La Guardia Civil desmantela una unidad en Canarias para reforzar la Península

Dos factores han contribuido a la decisión de la Dirección General de la Guardia Civil de desmantelar el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 8 que opera con una base estable en Canarias desde hace más de 15 años. Una de las claves, tal vez la más importante, está en que los responsables del Instituto Armado, a través del Mando de Operaciones (MOP), consideran que sus integrantes pueden ser más útiles para realizar tareas de apoyo en la Península y reforzar los otros equipos del GRS.

Las limitaciones de personal ante determinadas circunstancias en territorio continental no pueden ser cubiertas con facilidad en estos momentos por los componentes del Grupo destinado en el Archipiélago, debido a la lejanía.

Y la segunda causa se debe a que AENA le ha solicitado al Instituto Armado la devolución de las instalaciones que dicha unidad ocupa en parte de la antigua terminal del aeropuerto Tenerife Norte-La Laguna desde el año 2009.

Así actuaban las dos jóvenes arrestadas por robar en un hotel de Fuerteventura

Cabe recordar que la cesión de las instalaciones por parte de AENA se hizo, en un principio, con carácter temporal, por sólo dos o tres años.

Entre muchos integrantes del cuerpo de seguridad en el Archipiélago la decisión adoptada por dicho organismo del Ministerio del Interior no ha sentado nada bien, pues supone una merma de efectivos considerable y, además, de un grupo que tiene capacidad para intervenir en muy diferentes servicios, desde aquellos de carácter humanitario y de Protección Civil en catástrofes hasta tareas de seguridad a la hora de reventar operaciones contra organizaciones criminales o detención de individuos peligrosos.

La decisión de la Dirección General de la Guardia Civil de suprimir el GRS 8 afectará a alrededor de cien agentes y mandos de este equipo. Por eso, algunos afectados reclaman un plan de reubicación justo para los profesionales afectados.

Señalan que el desmantelamiento genera un perjuicio grave para los integrantes y sus familias, quienes han hecho su vida en Tenerife bajo la premisa de una supuesta estabilidad profesional.

Por eso, estiman que resulta fundamental que se garantice un proceso de reasignación transparente y equitativo, «respetando las condiciones laborales de los afectados».

También piden opciones de permanencia en otras unidades de Canarias para aquellos que deseen continuar su servicio en el Archipiélago.

Otra de las demandas consiste en establecer indemnizaciones y compensaciones adecuadas en caso de traslado forzoso.

La lejanía de las islas de la Península siempre fue una realidad que jugó en contra del establecimiento en Tenerife de un Grupo de Reserva y Seguridad.

A partir del año 2007, unidades de GRS de la Península se desplazaban por 15 o 20 días a las dos provincias canarias cada dos o tres meses. Para hacer posible estos despliegues temporales, los agentes debían desplazarse en avión y los vehículos se enviaban en barco.

Con el paso del tiempo, la presencia de los integrantes del GRS en el Archipiélago fue de 15 días cada mes. Los gastos de traslados y dietas se volvieron muy importantes.

Los guardias afectados reclaman al Ministerio que se les compense o se les asigne otro destino en el Archipiélago

Entonces, se decidió que los coches permanecieran en las islas y fueran los agentes quienes viajaran en avión en las quincenas establecidas.

Como en otros ámbitos, fue el entonces delegado del Gobierno, José Segura Clavell, quien, con su empeño, voluntad y persistencia, logró que la Guardia Civil aprobara la creación del GRS 8 en la Comunidad Autónoma, en la medida en que la Policía Nacional ya tenía en aquella época un grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

Según las fuentes consultadas, en el año 2009 dentro de algún departamento del Instituto Armado no se vio con buenos ojos tal medida. Si en todos los territorios peninsulares donde se establecieron equipos del GRS se enviaba a un comandante en comisión de servicio para que lo pusiera en marcha durante un periodo de varios meses, en Canarias no ocurrió así.

Así, un teniente tuvo que poner todo su esfuerzo y capacidades para desarrollar desde cero a la unidad que se estableció en Los Rodeos. Es decir, fue una creación del grupo contra viento y marea.

Y las fuentes también señalan a José Segura como la autoridad que buscó las dependencias de la antigua terminal de Tenerife Norte como sede temporal del GRS.

En aquel momento se planteó la posibilidad de hacer un nuevo cuartel en el municipio de Candelaria que albergara el puesto de dicho municipio y las dependencias del GRS.

Pero la crisis económica de la época y los consiguientes recortes presupuestarios hicieron olvidar ese proyecto en la comarca del Valle de Güímar.

Precisamente, en la jornada de este miércoles, los grupos de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) en el Cabildo de Tenerife han mostrado su rechazo a la retirada del GRS del Archipiélago.

Los portavoces de ambas formaciones, José Miguel Ruano (CC) y Lope Afonso (PP), explicaron en una nota de prensa que en la corporación insular «existe un compromiso real, que es la consignación de 20.000 euros en el presupuesto» del Cabildo para este año «para ayudar al Ayuntamiento de Arafo a modificar su planeamiento y, de esa manera, ceder suelo para que el Ministerio del Interior» ejecute «una obra para que esta unidad pudiera seguir prestando sus servicios en la Isla y en Canarias».

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