Nada por aquí, nada por allá

La reunión de ayer de la comisión de investigación no pudo ser presidida por Raúl Acosta porque el herreño no consiguió salir de su isla. Siguió la comisión por streaming y no preguntó nada para no enturbiar su autoridad presidencial en las próximas semanas. Lo sustituyó el vicepresidente primero, sindicalista politizado o político ugetista, Gustavo Santana, que ejerció su papel correctamente aunque con alguna aspereza proletaria, para demostrar que pese a su aspecto es un tipo duro. Para evitar que la verborrea de unos y otros distraigan la atención lo fundamental de la sesión de ayer es que Pilar Almeida, en 2020 jefa del Servicio Planificación Económica, dejó pasmados a sus señorías al afirmar que de los cuatro millones que se abonaron a la empresa RR7 United por mascarillas que jamás fueron entregadas ni un céntimo correspondían a fondos europeos. Lo mismo que aseveró Román Rodríguez, por entonces vicepresidente y consejero de Hacienda, en 2022. Pero si fue así, ¿por qué se ha trasladado este asunto a la Fiscalía de la UE? La funcionaria, ligeramente azorada, no aventuró ninguna tesis. Toda la comisión cayó en una suerte de agujero negro. Cuando salieron por el otro lado la Fiscalía Europea lleva dos años y medio investigando (supuestamente) un expediente que no le correspondería investigar, y allá sigue. Los socialistas se mantuvieron impertérritos, como ante una minucia despreciable. Después tomó la palabra el señor Hernández Cerezo, que obviamente no dijo nada al respecto, limitándose a pronunciar un discursete tan etéreo como desvergonzado sobre la maldad genética de la actual mayoría parlamentaria, mercenarios del odio, gente ruin que no respeta nada.  

La siguiente comparecencia, la de Manuel Alcaide, uno de los jefes de servicio adscritos a la secretaria general de Presidencia del Gobierno, fue tal vez más divertida. El modestísimo papel del señor Alcaide en este fandango gangoso fue el siguiente: el juez de instrucción solicitó a la Presidencia del Gobierno una relación de los integrantes del comité de gestión sanitaria y una definición de sus atribuciones. También que contestaran unas preguntas destinadas a averiguar si se trató en su seno la compra de mascarillas a RR7. Todos respondieron que no sabían nada, por supuesto. Ni siquiera sabían si Conrado Domínguez, el Gran Brujo del Norte, lo sabía. Una lástima que esté certificado hace mucho por una orden de Julio Pérez cuando interinamente se encargó de la Consejería de Sanidad y por un escrito de Ana María Pérez, chivo expiatorio en el SCS, que el comité de gestión sanitaria, presidido por Ángel Víctor Torres, tomó decisiones de naturaleza contractual para contactar con la empresa Soluciones de Gestión. Por lo demás Alcaide no sabía absolutamente nada del comité. Incluso no pudo o quiso asegurar si lo presidía Torres. «Es extraño», repuso, «que un comité no tenga funciones ni se atenga a un reglamento, porque si es así, ese comité, simplemente, no existe».

El bombero socialista en esta ocasión fue su señoría Marcos Hernández, que ofreció un involuntario festival de humor. A su juicio, el comité de gestión se organizó para asesorar al Gobierno. Es curioso que estuviera integrado en sus dos terceras partes por cargos de un Gobierno que, al parecer, hizo todo lo posible por asesorarse a sí mismo. Luego dijo que no sabía de donde habían sacado esa orden de Julio Pérez. Y al final se quejó muy seriamente que siempre sacaran a colación a Ángel Víctor Torres. Como si hubiera sido presidente del Gobierno y presidente del comité de gestión sanitaria. Derechas bárbaras y desquiciadas.