Canarias tiene cinco meses para crear nueve 'megatribunales' de instancia

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene ante sí el reto de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia aprobada en diciembre para transformar sus actuales 220 juzgados unipersonales en 19 Tribunales de Instancia (TI), cada uno de ellos integrado por una Sección Civil y otra de Instrucción a las que se pueden unir otras secciones especializadas. Sin embargo, y en base a los plazos establecidos en el propio texto legal, solo tiene hasta el 1 de julio, menos de cinco meses, para crear nueve de estos nuevos órganos colegiados que integran todos los actuales juzgados unipersonales y los jueces de primera instancia en una única organización en cada partido judicial, que unificará la respuesta en primera instancia.

Según los planes de la Consejería de Presidencia y Justicia que dirige Nieves Lady Barreto, que esta semana se ha reunido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, y el cuerpo de letrados de la Comunidad Autónoma "para coordinarnos y poder sacar adelante esta tarea", en julio deberían estar en marcha los TI de Arucas, Los Llanos de Aridane, Granadilla de Abona, Güímar, Puerto de la Cruz, La Orotava, Icod de los Vinos, Valverde y San Sebastián de La Gomera.

Pero esta reestructuración no se queda ahí. Asimismo, se contempla la creación de otras tantas oficinas judiciales (OJ) adscritas a cada tribunal de instancia -formadas por un magistrado, un letrado y nueve funcionaros- a lo que se suma que al menos 34 de los 69 vigentes juzgados de paz deben transformarse en oficinas judiciales municipales (OJM) cuya función será acercar el servicio público de Justicia a todos los territorios para que la ciudadanía pueda realizar actos y trámites procesales de manera telemática sin tener que desplazarse.

Cinco nuevos jueces refuerzan los órganos judiciales canarios

En la planificación de la Consejería está crear cinco OJM en Gran Canaria -Artenara, FirgasTerorTejeda y Valleseco-, 16 en Tenerife -Granadilla de Abona, Arico, San Miguel de Abona, Vilaflor, Güímar, Arafo, Candelaria, Fasnia, Icod, Buenavista Norte, El Tanque, Garachico, La Guancha, Los Silos, La Orotava, La Matanza, La Victoria, Los Realejos, San Juan de la Rambla y Santa Úrsula- seis en La Palma -El Paso, Fuencaliente, Garafía, Puntagorda, Tazacorte y Tijarafe- cinco en La Gomera -Agulo, Alajeró, Hermigua, Valle Gran Rey y Vallehermoso- y los de Frontera y El Pinar en El Hierro.

Los actuales 220 juzgados unipersonales se convertirán en 19 Tribunales de Instancia

Este desafío, que supone la mayor transformación de la Justicia en décadas, es valorado por la consejera Barreto que, sin embargo, pone reparos a los plazos porque "son inabordables" y al hecho de que la ley "no tenga ficha financiera", lo que provoca que "tengamos que buscar partidas en otras áreas o, incluso, aprobar un crédito extraordinario".

"La ley supone una auténtica revolución, pero será una realidad dentro de unos años, aunque no ahora, porque parte de una realidad que no es idílica y, si no se estructura bien, puede incrementar el colapso judicial actual en vez de solucionarlo", asegura.

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Estas quejas ya fueron puestas de relieve por la totalidad de las comunidades autónomas en la reunión que mantuvieron en abril con representantes del Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños y, según Barreto, volverán a estar encima de la mesa sectorial que se celebrará en abril en Barcelona para evaluar el ritmo de la puesta en marcha de esta reestructuración en los distintos territorios.

Pese a las dificultades para cumplir los plazos sin ficha financiera, Canarias no va a pedir una ampliación de los mismos, pues "ya hemos empezado a trabajar, aunque es difícil que logremos cumplir al cien por cien" con la meta, pues "solo la elaboración de las distintas relaciones de puestos de trabajo (RPT) para dotar cada tribunal de instancia y cada oficina judicial supone un año de trabajo", mucho más tiempo del plazo establecido, por lo que funcionarán a medio gas.

El próximo 1 de julio 34 de los 69 juzgados de paz que hay en las islas deben transformarse en oficinas judiciales municipales

La implementación de TI conlleva la redistribución de los jueces en el ámbito territorial de sus competencias de tal forma que ya no se producirán los actuales desajustes que existen en la carga de trabajo entre unos juzgados y otros; asimismo, se pretende acabar con las desigualdades en el tiempo de resolución de asuntos de un mismo tipo y permitir una mayor especialización de los jueces y una mejora de las condiciones de trabajo y la unificación de criterios en la interpretación y aplicación del derecho.

Por lo que se refiere a las oficinas judiciales, se pretende que contribuyan a incrementar la agilidad, la eficacia, la eficiencia, la racionalización del trabajo y la coordinación y cooperación entre administraciones, para que la ciudadanía obtenga un servicio próximo y de calidad.

Tras casi dos siglos de existencia de los juzgados de paz, estos quedaron reducidos a meros órganos auxiliares del Registro Civil. Con su transformación, ofrecerán a los ciudadanos unos servicios sin tener que desplazarse y se refuerza la accesibilidad a los mismos en todo el territorio, en especial en las áreas en riesgo de despoblación.

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