Crisis migratoria

El Constitucional se alinea con Canarias y recuerda la obligación de solidaridad entre regiones con los migrantes

La sentencia del TC que anula parte del protocolo del Gobierno canario para la acogida de los menores da un toque de atención al Estado ante un fenómeno que sobrepasa las competencias autonómicas

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El Constitucional se alinea con Canarias y recuerda la obligación de solidaridad entre regiones con los migrantes

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

El Tribunal Constitucional (TC) da un toque de atención al Gobierno central y a las comunidades autónomas en relación con la crisis migratoria y la situación de los menores no acompañados que afecta especialmente a Canarias. En este sentido, el TC advierte que la inmigración es un fenómeno "de evidente naturaleza supraautonómica" que trasciende el círculo de los intereses propios de cada región y "sobrepasa notoriamente su capacidad de gestión autónoma". Por ello, junto con el derecho constitucional a la “autonomía” de las nacionalidades y regiones españolas, la Constitución española alude a la necesaria “solidaridad entre todas ellas”.

El pleno del Constitucional decidió tumbar en una sentencia el protocolo que el Gobierno de Canarias impuso en septiembre del año pasado para regular la acogida de menores migrantes. Un protocolo, suspendido desde hace meses de forma cautelar por los tribunales a petición de la Fiscalía, que obligaba a los menores a pasar por más trámites y ralentizando, en la práctica, su entrada en el sistema de protección. El Gobierno central decidió llevar este protocolo ante el tribunal de garantías al entender que existía un conflicto de competencias y que el ejecutivo de Fernando Clavijo había legislado en materias exclusivas del Estado.

Más colaboración

Ahora, conocida el texto íntegro del fallo del TC, el tribunal recoge una serie de consideraciones en las que pone sobre la mesa la necesidad de colaboración entre las administraciones públicas en materia de inmigración y la "solidaridad" entre ellas, tal y como también lleva reclamando el Gobierno canario desde hace más de un año debido al desbordamiento que sufren los recursos de la Comunidad Autónoma, cabildos, ayuntamientos y las entidades del tercer sector.

El TC expresa que «el Estado y las CCAA están recíprocamente sometidos a un deber general de colaboración» al margen incluso de las competencias que tiene cada Administración ya que «su funcionamiento adecuado se sustenta en la cooperación y coordinación del Estado y las comunidades autónomas y de éstas entre sí»

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