Empleo público

El Estado exige «celeridad» para cerrar la estabilidad de los interinos

El Ministerio aclara que los procesos siguen adelante y no decaen pese al incumplimiento de los plazos estipulados por la ley estatal

Opositores en una convocatoria en el campus de Tafira.

Opositores en una convocatoria en el campus de Tafira. / Andrés Cruz

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública demanda a la Comunidad Autónoma «mayor celeridad» para finalizar los procesos de estabilización de los empleados interinos y temporales que trabajan para el sector público. Una vez rebasado el plazo estipulado por la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que finalizó el pasado 31 de diciembre de 2024, ahora tanto la Administración autonómica como las corporaciones locales –cabildos y ayuntamientos– se ven obligados a acelerar los procedimientos ante la demora que acumulan las convocatorias. El nuevo objetivo del Gobierno regional es finalizar los procesos y nombramientos antes del 31 de marzo.

En las últimas semanas del pasado año existía inquietud entre el personal interino afectado por la estabilización de sus puestos de trabajo, sobre todo los 3.500 empleados de la Administración General, por si la dilación de los procesos afectaría a la consolidación de sus empleos después de años de incertidumbre y de abuso de la temporalidad. Por eso se realizó una consulta a la Dirección General de Función Pública del Ministerio con el fin de aclarar si el incumplimiento de los plazos legales podía afectar a los derechos de los trabajadores que están inmersos en la estabilización y cuál es el itinerario a seguir una vez iniciado el año 2025.

Función Pública advierte en la respuesta a la consulta que los plazos son un «deber legal» pero sí aclara que el «objetivo finalista» de la ley, que es la reducción de la temporalidad en el empleo público, sigue vigente y que el objetivo de marcar plazos es para evitar más dilaciones en los procesos y porque se trata de un compromiso adquirido por España con la Unión Europea (UE) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Ministerio prioriza la reducción de la temporalidad ante la amenaza de sanciones por parte de la UE

El Ministerio deja claro que los derechos de los interinos se mantienen una vez que han sido convocados los procesos y se han publicado en los boletines oficiales, por lo que el procedimiento no decae ni caduca aunque se haya superado el plazo establecido por la ley. Función Pública mantiene que el objetivo de los procesos selectivos «debidamente convocados» es el de lograr la estabilización del empleo temporal y reducir la temporalidad en las administraciones públicas, por lo que dicho objetivo es prioritario y «va más allá de la fecha estipulada legalmente», por lo que se considera que su incumplimiento «no afectaría a la esencia o naturaleza del plazo y, por tanto, no decae meramente tras la fecha de finalización del plazo establecido».

Avisos de Bruselas

Para el Ministerio es esencial reducir la tasa de temporalidad en la Administración ante las advertencias de Bruselas, ya que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como la Comisión Europea han reprochado a España el incumplimiento reiterado de la Directiva comunitaria sobre el trabajo de duración determinada. De hecho, el pasado mes de octubre la UE abrió un nuevo procedimiento de infracción a España por el uso abusivo de los contratos interinos en el sector público. Por ello, el Ministerio resalta en el texto de la consulta que la prioridad es la estabilización y que el compromiso con Europa es la consolidación de al menos 300.000 plazas de empleados públicos, aunque la intención es que esta cifra alcance a más trabajadores ya que las plataformas de interinos y sindicatos estiman que la interinidad afecta a más de 800.000 trabajadores de las administraciones públicas españolas.

Pero que se dé más prioridad a la estabilización por encima de los plazos legales no significa que las administraciones implicadas dilaten los procesos sine die. Por ello Función Pública advierte que «en casos en que por causas justificadas no se pudiera cumplir con el plazo de resolución de los procesos, la Administración podría continuar con los mismos hasta llevarlos a término, a la mayor celeridad».

Canarias quiere acabar los procedimientos en el primer trimestre del año, pero los sindicatos lo ponen en duda

En el caso de Canarias, la Administración General tiene que estabilizar a 3.500 empleados de los diferentes centros directivos de la Comunidad Autónoma. El Gobierno regional se ha comprometido a cerrar definitivamente todos los procesos en este primer trimestre del año aunque, sin embargo, los sindicatos no lo tienen tan claro.

El secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Manuel González, advierte de las dificultades que tiene la Dirección General de Función Públicas del Ejecutivo canario para finalizar los procesos de estabilización en el primer trimestre. González cree que este departamento está «atragantado» y «no tiene capacidad» para finalizar los procedimientos abiertos porque «no hay plantilla suficiente» y porque desde el punto de vista técnico han surgido dificultades por las «múltiples erratas» de la autobaremación, las jubilaciones sobrevenidas que han dejado vacantes sin cubrir o la reapertura de algunos procesos que estaban terminados. «Esta situación va a durar más allá de marzo», advierte el Sepca porque también se tienen que hacer los nombramientos y tomar posesión de las plazas.

Apuntes

Flexibilidad para acabar este año

La mayoría de los cabildos y ayuntamientos canarios han finalizado los procesos de estabilización y han consolidado los puestos de trabajo de sus empleados en abuso de temporalidad. Las corporaciones insulares contaban con más de 1.500 trabajadores en esta situación. El Gobierno central ha abierto la mano para que los ayuntamientos más atrasados terminen cuanto antes, entre ellos las dos capitales canarias.

En la Comunidad Autónoma hay unos 20.000 empleados en interinidad y temporalidad. Los 3.500 de Administración General serán estabilizados en el primer trimestre, según las previsiones del Gobierno. En el ámbito de la Sanidad el Ministerio del ramo ha dado su visto bueno para que los 12.000 trabajadores interinos estabilicen sus plazas en este año, mientras que en Educación ya se han estabilizado a unos 4.000 docentes, pero todavía quedan más procesos.

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