El Congreso abre por fin el paso al uso de la RIC en vivienda para alquiler asequible

El Congreso ha dado este martes el primer paso para que los fondos de la RIC (Reserva para Inversiones de Canarias) pueda utilizarse para la adquisición, construcción y rehabilitación de vivienda destinada al arrendamiento como vivienda habitual, al aprobar la toma en consideración de una proposición de ley con esa finalidad, que en esencia se pretende como parte de la solución a la crisis habitacional en el Archipiélago. La iniciativa, auspiciada por el PSOE y CC y que supone una nueva modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, ha tenido el apoyo del resto de grupos salvo Podemos y Vox, y tiene ahora por delante una tramitación parlamentaria de al menos tres meses de duración de forma que su aprobación definitiva, entrada en vigor y puesta en práctica por parte de las entidades con fondos en la reserva de inversiones no tendrá lugar hasta cerca ya del verano.

Los distintos portavoces combinaron durante sus intervenciones los argumentos en relación con esta propuesta con el debate de fondo sobre las políticas de vivienda del Gobierno central y de las administraciones autonómica y locales. La mayoría resaltó la oportunidad y conveniencia del uso de los beneficios fiscales amparados en el REF para tratar de actuar sobre el mercado de la vivienda y facilitar la rebaja de los precios, haciendo especial hincapié en los efectos que en sentido contrario está provocando el alto porcentaje de vivienda vacacional registrado en el Archipiélago. Algunos grupos alertaron, sin embargo, del peligro de un posible “uso especulativo” de la RIC.

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La RIC ya se puede utilizar en la actualidad para la vivienda protegida pero únicamente para el caso de rehabilitación de la misma, una medida “que no ha funcionado”, según el Gobierno de Canarias. Lo que se busca con la modificación que ya se tramita en el Congreso es que los empresarios movilicen los fondos de la Reserva, unos 2.000 actualmente según los cálculos oficiales, para construir también viviendas libres y con los incentivos que ofrece el Ejecutivo autonómico. La propuesta ha podido por fin tomar cuerpo tras varios intentos fallidos por distintas circunstancias de tramitación parlamentaria y de posicionamientos y vetos de distintos grupos políticos.

En defensa de la proposición de ley, la diputada del PSOE por Las Palmas Dolores Corujo resaltó que “la escasez de vivienda afecta de manera especial a Canarias por el incremento de la población” y por el de la vivienda turística, y lamentó que el Gobierno regional de CC y PP no aplique la ley estatal de vivienda. “Traemos esta medida para poner vivienda en el mercado recurriendo a una de nuestras singularidades fiscales”, afirmó Corujo antes de señalar que “la ultima reforma permitió materializar la RIC en la construcción de la vivienda pública y hoy queremos ampliar ese destino a la vivienda libre”. Dijo que la medida era “necesaria”, ya que la “crisis de la vivienda afecta a la clase media” y resaltó que “el mercado se puede y se debe regular para garantizar que sea un derecho y no un plan especulativo”.

Cristina Valido, portavoz de CC, el otro partido proponente, dijo que “comprar una vivienda es una utopía en todo el Estado y en Canarias esto se complica aún más” porque una “oferta minúscula ha disparado los precios” y consideró que “esto no se soluciona con la construcción de vivienda protegida porque hay muchos canarios que no reúnen las condiciones” para acceder a ella. Destacó que la reforma propuesta para el uso de la RIC tiene las limitaciones necesarias para evitar la especulación como por ejemplo excluyendo el uso vacacional y turístico de los pisos, o la obligación de alquiler accesible, con o sin opción a compra. ¿Por qué no utilizar estos fondos para construir vivienda asequible para uso residencial, bajo las condiciones y garantizas que establece la propuesta? Tenemos que aliviar la presión del mercado, que en Canarias es muy superior a otras comunidades autónomas”, subrayó la diputada nacionalista. Según ella, la medida puede ayudar a la construcción de un número significativo de vivienda no solo protegida, sino libre. “Podemos encender una luz a tantas familias que no tienen la oportunidad ahora de tener un techo seguro del que nadie les pueda echar”, remachó.

Posible uso especulativo

El portavoz del PP, Carlos Alberto Sánchez, aseguró que la propuesta fue realiza en su origen por los populares canarios y aseguró que “hasta ayer en el PSOE de Canarias decían que era medida regresiva que aumentaría el precio de la vivienda y que beneficiaba a las rentas más altas”. Resaltó en todo caso que “la RIC debe activarse para ayudar la crisis habitacional, aumentar la oferta y bajar los precios” y que “el PP está donde estaba y no tenemos necesidad de rectificar”.

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La portavoz de Sumar, Engracia Rivera, avanzó el apoyo de sus grupo a la propuesta pero dejó claro que su grupo no comparte algunas de las condiciones en que se facilita la materialización de la RIC en construcción de vivienda, y que presentará enmiendas parciales para tratar de cambiarlas. “Nos preocupa que en lugar de diversificar economía y crear empleo se puedan llegar a utilizar los beneficios fiscales en generar especulación”, advirtió la diputada, quien aseguró que “siempre que se ha dado uso de la RIC a vivienda debe garantizarse que se destinen a viviendas asequibles, con límite en el precio de alquiler”. Advirtió del riesgo de que “una vez transcurridos cinco años, ese supuesto arrendamiento ya no es obligatorio y (el piso) puede entrar en el juego especulativo como alquiler vacacional”.

Los dos únicos grupos que expresaron su rechazo rotundo a la propuesta fueron Podemos y Vox. La diputada canaria de la formación morada, Noemí Santana, reprochó al PSOE que "vaya de la mano” en una iniciativa que “es dar las herramientas a grandes empresas que dejaran de pagar tributos para especular en vivienda”. Recordó que “en el 2006 ya se impidió que la RIC se pudiera destinar a esto y hoy lo traen de nuevo por la puerta de atrás”. El diputado canario de Vox Alberto Rodríguez sostuvo que “el texto adolece de grandes errores, defectos y dificultades para alcanzar el fin perseguido”, resaltando que el límite temporal para el alquiler es desincentivador y hay otras medidas que causan inseguridad jurídica en el inversor”. “Es una mala solución”, afirmó.

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