El Gobierno pone cortapisas al tope para los precios de los alquileres

El Gobierno de Canarias lo tiene claro. No va a declarar ninguna zona tensionada en ningún municipio que lo solicite si ello supone "una disminución de la oferta". Con esa contundencia respondió este martes en el Parlamento el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, a los requerimientos de las diputadas Carmen Hernández (NC-Nc) y Patricia Hernández (PSOE) cuando le preguntaron si su departamento iba a dar el visto bueno a la petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para declarar a la capital grancanaria como zona residencial tensionada para regular el precio del alquiler y favorecer el acceso de la población a la vivienda. Es el primer municipio en pedirlo de forma oficial ya que Santa Cruz de Tenerife, pese a tener un informe que avalaría la solicitud, rechaza pedirla porque "puede generar efectos no deseados y potencialmente negativos". El consejero parece ser de la misma opinión. Insistió en que analizará "con rigor los informes del Ayuntamiento y de la propia Consejería" y también "se abrirá la propuesta a exposición pública para que haya participación", pero insistió en que "no vamos a aprobar nunca ninguna medida que conlleve la disminución de la oferta".

"¿Por qué se ha reducido un 40% la oferta de alquiler residencial? No es todo culpa del vacacional y a lo mejor habría que ver por qué la ley estatal ha hecho que muchos propietarios saquen sus viviendas del mercado", afirmó Rodríguez.

El consejero se mostró más partidario de desarrollar "la figura de la vivienda asequible incentivada, que no es protegida, sino libre pero que tiene un precio máximo fijado para el alquiler".

También recordó que aunque el Gobierno canario es el competente para declarar zonas tensionadas, el Ejecutivo quiere establecer un protocolo, que se incorporará al nuevo decreto sobre vivienda que prepara su departamento con el fin de que "tenga rango legal o reglamentario", para que los ayuntamientos solicitantes sean los que presenten sus informes.

La Consejería establecerá un protocolo de peticiones de zonas tensionadas en el nuevo decreto ley

El problema de la vivienda, un año después de que el Gobierno decretara la emergencia habitacional, ha sido protagonista de buena parte de la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento y sirvió para que se volvieran a visualizar las dos recetas antagónicas que para solucionar la crisis habitacional existen en el hemiciclo: más intervencionista en la oposición de izquierdas y más liberal en la bancada de los grupos gubernamentales.

Ambos bandos se acusaron mutuamente de no haber puesto "ni un bloque" de vivienda nueva ni ahora ni durante la legislatura del pacto de las flores.

Rodríguez se defendió de las críticas de la oposición y recordó que varias de las medidas anunciadas por el Estado para fortalecer el derecho a la vivienda ya se están aplicando en Canarias: "Mientras otros anuncian nosotros ya estamos actuando y Canarias está marcando el paso".

Por último, destacó los avances en el nuevo decreto ley para atajar la emergencia, el convenio con entidades financieras para fomentar el régimen de cooperativas de vivienda "y seguimos impulsando la propuesta para que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) pueda materializarse para la construcción de viviendas".

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