Las ‘guerras’ de Sánchez con sus socios relega la revisión de la agenda canaria
Los pleitos del Gobierno con Junts, ERC o Podemos alejan la posibilidad de nuevos presupuestos y de un acuerdo para el reparto puntual de menores
El encuentro entre Clavijo y Montero para revisar los acuerdos de investidura, condicionado por la inestabilidad del Ejecutivo

El presidente Gobierno Pedro Sánchez se reune con el presidente de Canarias Fernando Clavijo en La Palma en agosto de 2024. / Efe/ Luis Morera
Joaquín Anastasio
Canarias vuelve a quedar condicionada en sus relaciones con el Estado por el devenir de la política nacional. El desarrollo de la agenda canaria sufre un nuevo contratiempo nada más comenzar el año con un elemento ajeno a la propia dinámica de la interlocución entre el Gobierno regional de Fernando Clavijo, y el Ejecutivo central presidido por Pedro Sánchez. Cuando ambas partes preparaban una reunión para este mismo mes de enero entre Clavijo y la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para revisar los acuerdos que contemplan la agenda canaria, el anuncio del líder de Junts, Carles Puigdemont, de suspender todas las negociaciones con Sánchez sobre sus propios acuerdos de investidura y su apoyo al Gobierno, trastoca todo el contexto político y el escenario en el que debería producirse el impulso de los temas canarios en Madrid.
La espantada del dirigente independentista catalán el pasado viernes respecto de sus relaciones con el Ejecutivo central aleja aún más la posibilidad de que este pueda presentar a corto plazo un proyecto de nuevos presupuestos, que serían los primeros de la legislatura dado que los actualmente en vigor datan de antes de las elecciones de 2023, y, por tanto, afecta de forma directa al desarrollo de aspectos esenciales de los asuntos isleños en Madrid. Pero además, la ruptura de las negociaciones entre Junts y el PSOE deja también prácticamente sin posibilidad de que prospere en el Congreso la propuesta que están barajando Canarias y el Estado para un reparto puntual y extraordinario de 4.000 menores migrantes desde las Islas al resto de comunidades autónomas.
No es solo Junts el grupo con pleitos pendientes con el Gobierno que están lastrando la legislatura, la aprobación de leyes en las Cortes, o el desarrollo de otros tipos de acuerdos que afectan a otros socios del Ejecutivo y que quedan relegados por esta circunstancia. Es lo que a todas luces le está sucediendo a CC, que pese a ser quizá el socio del Ejecutivo no integrado en el mismo que mayor respaldo le está mostrando en el Congreso, ve cómo sus prioridades están siendo relegadas por la dinámica política de otros grupos y de sus exigencias a Sánchez. De esta forma, la negativa del PSOE a aceptar la propuesta de Junts para que Sánchez se someta a una moción de confianza en el Parlamento ha provocado la ruptura de contactos entre independentistas y Gobierno afectando tanto a la negociación presupuestaria como a la relacionada con el reparto de menores.
Reparto de menores migrantes
Cabe recordar en este sentido que es Junts precisamente el grupo en el Congreso que resultará clave para la aprobación de esta medida alternativa a la reforma de la ley de extranjería para la distribución de niños y niñas que ahora tutela Canarias. Los gobiernos regional y central tienen ya prácticamente listo un texto que, tras ser analizado por la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado, se remitirá al Congreso para su convalidación, si se trata de un proyecto de ley, o para su toma en consideración y posterior tramitación, si es a través de una proposición de ley. En cualquiera de los casos, dado que el PP ha dejado claro que está en contra de este reparto extraordinario, y partiendo de la base que todos los socios del Gobierno la respalden (como hicieron con la reforma de la ley de extranjería), son los votos de los siete diputados de Junts quienes decidirán.
Aunque no consta una declaración pública de ningún dirigente de Junts aclarando si apoyarían el reparto extraordinario que negocian Canarias y el Estado, Clavijo asegura tener constancia de ello tras haber hablado con su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras. Pero los ex convergentes siempre han ligado su posición al respecto a la negociación que mantienen con el Gobierno para el traspaso a Cataluña de las competencias en materia de gestión migratoria, estancadas desde hace más de un mes. La ruptura de toda negociación entre ambas partes deja, por tanto, este tema en el aire justo cuando los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tiene ya listo ese texto para que, una vez revisado por la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado, pueda ser remitido al Congreso para su aprobación por la Cámara.
Renovar la confianza
No es Junts el único grupo con el que el Gobierno tiene abiertos pleitos o desencuentros que a la postre vienen a incidir en la estabilidad de la mayoría parlamentaria, en la marcha de la legislatura, en la propia hoja de ruta del Ejecutivo, y consecuentemente en el desarrollo de los temas canarios en Madrid. También ERC y Podemos tienen sus propias carpetas abiertas con temas pendientes de cerrar sobre todo en materia presupuestaria. Todos ellos vienen a plantear un problema de fondo y que el Gobierno de Sánchez no está cumpliendo con sus acuerdos de investidura, o con otros derivados de compromisos adquiridos en otro ámbito como es el caso de la financiación singular para Cataluña pactada en el marco de la investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de esa comunidad. Y de esa ‘guerra’ de Sánchez con sus socios nace la idea, amplificada por el uso que ha hecho de ella el polémico Puigdemont, de que el presidente necesita renovar la confianza de sus socios si pretende que la legislatura no queda bloqueada o incluso superada.
Desde el Gobierno de Canarias y desde CC, aún reconociendo la importancia de estos contratiempos, no se quiere condicionar su relación con el Ejecutivo central y el cumplimiento de sus acuerdos con las dinámicas con otros grupos parlamentarios u otros territorios. Se mantiene en agenda la reunión de Clavijo y Montero, todavía sin fecha, para la revisión del documento pactado en noviembre de 2023 que dio paso al apoyo de Cristina Valido, la diputada de CC, a la investidura de Sánchez, y se confía en que, con o sin presupuestos, el Estado se haga cargo de los compromisos económicos con Canarias derivados del desarrollo de la agenda canaria.
Otro elemento en juego en este puzzle político tiene que ver con la doble condición de CC de socio parlamentario del PSOE en Madrid, y socio del PP en el Gobierno de Canarias, y de cómo afectará en cada uno de estos ámbitos el resultado de las negociaciones actuales o futuras sobre los temas canarios en el Estado. El rechazo de los populares al reparto de menores, incluso al puntual en estos momentos sobre la mesa, está provocando mucho malestar en CC y en la parte nacionalista del Ejecutivo regional, con Clavijo a la cabeza. Los populares canarios, aparentemente favorables a esta medida frente a la posición de sus jefes de la calle Génova, meten, sin embargo, una cuña entre los dos principales negociaciones, el propio Clavijo y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acusando a este de estar cercado por la corrupción y exigiéndole que dimita. Una maniobra, que pretenden amplificar en el Congreso, para tratar de poner palos en las ruedas de la relación entre los dos gobiernos y de que la agenda canaria encalle.
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