Los canarios ya no podrán negarse a poner ascensor en sus edificios

Ya no será necesario contar con el voto favorable de la mayoría de los vecinos cuando se trate de hacer obras en el edificio. La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que introduce cambios en la de propiedad horizontal, ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros. A partir de su aprobación, lo que sucederá en los próximos meses, con que tan solo un miembro de la comunidad con dificultades de movilidad lo exija, el resto tendrá que ponerse manos a la obra para colocar un ascensor o cualquier otro elemento que evite un indeseado confinamiento.

Para acercar la iniciativa al plano real, el Ministerio de Derechos Sociales ha incluido la obligación de las administraciones locales de contar con partidas presupuestarias que limiten la aportación de los vecinos a un máximo del 70% del total de la factura.

El Cermi calcula en alrededor de 100.000 el número de personas de toda España atrapadas en sus viviendas

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) calcula en alrededor de 100.000 el número de personas de toda España que están atrapadas en el interior de sus viviendas sin poder salir por la falta de elementos mecánicos que les ayuden a romper la barrera que supone una simple escalera. 

Ese dato, incluido en el informe Derechos humanos y discapacidad, elaborado en 2023 por el mencionado organismo permite hacer una aproximación al estado de la situación en el Archipiélago y cifrar en alrededor de 3.000 los ciudadanos que padecen esta situación. Más incluso, por lo vetusto de un parque inmobiliario de corte social que el franquismo infradotó. La ausencia de ascensores es norma en barrios enteros de las principales ciudades canarias.

«No conocen la realidad»

A partir de aquí comienzan las dudas de los administradores de fincas en torno a la posibilidad de aplicar la ley que salga de las Cortes. «No conocen la realidad», afirma la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Las Palmas, Rosario Molina. De lo contrario, opina, «sabrían que hay edificios en los que es inviable la instalación de un ascensor».

Eso aparte de los problemas económicos que surgirán, porque «la ley puede obligar a hacerlo, ¿pero de dónde saca un pensionista que difícilmente llega a final de mes el dinero para una derrama?», continúa Molina. Todo esto a la espera de los cambios que puedan introducirse en la norma durante su tramitación parlamentaria.

"¿De dónde saca un pensionista que difícilmente llega a final de mes el dinero para una derrama?"

Rosario Molina

— Presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Las Palmas

En la misma línea, Natalia Manchado, administradora de la firma Leman Fincas, con sede en la capital grancanaria, pone el acento en la tramitación de las subvenciones. El texto normativo incluye medidas para garantizar una tramitación más sencilla que la actual. Así lo afirma el equipo del ministro Pablo Bustinduy. «Sería lo deseable», afirma Manchado.

La realidad actual descrita por ella es la de la arbitrariedad durante el proceso, con un boletín que detalla la documentación a entregar y, en no pocas ocasiones, funcionarios que deciden añadir otros. Además, «pasan nueve meses estudiando la solicitud y luego exigen subsanar lo que entienden que está mal en el plazo de diez días», añade. Con el agravante de que la obtención de los papeles pasa a veces por «la convocatoria de una junta», algo materialmente imposible en tan poco tiempo.

La tramitación de las subvenciones y tener que tributar por recibirlas, aristas a limar por la Administración

Otra de las situaciones a contemplar a juicio de Natalia Manchado es la de la exención fiscal para las subvenciones obtenidas para financiar parcialmente las obras de mejora. De lo contrario, ocurre que personas con pensiones modestas se ven en la tesitura de tener que declarar en el IRPFy sufren el recorte de sus ingresos, lo que daña sus economías.

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