Reforma del fuero canario

El Parlamento incrementa en 13 los expertos a 'examinar' para rediseñar el REF

El informe de la comisión de estudio se retrasa hasta fin de año para escuchar a un total de 37 economistas y empresarios

Imagen de archivo de el presidente de la comisión de estudio, Manuel Hernández (i), con Salvador Miranda (c) y José Sánchez Ruano.

Imagen de archivo de el presidente de la comisión de estudio, Manuel Hernández (i), con Salvador Miranda (c) y José Sánchez Ruano. / Ramón de la Rocha /EFE

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

La idea inicial fue que 25 expertos -que al final han sido 24- economistas en el Régimen Económico y Fiscal (REF) y representantes de las patronales y centrales sindicales de ambas provincias llevaran a cabo en el Parlamento una reflexión sobre la futura reforma del fuero canario en el seno de la comisión de estudio que arrancó en septiembre. Tras sus análisis, se esperaba aprobar en julio un informe sobre la redefinición y modernización de los incentivos fiscales y económicos para que Canarias afronte con garantías el próximo cuarto de siglo. Pero sus señorías proponen y la complejidad de los distintos ángulos y aristas que forman el caleidoscopio del REF dispone, motivo por el cual se ha decidido llamar a 13 expertos más.

Con esta decisión, según explica el presidente de la comisión, el socialista Manuel Hernández, se espera que en julio concluyan las comparecencias para que en septiembre, tras el período inhábil estival, se inicien los trabajos de la ponencia que culminen en "un informe final aprobado por gran consenso a finales de año".

Así, el jueves la Mesa de la comisión de estudio avalará y agendará las comparecencias de, entre otros, Agustín Manrique de Lara, expresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE); Cosme García, de la Sociedad de Promoción Económica del Cabildo de Gran Canaria; Pedro Andueza, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Canarias; Francisco García, rector de la Universidad de La Laguna (ULL) o Carmen Aguado, secretaria del Clúster Audiovisual.

Agustín Manrique de Lara, Cosme García, Pedro Andueza, Francisco García y Carmen Aguado forman parte de la ‘segunda tanda’

Sus propuestas se unirán a las que ya han expuesto Salvador Miranda, director de la Cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc); José Luis Rivero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna (ULL) y expresidente del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias; Antonio Olivera, doctor en Economía Aplicada por la Universidad Complutense (UCM), exviceconsejero de Presidencia y director del gabinete del Ministerio de Política Territorial; Margarita Ramos, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la ULL y que fue consejera de Empleo de 2011 a 2013; el comisionado del REF, José Ramón Barrera; el presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), Pablo Hernández; los máximos dirigentes de las patronales canarias Pedro Alfonso (CEOE-Tenerife) y Pedro Ortega (Confederación Canaria de Empresarios) y de los sindicatos, Inocencio González (CCOO) y Manuel Navarro (UGT).

El objetivo de la comisión es analizar las propuestas de los expertos, empresarios y sindicatos para actualizar los mecanismos económicos y fiscales que habrán de negociarse con el Gobierno central y la Unión Europea (UE). Además, se ha examinado por qué ha fallado el REF estos años, pues tal y como se configuraron sus modificaciones de los años 2006, 2014 y 2018 fueron ineficaces en épocas de crisis económica. Por último, se busca la fórmula para establecer unos protocolos más eficaces con el Gobierno y las Cortes Generales para que cuando se tramiten modificaciones del REF se respete el informe preceptivo, aunque no vinculante, que debe emitir el Parlamento y como resolver las discrepancias en el caso de que la Cámara se oponga.

En este sentido, este lunes Gonzalo Díaz, director general de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial, propuso que el Parlamento apruebe una proposición de ley que remita a las Cortes para que sea refrendada por el Congreso y el Senado.

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