Apoyo del Congreso, menos Vox, a que el Estado asuma el coste sanitario de los migrantes que llegan a Canarias

Por primera vez desde que comenzó la crisis migratoria en Canarias se ha dado un paso para que el Estado pueda llegar a asumir en el futuro el coste económico que supone para las arcas de la Comunidad Autónoma la atención sanitaria a los migrantes que llegan a sus costas, un gasto que según datos de la administración regional alcanzó el año pasado los 22 millones de euros solo hasta el mes de octubre, es decir, que rondaría los 30 millones anuales de media en un año en que llegaron a las Islas cerca de 50.000 migrantes procedentes de África. 

Ese primer paso, aunque todavía es simbólico, se dio este miércoles en el Congreso al aprobar el pleno de la Cámara y con el apoyo de todos los grupos salvo Vox (315 votos a favor y 33 en contra) una moción de la diputada de CC, Cristina Valido, en que se insta al Gobierno central a que «acuerde con el Gobierno de Canarias la financiación extraordinaria que supone la atención sanitaria a las personas migrantes que llegan a las costas canarias», añadiendo además que de esta forma el Estado estaría asumiendo «sus competencias en materia migratoria», y recordando que en la actualidad ese gasto «lo soporta en solitario la comunidad autónoma de Canarias en la práctica totalidad sus islas».

La moción, que no es vinculante para el Ejecutivo estatal, recuerda el crecimiento sostenido de los flujos migratorios de forma intensa y constante, lo que está suponiendo un importante esfuerzo para el sistema sanitario canario, que destina profesionales, infraestructuras y recursos materiales a la ayuda humanitaria y asistencial que precisan estas personas migrantes sin que hasta el momento el Gobierno de España compense todos los desequilibrios presupuestarios que generan la atención médica. El Gobierno de Canarias ya ha trasladado de manera constante esta circunstancia al Ministerio de Sanidad para reclamar el necesario refuerzo del convenio con Cruz Roja para la asistencia sanitaria, dado que no se puede obviar la situación migratoria que vive el Archipiélago y la demanda asistencial que requieren las personas que llegan a las costas isleñas.  

Valido subrayó durante la defensa de la moción que la gestión migratoria es competencia del Estado, razón por la que debe asumir el coste de la atención sanitaria a los migrantes. Acusó además a la ministra de Sanidad, Mónica García, de no haber cumplido su compromiso, adquirido en diciembre durante una interpelación parlamentaria, de visitar las Islas y mantener una reunión con el Ejecutivo regional para «ayudar a financiar estos servicios». «Lamento decirles que no se ha avanzado nada, que no ha habido contacto alguno», denunció la diputada. «Es muy importante que enfrentemos ya ese elefante en la habitación que todos ven pero del que nadie quiere hablar», remachó Valido.

El portavoz del PSOE, el canario Luc André Diouf, si, por una parte, dijo coincidir plenamente con la diputada de CC en que «las personas migrantes van a seguir llegando», defendiendo que «la gestión de esos flujos solo se puede hacer desde el respeto a la dignidad y a los derechos humanos»; por otro lado, sin embargo, recalcó que el Estado ya asume parte del coste de la atención sanitaria a través tanto de la financiación autonómica, como mediante el programa de atención humanitaria a través de Cruz Roja, y por la concesión directa de ayudas para la acogida de menores del Ministerio de Juventud e Infancia.  

Advirtió el socialista, aupado al pimpampum de la política nacional, que la situación de saturación en los recursos de algunas de las islas más ‘castigadas’ por la migración se debe a la mala gestión por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario –que erróneamente vinculó al PP–, por «falta de inversión en el sistema»; «la falta de personal y medios en la atención primaria y hospitales no es culpa de los migrantes», recalcó.

Más de 1.200 migrantes han llegado a Canarias en dos días y medio

Por parte del PP, la también diputada canaria Jimena Delgado, para no ser menos en el rifirrafe, dio la vuelta a los argumentos del socialista y destacó que mientras las Islas asumen en solitario la atención sanitaria para los migrantes, el Gobierno central ha recibido de la Unión Europea 562 millones para atender la crisis migratoria y solo ha transferido 50 millones para ayudar a la acogida de los menores. Faltarían otros 50 comprometidos que aún no han llegado a las arcas autonómicas. 

Reparto de menores

Los tira y afloja en el debate sobre la atención sanitaria a los migrantes procedentes de África estuvieron condicionados, como no podía ser de otra forma, por el acuerdo alcanzado la semana pasada entre los gobiernos central y canario para el reparto extraordinario de 4.400 menores al resto de las comunidades autónomas, y la acusación por parte del PP de que los criterios de distribución excluye de la medida a Cataluña y el País Vasco. Una afirmación, que repitió este miércoles como un mantra el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que tanto el Gobierno de Canarias como el central desmienten. 

Valido recordó que esos criterios se han «estado trabajando durante mucho tiempo por muchas personas y técnicos», buscando la «mejor atención posible a los menores», y lamentó que esos se haya traducido por parte del PP en la «falsa» idea de que «a Cataluña y País Vasco no vayan menores». «Me parece lamentable, inhumano y no compatible con un partido que se precia de tener argumentos», denunció. 

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por su lado, se mostró este miércoles confiado en que, pese al aplazamiento de la reunión que iba a mantener esa misma mañana con la vicepresidente del Gobierno central y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por enfermedad de esta, la financiación para el reparto extraordinario de los menores estará aclarada antes de finales de febrero. Precisó que dicha reunión puede celebrarse la próxima semana, si bien apuntó que se le ha trasladado toda la información al jefe de gabinete de Montero, con el fin de poder avanzar y que a final de mes, se pueda producir la reunión con los grupos políticos, aunque el grado de ejecución de la agenda canaria se trate «en otra ocasión».

«Quizás ahora lo más urgente y lo más importante era poder trasladar la necesidad de cerrar la financiación para reunir a los grupos políticos y, que a lo largo de los primeros días de marzo podamos tener el decreto ley o la proposición de ley», comentó el presidente canario.

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