Medidas para afrontar la emergencia habitacional

Canarias acelera para reducir plazos en la construcción de viviendas

Política Territorial cambia la Ley de Suelo para recortar trámites a fin de que los municipios cedan suelo y Obras Públicas un decreto para desburocratizar

Primer edificio del plan de reposición de Las Rehoyas, en la capital grancanaria.

Primer edificio del plan de reposición de Las Rehoyas, en la capital grancanaria. / José Carlos Guerra

Canarias acelera las medidas para disponer de suelo con el fin de construir viviendas y agilizar los trámites administrativos necesarios para aumentar la oferta de inmuebles, preferentemente de promoción pública y de alquiler asequible. El Gobierno regional trabaja en una doble vía: la modificación de la Ley del Suelo de Canarias de 2017 para facilitar y simplificar a los ayuntamientos la recalificación de suelos que vayan destinados a construir casas y, por otro lado, la agilización de los trámites administrativos con el fin de reducir los plazos de las licencias municipales de construcción y atajar los obstáculos burocráticos con los que se enfrentan los promotores.

Tanto el Ejecutivo autonómico como las patronales de la construcción han reclamado en varias ocasiones la necesidad de que el Gobierno central modifique la ley del Suelo estatal, además de la de Vivienda y la de Arrendamientos Urbanos. Precisamente entre las medidas anunciadas el lunes por el presidente Sánchez se encuentra la reforma de la Ley del Suelo, actualmente en trámite parlamentario, para facilitar la reducción de la burocracia, acelerar los procesos de construcción y ampliar la disponibilidad de suelo para los promotores privados. Canarias también ha entrado en este proceso con un debate abierto con ayuntamientos, cabildos, expertos y colegios profesionales que ahora se convertirá en una ley para dar prioridad a eliminar obstáculos y acelerar los procesos urbanísticos para que los suelos urbanizables, de equipamientos e incluso de uso turístico puedan recalificarse para la construcción de viviendas.

Reforma urbanística

El portavoz de Vivienda de Coalición Canaria de Gran Canaria y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, aseguró ayer que lo que necesitan los ayuntamientos es contar con una cobertura legal que les posibilite destinar suelo a viviendas sin tener que pasar por modificar el plan general o iniciar un planeamiento que puede tardar más de ocho años. En su opinión la reforma de la Ley del Suelo es «ambiciosa» y tiene como objetivo que los municipios puedan tramitar una recalificación en menos de un año, para que tanto la Administración como los promotores privados edifiquen casas que alivien la presión que existe sobre el alquiler y aminorar la falta de oferta. Asimismo, se persigue que los informes sectoriales no sean vinculantes sino preceptivos para que el proceso no se demore y ampliar el tipo de obras que pueden obtener la licencia a través de una declaración responsable y comunicación previa, sin necesidad de esperar a la resolución definitiva.

Para Marichal las medidas anunciadas tanto por el PP como por el Gobierno central son puramente «cosméticas» porque no solucionan el problema de fondo. El dirigente nacionalista cree que las bonificaciones fiscales no sirven para construir viviendas, que sí es la única vía para acabar con la emergencia habitacional. «Son medidas superfluas de cara a la galería, lo que tiene que hacer el Estado es poner dinero sobre la mesa para que el suelo que se ponga a disposición se pueda construir, lo demás es quedar bien pero no dar soluciones reales», añade Marichal.

De esta forma tanto la Consejería de Obras Públicas y Vivienda como la de Política Territorial confluyen en el mismo fin: remover y agilizar los trámites administrativos, por un lado, y acelerar el ordenamiento urbanístico que, para el representante municipal, es el elemento esencial para contar con suelo de forma más efectiva. El nuevo decreto ley de Vivienda está previsto que se apruebe en este primer trimestre, un año después de la ley de medidas urgentes que declaró la emergencia habitacional. La modificación de la Ley del Suelo va más atrasada, pero el objetivo es que en este año se apruebe por el Parlamento una vez que pase por el Consejo de Gobierno y el informe preceptivo del Consejo Consultivo.

Como representante de un ayuntamiento, Marichal advierte que la medida más eficaz para atajar la emergencia habitacional es que los municipios puedan disponer de mecanismos legales para disponer de suelo sin tener que aprobar un nuevo plan general o parcial. El dirigente municipal recuerda que San Bartolomé de Tirajana lleva más de 20 años sin cambiar el plan general y no puede modificar el uso de suelo sin entrar en un trámite que puede durar hasta ocho o más años.

«Canarias hace su tarea»

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo regional, Pablo Rodríguez, aseguró ayer que «Canarias está haciendo su tarea» en materia de vivienda y que está «a la vanguardia» en las medidas que se están poniendo en marcha para mitigar la crisis habitacional que sufre las Islas, pero también el resto del país. Rodríguez indicó que muchas de las medidas que lanzó el PP el domingo como las anunciadas por Pedro Sánchez el lunes se están aplicando en Canarias porque «desde hace más de un año hemos priorizado la política de vivienda y vamos a seguir así este año con el nuevo decreto ley».

Entre las iniciativas anunciadas por Sánchez figura el blindaje de las casas protegidas o exenciones fiscales para los propietarios, cuestiones que ya aplica Canarias tanto a través de la ley de emergencia habitacional como en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2025, en los que se contemplan bonificaciones en el tramo autonómico del IRPF de hasta 1.000 euros para los propietarios que pongan su vivienda en alquiler residencial. En relación con las limitaciones a la compra de casas por extranjeros no residentes, Rodríguez Valido recordó que el Ejecutivo regional ha puesto en marcha esta iniciativa en Bruselas a través del Foro de las regiones ultraperiféricas.

En lo que sí insistió el titular de Vivienda es en la necesidad de cambiar las leyes estatales que inciden en el mercado inmobiliario para ofrecer más garantías a los propietarios porque han generado inseguridad jurídica. El dirigente nacionalista cree que las medidas antiokupación anunciadas por el PP son un «brindis al sol» para «quedar bien con su electorado» e insistió en que se deben tomar medidas legales para evitar que el propietario cobre su renta y, en caso contrario, pueda desahuciar al inquilino sin tantos problemas. «Hay que volver al estatu quo inicial y dar las suficientes garantías para movilizar las viviendas vacías que hay en Canarias», añadió.

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