Feijóo echa tierra sobre el pacto para los menores: lo tilda de «reparto político»

La dirección nacional del PP busca por todos los medios trasladar a la opinión pública la idea de que el acuerdo entre Canarias y el Estado sobre los criterios de reparto excepcional de 4.400 menores migrantes desde Canarias y Ceuta al resto de comunidades autónomas obedece exclusivamente a intereses políticos del Gobierno central y de su presidente, Pedro Sánchez, y a garantizarse continuar con el apoyo de Junts y del PNV a cambio de dejar fuera de ese reparto a Cataluña y el País Vasco. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, trasladó esa consigna este martes a los suyos –en una reunión conjunta de los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado en el inicio del nuevo periodo de sesiones de las Cortes–, para que sea repetida a lo ancho y largo de todo el país. Y eso a unas horas de que, mañana, se vean las caras el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para establecer una ficha financiera que haga viable el acuerdo.

Feijóo reiteró la idea ya expuesta en los últimos días por otros dirigentes del partido para justificar su rechazo a ese traslado puntual desde los territorios frontera sur al resto del país, pero este martes sus palabras fueron más allá y lo suficientemente explícitas como para acusar tanto al Estado como al Gobierno de Canarias, del que el PP forma parte, de articular «reparto político» de menores. 

En realidad, la acusación del líder del PP va dirigida aparentemente solo contra Sánchez, pero la lógica de su argumentación apunta también a Clavijo, como responsable de ese pacto con el Gobierno central, e incluso al PP canario por respaldarlo contra las tesis de la dirección de la calle Génova. 

La estrategia de la dirección nacional de los populares parece claramente encaminada a no dejar a Vox el espacio del debate sobre el fenómeno migratorio y refrendar, por tanto, su rechazo al reparto de los menores migrantes que llegan nuestras costas sin acompañante, pese a lo que ello supone de enfrentamiento con el Ejecutivo canario y con sus militantes en las Islas. 

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Feijóo fue muy lejos en sus críticas al acuerdo de reparto con los criterios de distribución pactados el jueves pasado entre Clavijo y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acusando a Sánchez, y por ende al otro firmante del acuerdo, de «comprar» votaciones y hacer una distribución «en función del partido político que gobierna en cada comunidad».

«No vamos a aceptar lecciones de solidaridad de quien negocia que los inmigrantes se repartan en función del color político de cada comunidad autónoma», afirmó el líder popular. 

Feijóo, con todo, trató de trasladar parte del debate al punto que el Gobierno central negocia con Junts para conseguir el apoyo de este grupo al traslado puntual de niños y adolescentes, es decir, el traspaso de las competencias de gestión migratoria a Cataluña. Acusó a los ex convergentes de utilizar la crisis migratoria para ejercer un control sobre las fronteras del país. «El independentismo está utilizando esta crisis de la entrada de inmigrantes para controlar las fronteras del Estado español», afirmó antes de comprometer a su partido a dar la batalla al respecto, y avisando de que si el Gobierno «menoscaba una competencia indelegable del Estado», como es el control de las fronteras, «el PP va a defenderlo en todas las instituciones».

Feijóo afirmó que «la realidad es que el Gobierno no está planteando ninguna solución, no va a la raíz del problema» y que, desde su punto de vista, lo único que se logrará será ampliar «el efecto llamada» e incrementar la crisis humanitaria que vive Canarias. Insistió en que lo que España «necesita es una política migratoria firme, coordinada, europea y no una irresponsabilidad constante de Sánchez», recordando que el PP presentó en septiembre pasado un pacto migratorio junto con 14 presidentes autonómicos y firmado también por Canarias.

Defensa vasca

En el campo contrario, el PNV y el Gobierno vasco defienden el acuerdo entre Canarias y el Estado sobre los criterios de reparto y niegan que el mismo deje fuera al País Vasco y Cataluña, como denuncia el PP. La consejera de Bienestar y Juventud del Ejecutivo vasco, Nerea Melgosa, aseguró en una comparecencia pública que el acuerdo recoge criterios de «equidad, solidaridad, transparencia y flexibilidad» y no llega a entender «los cálculos» del PP para sostener que quedarían fuera del reparto.

Para la consejera vasca, «los criterios y los coeficientes que se están manejando dentro del acuerdo tienen unos principios tanto de equidad, de solidaridad, de transparencia y de flexibilidad», por lo que no entiende «dónde se ve el problema» y retó a los populares explicar cómo llegan a la conclusión de la Euskadi y Cataluña estarían excluidas. La consejera vasca reivindicó que su comunidad autónoma «hace tiempo que lleva trabajando sobre el principio de solidaridad y acogida» y ahora también «toca a otros y otras hacer este trabajo».

En ese sentido Melgosa recordó que el País Vasco viene reclamando su reconocimiento como ‘frontera norte’ desde hace años, algo que «es importante que también se cuantifique económicamente». «No solamente hay que hacer un tema de números, sino también estos números tienen determinada memoria económica y es lo que se ha pedido en el acuerdo», explicó.

En el mismo sentido, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, calificó la propuesta de «equilibrada» y «con unos criterios razonables» y negó que «el País Vasco y Cataluña queden fuera del reparto». «Entrarán en el reparto en este o en los que pueda haber en el futuro. La cuestión es que hay que aplicar criterios». Recordó que igual que los centros de acogida de Canarias los del País Vasco «están absolutamente saturados. Estamos con unos servicios que vamos aumentando año a año desde hace mucho tiempo y me imagino que la situación catalana es similar», afirmó.

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