Hacienda niega que los cuatro millones de euros de las 'mascarillas fake' de RR7 se pagaran con fondos europeos

Los cuatro millones de euros que el Servicio Canario de Salud (SCS) pagó a la empresa RR7 United por un millón de mascarillas que nunca llegaron a Canarias no fueron fondos europeos. Así lo aseguró este lunes en el Parlamento Pilar Almeida, que durante la pandemia era jefa del servicio de planificación económica de la Consejería de Hacienda y en la actualidad es subdirectora de Gestión de Fondos Europeos de la Comunidad Autónoma.

La declaración de Almeida en la comisión que investiga los contratos del SCS durante la pandemia coincide con la que defendió en noviembre de 2022 el entonces vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que mantuvo que el pago se hizo íntegramente con fondos propios de la Comunidad Autónoma pese a que en un primer momento se incluyó, junto con otras compras de material sanitario, para que fuera cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Sin embargo, deja en el aire la pregunta reiterada por los diputados de CC y el PP de por qué la Fiscalía Europea investiga esa transacción, que es el germen del 'caso Mascarillas', si el dinero era de Canarias y no formaba parte de la partida que liberó la Unión Europea (UE) para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Un misterio que para conservadores y nacionalistas tiene una derivada política evidente: la Fiscalía Europea se hizo con la investigación justo cuando el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, iba a declarar como testigo, por escrito, en el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. "Al quedar en manos de la UE ya no tuvo que declarar, el 'caso Mascarillas' lleva dos años en el limbo", afirmó Vidina Espino. "Ya se sabe que en los juzgados se puede entrar como testigo y salir como investigado", remachó la conservadora Jennifer Curbelo.

El comité que presidía Torres ordenó todas las compras durante la pandemia

"Aunque en un principio el SCS pudiera haber tenido voluntad de obtener esa financiación europea para ese contrato con RR7, lo cierto es que nunca llegó a solicitar los fondos europeos. No existe constancia de ninguna declaración de gastos presentada por el SCS solicitando fondos europeos para ese contrato", insistió Almeida ante las reiteradas preguntas de nacionalistas y conservadores

Caso contrario fueron los contratos con la empresa Soluciones de Gestión, que es la mercantil vinculada 'caso Koldo', donde sí hubo financiación europea por un montante de 10,9 millones de euros a solicitud del SCS.

En la sesión de este lunes de la comisión de investigación también compareció Manuel Alcaide, jefe de servicio de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, para confirmar lo que ya se sabía: el Comité de Gestión creado por el Gobierno de Canarias durante la pandemia era de asesoramiento y no tenía actas de funcionamiento. No obstante, sí reconoció que, personalmente, le provocó "extrañeza" que "ese comité no exista para nada, no tuviera capacidad ejecutiva, ni hubiera constancia de nada en Presidencia".

Alcaide, que fue el encargado de remitir un informe sobre el funcionamiento de ese comité requerido por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), insistió en que el expresidente Torres aseguró en ese documento remitido al juez que no tenía ningún conocimiento del contrato con RR7 y que el entonces director del SCS, Conrado Domínguez, reconoció que la decisión había sido suya y que ningún miembro del citado comité asesor tuvo conocimiento del mismo. El resto de miembros de ese órgano ratificaron lo mismo, según el propio Alcaide.

Al respecto, la diputada Espino puso de manifiesto la contradicción entre esas declaraciones de Torres y Domínguez y la orden que firmó el 21 de abril de 2020 Julio Pérez, que fue consejero de Sanidad en funciones del gobierno del ‘pacto de las flores’, en la que se aseguraba, como publicó este periódico, que el llamado comité técnico a cuya cabeza estaba el actual ministro de Política Territorial "ha tomado decisiones y realizado pedidos" para "dotar de manera inmediata a los centros sanitarios del material de protección frente al covid-19".

Ese documento, que forma parte de la documentación que obra en poder de los grupos parlamentarios de la comisión de investigación, insiste en que esas "decisiones" y "pedidos" fueron canalizados e implementados a través de la Directora General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud", es decir, Ana María Pérez.

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