmaran. Seguro que la chequera tuvo mucho que ver en esta cuestión. Pero después del golpe sus acciones se multiplicaron: Pozuelo dio dinero a la Iglesia, a Acción Ciudadana, ingresó en Falange (E. T, y de las J.) pero en septiembre de 1937, figuró en algunos cargos de responsabilidad económica, como la Junta Reguladora de Exportaciones e Importaciones y la Comisión de Inspección de Divisas.

Todo esto lo dice el banquero antes de tratar el tema por el que es acusado. Sobre ello trata de echar balones fuera. Dice que su cuñado Capote incautó a Camacho una serie de rollos, pero que no sabía lo que contenían, casualmente resultaron ser El Acorazado Potemkin. Pero lo más mezquino es cuando trata de desligarse de las actuaciones de su propio cuñado, en un intento de dejarlo solo ante el peligro. Dijo que Capote firmó el contrato con Camacho «desprovisto de su calidad de representante de la banca» y «sin que para ello interviniera la banca Pozuelo». Eso lo hacía para el caso de tener que buscar un chivo expiatorio de todo este embrollo. Naturalmente, él no iba a serlo.

Testimonios

Existen en el expediente también las opiniones de otros miembros e instituciones del régimen franquista sobre lo que hicieron los Pozuelo que podríamos identificar como ‘puristas’. Estos querían condenar a los implicados. Por ejemplo, el sacerdote lagunero Maximiliano Montesino, quien adopta una actitud acusadora e inquisitorial contra todos aquellos que huelan a republicanismo. Ni siquiera Ruperto Pozuelo salió indemne a sus diatribas: de él decía que «siempre ha reducido todas sus actividades a acaparar dinero por todos los medios posibles» y que también «contribuyó pecuniariamente para los partidos del Frente Popular... para contentar a ambos bandos», concluyendo que con El Acorazado Potemkin quería «producir buenas pesetas». También el Ayuntamiento lagunero adopta una actitud crítica frente a ambos, los tildaba de «socios capitalistas que financiaban la explotación» del filme en cuestión.

El 17 de febrero de 1941 concluyó el juez instructor el voluminoso expediente y sacó conclusiones. Naturalmente, en ellas no aparecen ni Pozuelo ni Capote, y solo implicaba a cuatro de ellos: los representantes del cine Hermanos Millares Prieto Silva y el fallecido José Barreto Bethencourt; también el representante del cine Numancia, Benigno Ramos Machín, y el alemán deportado Appenhagen. ¿Y los demás? Pues nada, sin responsabilidad. Cuando las conlusiones del sesudo instructor llegaron al Tribunal para su correspondiente sentencia este tuvo que callar, quizá avergonzado de la chapuza que había hecho o quizá asustado por las repercusiones, y es que con los sostenedores del nuevo régimen no se podían meter, aunque hubieran cometido algún error. Como hacen las ratas cuando el barco se hunde, pudieron escaparse a tiempo.

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