Clavijo pedirá a Montero ‘cuentas claras’ en la revisión de la agenda canaria

Confirmación de compromisos adquiridos, horizonte presupuestario previsible, y pagos más inmediatos a los realizados hasta ahora. Estas son las cuestiones básicas que va a trasladar el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a la vicepresidenta primera del Gobierno central y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la reunión que ambos mantendrán este miércoles en Madrid para abordar el grado de cumplimiento de la agenda canaria que CC y el PSOE firmaron a principios de legislatura. Es decir, Clavijo quiere las "cuentas claras” para evitar los desajustes producidos en el pasado, sobre todo el retraso de las transferencias de los cerca de 900 millones presupuestados para 2024, de los que un alto porcentaje no se ha pagado hasta diciembre o incluso enero de este año, y de los que todavía quedan pendientes cerca de 200.

Junto a ello, el presidente regional pretende también un escenario lo más claro posible sobre cómo Montero piensa afrontar la financiación del reparto extraordinario de 4.000 menores desde Canarias, y otros 400 desde Ceuta, al resto de comunidades autónomas si finalmente el acuerdo alcanzado al respecto entre los gobiernos canario y central se concreta en una propuesta legal, mediante real decreto ley o proposición de ley, y logra el apoyo suficiente en el Congreso. Es una de las claves de bóveda de esta medida, alternativa por ahora a la reforma de la ley de extranjería para un reparto automático de este colectivo entre todo el territorio nacional que rechazó el Congreso en julio, sobre todo teniendo en cuenta que el PP ha reiterado también su rechazo a esta distribución puntual alegando que los criterios de acogida pactados el jueves pasado entre Clavijo y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, dejan fuera por motivos políticos a Cataluña y el País Vasco, algo que ambos han negado.

El presidente regional prepara en estos días previos el orden del día con la ministra para una reunión a la que en principio iba a acudir acompañado de las dos personas que firmaron con Montero el pacto sobre la agenda canaria en noviembre de 2023, el secretario de Organización de CC, David Toledo, y la diputada nacionalista en el Congreso, Cristina Valido, que votó la investidura de Pedro Sánchez gracias a ese pacto. Sin embargo, todo parece indicar que finalmente será un cara a cara entre Clavijo y Montero en el que ambos quieren acotar todo lo posible las cuestiones económicas que se refieren a las relaciones entre Canarias y el Estado, y en particular las que tienen que ver con el coste de acogida de los 5.800 menores migrantes que ahora tutela Canarias, y con el plan para los 4.000 de ellos que se quieren trasladar a otras comunidades. Además de la financiación de ese proceso, Clavijo reclamará el pago inmediato de los 50 millones adicionales prometidos por el Gobierno central para esa acogida, que deberían haberse entregado antes de finalizar 2024.

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El presidente canario no quiere, sin embargo, desviar el foco de lo que ahora es su preocupación principal sobre la crisis migratoria y la situación de emergencia de los niños, niñas y adolescentes que saturan y colapsan los centros de acogida de la comunidad. Por eso pone el énfasis en que Montero le dé garantías de financiación del plan y lo haga en términos que pueda ser aceptado por las comunidades autónomas acogientes. A partir de ello y de que la Abogacía del Estado entregue el informe sobre si es posible el decreto ley, sobre el que los servicios jurídicos canarios “insisten que es posible”, quedaría reunirse con los grupos políticos para cerrar el texto y aquellas mejoras que quisieran introducir para llevarlo al Consejo de Ministros primero, y al Congreso después.

Clavijo apuntó que ahora mismo todos los esfuerzos se centran en liberar la presión de los servicios de la comunidad autónoma y que los menores migrantes puedan ser atendidos con dignidad acorde a los derechos internacionales. Con todo, el presidente reiteró que para Canarias “lo ideal es modificar el artículo 35 y establecer un sistema automático que sería aplicable a todas las comunidades autónomas”. “Hoy le toca a Canarias pero pasado mañana puede ser Andalucía o Baleares o Valencia. Lo que queremos es establecer mecanismos de solidaridad entre territorios que queden reflejados en ley y que no quede al albur de la voluntad política del gobierno de turno que esté en cada comunidad”, concluyó.

200 millones pendientes

Más allá de la cuestión de los menores, Clavijo busca un impulso de todos los demás temas de la agenda canaria, sobre todo el pago de esos 200 millones aún por transferir, 100 de ellos relativos a las ayudas a La Palma por la erupción volcánica y que precisamente fueron confirmados tras la aprobación hace dos semanas del decreto de medidas sociales posterior al decreto ómnibus que rechazó el Congreso. La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, aseguró este lunes tras el Consejo de Gobierno que “los necesitamos porque queremos abordar el pago de casi todas las fincas agrarias que quedan por pagar”. “Tenemos expedientes preparados para su pago por más de 10 millones, pero no tenemos los 100 del Estado. Nos corre prisa porque en cuanto nos llegue empezaremos a pagar”, resaltó.

El presidente Clavijo también busca plantear otras de las prioridades de Canarias sobre algunos aspectos de la agenda isleña que en principio estarían condicionados a nuevos presupuestos de Estado como es la firma de un convenio de obras hidráulicas con las que afrontar la emergencia hídrica en cuatro de las ocho islas. Al respecto el Gobierno regional recuerda que ambas administraciones tienen firmado un protocolo desde 2018 para invertir 915 millones a lo largo de 12 años sin que se haya dado un paso desde entonces para pactar los convenios correspondientes. También se busca recuperar el convenio de infraestructuras educativas, un instrumento de financiación dotado anualmente con 42 millones que ha ido apareciendo y desapareciendo de las cuentas estatales con distintos gobiernos pero que está inoperativo desde 2019.

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